Como complemento a las
restricciones financieras de las entidades sub-nacionales, este 2017 constituye
un año electoral. Y en efecto, deberían realizarse las elecciones a
gobernadores y legisladores estadales cuyos períodos se encuentras vencidos;
así como también los comicios municipales que comprenderían a alcaldes y
concejales, sin olvidar el caso de las juntas parroquiales, que fueron abolidas
de manera inconstitucional con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal (LOPPM) realizada en 2010.
Las restricciones institucionales
de los municipios se incrementaron por la enorme carga presupuestaria que
representa el aumento del 50% en el salario mínimo decretado por Ejecutivo
Nacional en los gastos y compromisos laborales de esas entidades. Si bien, las
obligaciones derivadas de los aumentos salariales pudieran ser paliados
mediante la revisión y aumento de su capacidad recaudatoria (p.ej. el cobro de
impuestos), si el gobierno central no hace la transferencia de los recursos
correspondientes los municipios se enfrentan a un “cierre técnico”. En una
situación similar se encontrarían los gobiernos estadales cercanos al incumplimiento
de sus obligaciones en caso de que no reciban a tiempo las transferencias económicas
correspondientes.
En tal sentido, la gestión de las
entidades regionales y locales nos luce francamente comprometida si además la ubicamos en el marco
de la crisis de gobernabilidad consolidada en el país. Las primeras víctimas locales
serían aquellos municipios pequeños y con baja capacidad de generación de
ingresos propios. Tales entidades caerían en una situación conflicto interno y
de gestión sustantiva frente a la ciudadanía al verse muy comprometidos para
cumplir con su función pública.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela
(AAV) en su reunión del 13 de enero de 2017, decidió emprender unos lineamientos
de acción política dirigidos a la defensa de la democracia, la descentralización
y la autonomía municipal. Al respecto, cabe destacar: las exigencias ante CNE
del cumplimiento del cronograma electoral, la defensa del derecho al sufragio;
la exigencia de los recursos para atender los compromisos laborales creados por
el Ejecutivo Nacional y la entrega oportuna del situado constitucional, así
como la agilización de un conjunto de leyes necesarias para la defensa de los
municipios.
Por
supuesto, que la situación de precariedad institucional que atraviesa el país
será un obstáculo para el avance y desarrollo de este programa; sin embargo esta
iniciativa resulta trascendente y esperanzadora. Puede ser determinante que los
alcaldes unidos emprendan y contribuyan
desde sus espacios locales al rescate de la institucionalidad democrática
venezolana.@gestiondecambio
