El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, y Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar nuevamente nuestra posición sobre la posibilidad de que sea aprobado el Proyecto Ley sobre Cooperación Internacional, dado que el contenido del mismo lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento asociativo en el país, en sus más diversas expresiones:
1. La acción de las ONG, a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. Es un trabajo permanente para favorecer y acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos y para brindar capacitación y apoyo a miles de personas para que mejoren sus condiciones de vida. Nuestros destinatarios son principalmente las personas más vulnerables. Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social requerimos mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población venezolana.
2. Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social se configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
3. Asumimos nuestro compromiso con la sociedad y el país participando solidariamente en la vida política y civil, en contacto con las comunidades y otras organizaciones sociales.
4. Nos preocupa y condenamos el intento de crear una matriz de opinión que genere dudas y sospechas sobre la actuación de las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social.
5. En la actualidad, las ONG en Venezuela están sujetas al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente —están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación, así como para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional.
6. La promoción y protección de los derechos humanos configuran un derecho y un deber constitucional y humano de toda persona, individual o colectivamente, como una labor que fortalece la convivencia democrática y permite lograr un mejor nivel de vida para toda la población. La garantía de su ejercicio es, por lo tanto, de interés nacional y social.
7. Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de actuación de las ONG deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscrito por el Estado Venezolano.
8. En otras palabras, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática”
9. No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo será posible facilitando la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere facilitar a las personas posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todos aquellos que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la sociedad.
Caracas, 25 de noviembre de 2010
jueves, 25 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
Nos adherimos “FORO POR LA VIDA”: DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS
“FORO POR LA VIDA”
DECÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS
POR PARTE DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS ELECTAS Y ELECTOS
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010
- I -
Nosotros, firmantes identificados, integrantes del “FORO POR LA VIDA”, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela conformada el 15 de Enero de 1997, para lograr la plena vigencia de los derechos humanos y contribuir al estado de derecho, con la misión de contribuir a la consolidación de un clima favorable para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela,
Al fundamentar nuestra acción en las normas coherentes con los derechos humanos contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado.
Actuamos con base en la garantía humanitaria, moral, cultural, religiosa y educativa de los Derechos humanos, a través de la orientación teórica o de estudios ,y de actividades prácticas que pueden consistir tanto en una acción participativa y directa con las personas víctimas, en situación de vulnerabilidad de sus Derechos Humanos e injusticia, así como en una acción crítica o de gestión ante las instancias Estatales, los grupos sociales y las personas individuales a favor de la protección de los derechos fundamentales, y medularmente, por el mismísimo derecho a la vida, universalmente único.
II -
En el marco del principio de la participación ciudadana y protagónica en los asuntos públicos, constitucionalmente reconocido como derecho y exigido como forma de corresponsabilidad sin afectar la autonomía, que transversaliza el texto constitucional, así como los instrumentos normativos, ejecutivos, y operativos de la administración y gestión pública, incluso como medio “necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”,
Nos dirigimos a ustedes en su condición de ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas a ser electos como Diputados a la Asamblea Nacional, mediante acto de votación ejercido en elección periódica universal, prevista por el Poder electoral a ser celebrada el 26 de septiembre de 2010, a objeto de presentarles el DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS, como parte de la Agenda por la Vida, para su consideración, compromiso moral y observancia en el marco de sus facultades y competencias constitucionalmente establecidas en la función pública durante su ejercicio de representación popular, ante el Poder Legislativo Nacional del Estado venezolano.
- III -
Siendo que la suprema norma establece taxativamente que, a la Asamblea Nacional, Rama Legislativa del Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde, entre otras competencias señaladas en la Constitución y las leyes, según el Artículo 187°, numerales: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta, 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley, 4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, 8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional, 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución,
Y que la presente iniciativa identifica las necesidades, reales y sentidas de las comunidades, refiere a los principios esenciales de la vida como fundamentos de los Derechos Humanos y define las normas claves para la conformación efectiva, transparente y articulada de la Agenda Legislativa del próximo período 2010-2014, con incidencia en la agenda pública del Estado venezolano, además de directriz y bajo cooperación de las demás ramas del poder público estatal, de la sociedad en general, de las familias y hombres y mujeres de cualquier edad en particular.
IV
“DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Primero: Derecho a la Vida
Incidencia en la(s) Norma(s): Dar cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al aprobar legislación sobre la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del código penal.
Segundo: Derecho a la Seguridad ciudadana
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.-Promover un debate y diálogo nacional sobre normas y políticas públicas para afrontar la criminalidad. 2.- Activar normas claras que propicien el fin de la impunidad como garantía de justicia y el resarcimiento de las victimas secundarias de la violencia criminal y de género. 3.- Modificar las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales. 4.- Eliminar las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes en los sectores públicos y privados para la defensa integral de la nación como función de la Milicia Nacional Bolivariana. 5.- Incluir lo relativo a la necesidad del diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme como política para lograr la seguridad ciudadana. 6.- Proponer garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de la criminalidad y la violencia de género, y asistencia para la superación de los traumas producto del hecho violento, a fin de frenar el desarrollo de nuevas carreras de violencia.
Tercero: Derecho a la libertad de asociación y libertad sindical
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y desaplicar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Reformar la Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales y sus formas de autogobierno.
Cuarto: Derecho a la libertad de expresión e información
Incidencia en la(s) Norma(s): 1. Adecuar la legislación penal al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos; de modo que se deroguen los tipos penales que penalizan los delitos de opinión y se sustituyan las responsabilidades penales por responsabilidad civil en los casos de vilipendio, difamación e injuria. 2. Garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. 3. Desaplicar cualquier norma legal que establezca restricciones o condiciones de reserva de la información pública. 4. Reformar la Ley de Telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL.
Quinto: Derecho a la manifestación pacífica
Incidencia en la(s) Norma(s): Conforme al libre ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica en forma individual o colectivamente, inherente a los derechos de expresión, asociación y reunión en una sociedad democrática, La eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot.
Sexto: Derecho a la seguridad social: al trabajo, pensión y la salud
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Dar cumplimiento inmediato a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, en un proceso legislativo que garantice la más amplia y plural consulta a todos los sectores sociales. 2.- Aprobación definitiva de las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones. 3.- Aprobar una ley de salud que se adecue a los parámetros y disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando una atención pública en salud universal y descentralizada, prestada en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación, en cumplimiento con el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, y desarrollando todos los elementos necesarios para garantizar el más alto nivel de salud de la población a través de políticas de prevención, sanitarias y de calidad de vida. Adaptar dicha Ley a las normas internacionales de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en NNA de ambos sexos.
Séptimo: Derecho de la educación
Incidencia en la(s) Norma(s): Incluir la Educación en Derechos Humanos con perspectiva de géneros, la posibilidad de certificación de estudios de NNA indocumentados y la necesidad de promover incentivos en la adecuación de la infraestructura educativa a la matrícula escolar que supera la disponibilidad de planteles educativos, generando altos índices de deserción.
Octavo: Derecho de las personas privadas de libertad
Incidencia en la(s) Norma(s): Aprobar la(s) norma(s) y la asignación presupuestaria de recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la Garantía Estatal constitucionalmente establecida en el Artículo 272°, impulsar lo concerniente al establecimiento de un Sistema Penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos y ejercer especial competencia controladora durante la ejecución hasta su culminación, incluyendo la asistencia post-penitenciaria. Así cómo el respeto a las y los familiares que visitan y apoyan a los detenidos, prohibiendo medidas de seguridad indignas y violatorias de sus derechos humanos.
Noveno: Derecho a las Garantías institucionales internas y a la Justicia
Incidencia en la(s) Norma(s): Modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.
Décimo: Derecho a las Garantías institucionales internacionales:
Incidencia en la(s) Norma(s): Promulgar una ley de cumplimiento de decisiones de organismos internacionales de protección de derechos humanos y sancionar a aquellas que aun esperan por su ratificación de cumplimiento con lo establecido en los artículos 23 y 31 de la Constitución.
-V-
Firmantes identificados, Organizaciones no gubernamentales de promoción de los derechos humanos en Venezuela, miembros del “Foro por la Vida”, a saber:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público
Carita Venezuela
Caritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Acción Solidaria (ACSOL)
Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL)
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui
DECÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS
POR PARTE DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS ELECTAS Y ELECTOS
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010
- I -
Nosotros, firmantes identificados, integrantes del “FORO POR LA VIDA”, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela conformada el 15 de Enero de 1997, para lograr la plena vigencia de los derechos humanos y contribuir al estado de derecho, con la misión de contribuir a la consolidación de un clima favorable para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela,
Al fundamentar nuestra acción en las normas coherentes con los derechos humanos contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado.
Actuamos con base en la garantía humanitaria, moral, cultural, religiosa y educativa de los Derechos humanos, a través de la orientación teórica o de estudios ,y de actividades prácticas que pueden consistir tanto en una acción participativa y directa con las personas víctimas, en situación de vulnerabilidad de sus Derechos Humanos e injusticia, así como en una acción crítica o de gestión ante las instancias Estatales, los grupos sociales y las personas individuales a favor de la protección de los derechos fundamentales, y medularmente, por el mismísimo derecho a la vida, universalmente único.
II -
En el marco del principio de la participación ciudadana y protagónica en los asuntos públicos, constitucionalmente reconocido como derecho y exigido como forma de corresponsabilidad sin afectar la autonomía, que transversaliza el texto constitucional, así como los instrumentos normativos, ejecutivos, y operativos de la administración y gestión pública, incluso como medio “necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”,
Nos dirigimos a ustedes en su condición de ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas a ser electos como Diputados a la Asamblea Nacional, mediante acto de votación ejercido en elección periódica universal, prevista por el Poder electoral a ser celebrada el 26 de septiembre de 2010, a objeto de presentarles el DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS, como parte de la Agenda por la Vida, para su consideración, compromiso moral y observancia en el marco de sus facultades y competencias constitucionalmente establecidas en la función pública durante su ejercicio de representación popular, ante el Poder Legislativo Nacional del Estado venezolano.
- III -
Siendo que la suprema norma establece taxativamente que, a la Asamblea Nacional, Rama Legislativa del Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde, entre otras competencias señaladas en la Constitución y las leyes, según el Artículo 187°, numerales: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta, 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley, 4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, 8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional, 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución,
Y que la presente iniciativa identifica las necesidades, reales y sentidas de las comunidades, refiere a los principios esenciales de la vida como fundamentos de los Derechos Humanos y define las normas claves para la conformación efectiva, transparente y articulada de la Agenda Legislativa del próximo período 2010-2014, con incidencia en la agenda pública del Estado venezolano, además de directriz y bajo cooperación de las demás ramas del poder público estatal, de la sociedad en general, de las familias y hombres y mujeres de cualquier edad en particular.
IV
“DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Primero: Derecho a la Vida
Incidencia en la(s) Norma(s): Dar cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al aprobar legislación sobre la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del código penal.
Segundo: Derecho a la Seguridad ciudadana
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.-Promover un debate y diálogo nacional sobre normas y políticas públicas para afrontar la criminalidad. 2.- Activar normas claras que propicien el fin de la impunidad como garantía de justicia y el resarcimiento de las victimas secundarias de la violencia criminal y de género. 3.- Modificar las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales. 4.- Eliminar las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes en los sectores públicos y privados para la defensa integral de la nación como función de la Milicia Nacional Bolivariana. 5.- Incluir lo relativo a la necesidad del diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme como política para lograr la seguridad ciudadana. 6.- Proponer garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de la criminalidad y la violencia de género, y asistencia para la superación de los traumas producto del hecho violento, a fin de frenar el desarrollo de nuevas carreras de violencia.
Tercero: Derecho a la libertad de asociación y libertad sindical
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y desaplicar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Reformar la Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales y sus formas de autogobierno.
Cuarto: Derecho a la libertad de expresión e información
Incidencia en la(s) Norma(s): 1. Adecuar la legislación penal al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos; de modo que se deroguen los tipos penales que penalizan los delitos de opinión y se sustituyan las responsabilidades penales por responsabilidad civil en los casos de vilipendio, difamación e injuria. 2. Garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. 3. Desaplicar cualquier norma legal que establezca restricciones o condiciones de reserva de la información pública. 4. Reformar la Ley de Telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL.
Quinto: Derecho a la manifestación pacífica
Incidencia en la(s) Norma(s): Conforme al libre ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica en forma individual o colectivamente, inherente a los derechos de expresión, asociación y reunión en una sociedad democrática, La eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot.
Sexto: Derecho a la seguridad social: al trabajo, pensión y la salud
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Dar cumplimiento inmediato a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, en un proceso legislativo que garantice la más amplia y plural consulta a todos los sectores sociales. 2.- Aprobación definitiva de las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones. 3.- Aprobar una ley de salud que se adecue a los parámetros y disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando una atención pública en salud universal y descentralizada, prestada en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación, en cumplimiento con el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, y desarrollando todos los elementos necesarios para garantizar el más alto nivel de salud de la población a través de políticas de prevención, sanitarias y de calidad de vida. Adaptar dicha Ley a las normas internacionales de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en NNA de ambos sexos.
Séptimo: Derecho de la educación
Incidencia en la(s) Norma(s): Incluir la Educación en Derechos Humanos con perspectiva de géneros, la posibilidad de certificación de estudios de NNA indocumentados y la necesidad de promover incentivos en la adecuación de la infraestructura educativa a la matrícula escolar que supera la disponibilidad de planteles educativos, generando altos índices de deserción.
Octavo: Derecho de las personas privadas de libertad
Incidencia en la(s) Norma(s): Aprobar la(s) norma(s) y la asignación presupuestaria de recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la Garantía Estatal constitucionalmente establecida en el Artículo 272°, impulsar lo concerniente al establecimiento de un Sistema Penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos y ejercer especial competencia controladora durante la ejecución hasta su culminación, incluyendo la asistencia post-penitenciaria. Así cómo el respeto a las y los familiares que visitan y apoyan a los detenidos, prohibiendo medidas de seguridad indignas y violatorias de sus derechos humanos.
Noveno: Derecho a las Garantías institucionales internas y a la Justicia
Incidencia en la(s) Norma(s): Modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.
Décimo: Derecho a las Garantías institucionales internacionales:
Incidencia en la(s) Norma(s): Promulgar una ley de cumplimiento de decisiones de organismos internacionales de protección de derechos humanos y sancionar a aquellas que aun esperan por su ratificación de cumplimiento con lo establecido en los artículos 23 y 31 de la Constitución.
-V-
Firmantes identificados, Organizaciones no gubernamentales de promoción de los derechos humanos en Venezuela, miembros del “Foro por la Vida”, a saber:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público
Carita Venezuela
Caritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Acción Solidaria (ACSOL)
Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL)
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui
miércoles, 3 de noviembre de 2010
CONVERSATORIO AGENDA CIUDADANA
El pasado domingo 31 de Octubre de 2010 se realizó el Conversatorio “Agenda Sociedad Civil” en las instalaciones de La Escuela de Vecinos de Venezuela. El evento reunió a representantes de 15 organizaciones no gubernamentales de ocho entidades del país en una jornada de trabajo destinada a crear un espacio para la formulación de propuestas para la organización y gestión de la vida local.
En ese contexto se abordaron temas tales como: como las elecciones de concejales y miembros de juntas parroquiales, que han sufrido una postergación continua desde el 2009; la creación de las comunas y próxima promulgación de un conjunto de leyes que atentaría contra el espíritu de Constitución Nacional vigente (Proyectos de leyes orgánicas de Participación Ciudadana y Poder Popular; de Planificación Pública; de Economía Comunal; y, la de Contraloría Social).
La reunión contó con la presentación de tres ponencias básicas para la discusión, a saber: i) la cuestión electoral en el ámbito local (concejos municipales y juntas parroquiales) a cargo de Miguel González Marregot, de la A.C. “Gestión de Cambio”; ii) la cuestión política, el significado de la Ley de las Comunas, a cargo de Iván Zambrano, de la A.C. “Ciudadanía y Desarrollo”; y, iii) la visión estratégica; a cargo de Carmelo Ecarri de la A.C. “Gente de Soluciones”.
La coordinación del Conversatorio “Agenda Sociedad Civil” estuvo a cargo de José Gregorio Delgado, de “La Escuela de Vecinos de Venezuela”; la dirección de debates fue realizada por Carlota Salazar de A.C. “Libertad Ciudadana”; y la relatoría fue desarrollada por Nuvia Aristimuño de A.C. “Espacio Civil”.
Durante la jornada José Quintero y Marlene Mora presentaron a nombre de A.C. “Procatia” la propuesta ciudadana denominada “Catia Municipio”. El evento reunión un conjunto de propuestas y líneas de acción que serán informadas e implementadas oportunamente. De hecho, en el estado Zulia, FAVEZULIA (Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia), bajo la coordinación de Ángela Pirela; realizó el conversatorio “Comunas y Municipio”, el pasado 2 de noviembre; mientras en Carabobo hará una actividad similar el próximo 16 de noviembre.
Las organizaciones participantes fueron las siguientes:
- A.C. La Escuela de Vecinos de Venezuela: Franklin Fray, Franklin Cisneros e Israel Jaspe.
- A.C. Ciudadanía y Desarrollo: Iván Zambrano.
- A.C. Espacio Civil: Alejandro Armas, Nuvia Aristimuño.
- A.C. Gestión de Vida: Luz Arias.
- Fundación Sector Ciudadano: Juan Carlos Pinto.
- A.C. Pro-Catia: Marlene Mora y José Quintero.
- A.C. Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre: José Luis Vera.
- Asamblea de Ciudadanos de El Recreo: Armida Álvarez.
- A.C. Libertad Ciudadana: Ángel Arellano, Ludmila Ostos, Carlota Salazar.
- UNIANDES: José Gregorio Delgado.
- A.C. Mujer y Ciudadanía: Aixa Armas.
- A.C. Gente de Soluciones: Carmelo Ecarri, Régulo Lugo.
- Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia: Ángela Pirela.
- A.C. Unión Vecinal para la Participación: William Requejo.
- A.C. La Ciudad que Aprende: Luz Elena Aldazoro.
- A.C. Gestión de Cambio: Miguel González Marregot.
lunes, 18 de octubre de 2010
VENEZUELA: PROHIBIDO OLVIDAR A LOS MUNICIPIOS
Los municipios son parte una sustantiva del modelo federal, democrático, descentralizado y participativo que determina la Constitución Nacional vigente. También nuestra Carta Magna, considera a los municipios como unidades primarias de la organización del territorio nacional, con pleno gozo de autonomía y personalidad jurídica (artículo 168). Los municipios son la unidad política primaria de la República y, pueden contener otras entidades locales como las parroquias (en Venezuela hay 1.135 parroquias) e incluso otras menores como las urbanizaciones, los barrios, las aldeas y los caseríos. Pueden conformarse municipios indígenas. Los municipios están facultados para conformar mancomunidades o distritos metropolitanos.
En el texto de la Carta Magna se establece que, el gobierno y la administración municipal corresponden al Alcalde o Alcaldesa, quien es la primera autoridad civil (Art. 174); la función legislativa corresponde al Concejo Municipal (Art. 176); la función de control a la Contraloría Municipal (Art.176); y se crea el Consejo Local de Planificación Pública (Art. 182) para el ejercicio corresponsable con los ciudadanos de su planificación. Por otra parte, se consagra que la ley creará mecanismos flexibles para que estados y municipios descentralicen y transfieran a comunidades y grupos vecinales organizados, servicios que puedan gestionar; previa demostración de su capacidad (Art. 184).
En el municipio se concretan los derechos y medios dispuestos en el texto constitucional para el pleno ejercicio de la participación ciudadana, tales como: i) la elección directa, universal y secreta de las autoridades gubernamentales en los Poderes Ejecutivos y Legislativos (Alcalde, Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales); ii) La elección de los Jueces de Paz, como mecanismo de resolución de conflictos a nivel comunitario y en el que las alcaldías desempeñan un papel fundamental en el soporte institucional de estas figuras; iii) La participación social y comunitaria en el diseño, coordinación y gestión de políticas públicas; iv) La participación social y comunitaria en los procesos de formación de leyes y de ordenanzas; y, v) la cogestión ciudadana en los procesos electorales.
Desde hace un tiempo, el bloque oficialista ha venido pregonando la necesidad de “desmontar”; tanto a gobernaciones como a los municipios para sustituirlos, primero por los consejos comunales y, más recientemente por las denominadas comunas; ambas entidades concebidas bajo un enfoque ideológico y segregacionista; es decir, para construir el socialismo. Esta amenaza se ha venido realizando con la aprobación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la promulgación de su Reglamento; mediante la centralización y obstrucción de los mecanismos de financiamiento (eliminación del FIDES y la reforma de la LAEE); por medio del inadecuado cálculo de los recursos del Situado Constitucional y también con la posposición indebida de las elecciones que permitan la renovación de los concejos municipales y juntas parroquiales, que desde hace año y medio aproximadamente se encuentran con sus períodos de gestión vencidos.
Los ciudadanos, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, al lado de todos aquellos miembros electos de los poderes públicos -con verdadera vocación democrática- tenemos que emprender una gran alianza nacional en la defensa activa de los municipios y de sus legítimos mecanismos de gobierno popular (alcaldía, concejo municipal, junta parroquial y el consejo local de planificación pública). Los municipios son una pieza estratégica en la defensa de la Constitución Bolivariana y de la auténtica institucionalidad republicana democrática. Esto no podemos olvidarlo.
En el texto de la Carta Magna se establece que, el gobierno y la administración municipal corresponden al Alcalde o Alcaldesa, quien es la primera autoridad civil (Art. 174); la función legislativa corresponde al Concejo Municipal (Art. 176); la función de control a la Contraloría Municipal (Art.176); y se crea el Consejo Local de Planificación Pública (Art. 182) para el ejercicio corresponsable con los ciudadanos de su planificación. Por otra parte, se consagra que la ley creará mecanismos flexibles para que estados y municipios descentralicen y transfieran a comunidades y grupos vecinales organizados, servicios que puedan gestionar; previa demostración de su capacidad (Art. 184).
En el municipio se concretan los derechos y medios dispuestos en el texto constitucional para el pleno ejercicio de la participación ciudadana, tales como: i) la elección directa, universal y secreta de las autoridades gubernamentales en los Poderes Ejecutivos y Legislativos (Alcalde, Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales); ii) La elección de los Jueces de Paz, como mecanismo de resolución de conflictos a nivel comunitario y en el que las alcaldías desempeñan un papel fundamental en el soporte institucional de estas figuras; iii) La participación social y comunitaria en el diseño, coordinación y gestión de políticas públicas; iv) La participación social y comunitaria en los procesos de formación de leyes y de ordenanzas; y, v) la cogestión ciudadana en los procesos electorales.
Desde hace un tiempo, el bloque oficialista ha venido pregonando la necesidad de “desmontar”; tanto a gobernaciones como a los municipios para sustituirlos, primero por los consejos comunales y, más recientemente por las denominadas comunas; ambas entidades concebidas bajo un enfoque ideológico y segregacionista; es decir, para construir el socialismo. Esta amenaza se ha venido realizando con la aprobación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la promulgación de su Reglamento; mediante la centralización y obstrucción de los mecanismos de financiamiento (eliminación del FIDES y la reforma de la LAEE); por medio del inadecuado cálculo de los recursos del Situado Constitucional y también con la posposición indebida de las elecciones que permitan la renovación de los concejos municipales y juntas parroquiales, que desde hace año y medio aproximadamente se encuentran con sus períodos de gestión vencidos.
Los ciudadanos, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, al lado de todos aquellos miembros electos de los poderes públicos -con verdadera vocación democrática- tenemos que emprender una gran alianza nacional en la defensa activa de los municipios y de sus legítimos mecanismos de gobierno popular (alcaldía, concejo municipal, junta parroquial y el consejo local de planificación pública). Los municipios son una pieza estratégica en la defensa de la Constitución Bolivariana y de la auténtica institucionalidad republicana democrática. Esto no podemos olvidarlo.
domingo, 3 de octubre de 2010
VENEZUELA: SOBRE LAS ELECCIONES DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Los resultados electorales son innegables: 5.451.778 votos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros factores de la oposición y, 5.268.939 de votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); considerando la votación nacional al Parlamento Latinoamericano. En tal sentido, una nueva mayoría se erigió en el país; aunque por escaso margen. Esa nueva mayoría electoral, no tradujo su votación en un “representativo” número de diputados, debido a las reglas impuestas por la “institucionalidad electoral socialista” que menoscabó el valor del voto y la representación proporcional. Pese a todo, quedó comprobado que en Venezuela existe una correlación de fuerzas políticas que no va a aceptar la imposición de una visión hegemónica de la vida social y del ejercicio de gobierno.
El proceso electoral nos mostró la alegría y civilidad democrática de la amplísima mayoría del pueblo venezolano, adultos mayores, personas con necesidades especiales y jóvenes acudieron a votar; soportando la lentitud del proceso. Pero además adolescentes, niños y niñas acompañaron a sus padres al momento de votar añadiéndole así, un toque festivo al evento. Pero también, el proceso mostró debilidades y opacidades de un “sistema electoral” con deficiencias en su conceptualización e implementación.
Para comenzar -en numerosos centros electorales-, los miembros de mesa designados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no acudieron a cumplir con sus funciones, ocasionando retrasos; tanto en la instalación de las mesas el día Viernes 24 de Septiembre, como en la apertura del proceso de votación el propio día Domingo 26. En segundo lugar, las máquinas “capta-huellas” de nuevo retardaron el proceso electoral, al convertirse en una “alcabala” previa, a cada mesa de votación. En tercer lugar, y más delicado aún, resultó la inadecuada y complicada presentación de las opciones electorales en el tarjetón –membrana de la máquina-; por su reducido tamaño y distribución excesivamente concentrada. Esta característica trajo como consecuencia, serias dificultades a electores al momento de presionar los óvalos de su preferencia. En atención a esto, muchos electores tuvieron que recibir asistencia al momento de votar; pudiendo quedar comprometido el secreto de su voto.
En general, el proceso de votación se hizo lento y hasta fatigoso debiéndose resaltar la actitud positiva; tanto de los electores como de los miembros de mesa –muchos de ellos accidentales-, que cumplieron con su deber ciudadano. El Plan República estuvo mejor esta vez; al menos su incidencia en los centros urbanos estuvo apegada a la normativa. Lo peor fue la larga espera para obtener los resultados, que fueron informados a las 2:00 am del día Lunes 27-S. Todo un trauma.
Las elecciones del pasado 26-S contaron además, con la amplia participación y movilización de las organizaciones de la sociedad civil especializadas; tanto en el tema electoral como en la participación ciudadana. Así, tanto a nivel nacional como en ámbitos regionales y locales hubo emprendimientos dirigidos a fortalecer la transparencia y acercamiento de la ciudadanía en el evento electoral y con sus candidatos. “El Buzón Ciudadano” impulsado por CESAP; la iniciativa de “Dale Poder a Tu Voto” apoyada desde SINERGIA y la guía “Ciudadanos, Comunidades Organizadas y Asamblea Nacional” presentada por Unión Vecinal para la Participación Ciudadana son claras demostraciones del esfuerzo societario –aunque de manera puntual-, para garantizar un mejor proceso electoral. De igual manera, las organizaciones no estatales y sin fines de lucro, como “Ojo Electoral” y la Asamblea Nacional de Educación contribuyeron de manera determinante en el impulso de una observación más imparcial de las elecciones parlamentarias. Quedó claro, que las expresiones asociativas de la sociedad civil contribuyeron de manera fundamental a la incorporación ciudadana a este crucial evento.
La campaña electoral tuvo sus rasgos pintorescos. En realidad y, en algunos circuitos electorales del país la entrega de línea blanco o marrón, de bolsas de comida, de transformadores de electricidad, de tuberías y de tanques de agua se convirtieron en un argumento para captar votos. En otras ocasiones, candidatos parecían más bien aspirar a alcaldías y gobernaciones que a la misma Asamblea Nacional. Incluso, algún candidato “avispado” y en clara posición de “off side” prometía una reunión con el mismo Presidente de la República para tratar una agenda de legislativa (¿más de lo mismo?). Pero, sin lugar a dudas, peor estuvieron aquellos candidatos del bloque oficialista que concentraron su campaña en el odio de clases, la persecución y la amenaza de su electorado. A todas luces, lamentable.
Al margen de su nueva composición numérica (98 Oficialismo / 67 Oposición), la nueva Asamblea Nacional supone un reto cualitativo indefectible par cada unos de sus diputados; pues luego de cinco años de relativa “calma parlamentaria”; sólo quebrantada por la migración del partido PODEMOS, algunos sectores individuales del bloque oficialista y últimamente de la organización Patria para Todos (PPT), nuevos actores políticos emergen con la suficiente legitimidad para desarrollar los debates y proponer soluciones desde una óptica mucho más democrática, responsable e incluyente. Pareciera que, las “frases hechas” y los discursos efectistas serán superados por la calidad de los nuevos diputados. El nivel del contenido de las discusiones en la Asamblea Nacional debería subir.
Por otra parte, para el oficialismo resultaría muy costoso política y moralmente tratar de impedir y sabotear la instalación de la Asamblea Nacional con los nuevos representantes. De asumir ese sendero, simplemente ratificarían su pobre desempeño y su baja convicción democrática. El bloque oficial está condenado a recibir –pese a su particular visión de la política-, de la forma institucional adecuada a los nuevos parlamentarios. Y no se trata de reconciliar “posiciones contrapuestas”, se trata de algo más importante como es el reconocimiento de la realidad política y social del país. Las fuerzas opositoras tendrán que afinar sus estrategias y comportamiento; tanto dentro del hemiciclo como afuera de él. Si bien acuden con una visión estratégica del país (con las “100 Soluciones para la Gente” y la “Agenda Parlamentaria), la práctica política cotidiana puede demandar mucho más que eso. De la misma manera, en el bloque MUD se tendrán que establecer firmes canales de jefatura y coordinación parlamentaria, para evitar los “divismos” y las salidas unilaterales e inconsultas.
Los ciudadanos y ciudadanas, los comunidades organizadas y los movimientos sociales también tienen una suprema responsabilidad en esta nueva etapa del desarrollo político de nuestra nación. Ahora no sólo se trata de controlar la gestión de la Asamblea Nacional y de los representantes de nuestra preferencia; sino que además se trata de interactuar con ellos en los espacios correspondientes y, en los momentos requeridos. Grandes debates y movilizaciones se ciernen sobre nuestra Venezuela en el futuro cercano y allí los ciudadanos (as) debemos estar activos y presentes es el sino de este tiempo; y está prohibido olvidarlo.
El proceso electoral nos mostró la alegría y civilidad democrática de la amplísima mayoría del pueblo venezolano, adultos mayores, personas con necesidades especiales y jóvenes acudieron a votar; soportando la lentitud del proceso. Pero además adolescentes, niños y niñas acompañaron a sus padres al momento de votar añadiéndole así, un toque festivo al evento. Pero también, el proceso mostró debilidades y opacidades de un “sistema electoral” con deficiencias en su conceptualización e implementación.
Para comenzar -en numerosos centros electorales-, los miembros de mesa designados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no acudieron a cumplir con sus funciones, ocasionando retrasos; tanto en la instalación de las mesas el día Viernes 24 de Septiembre, como en la apertura del proceso de votación el propio día Domingo 26. En segundo lugar, las máquinas “capta-huellas” de nuevo retardaron el proceso electoral, al convertirse en una “alcabala” previa, a cada mesa de votación. En tercer lugar, y más delicado aún, resultó la inadecuada y complicada presentación de las opciones electorales en el tarjetón –membrana de la máquina-; por su reducido tamaño y distribución excesivamente concentrada. Esta característica trajo como consecuencia, serias dificultades a electores al momento de presionar los óvalos de su preferencia. En atención a esto, muchos electores tuvieron que recibir asistencia al momento de votar; pudiendo quedar comprometido el secreto de su voto.
En general, el proceso de votación se hizo lento y hasta fatigoso debiéndose resaltar la actitud positiva; tanto de los electores como de los miembros de mesa –muchos de ellos accidentales-, que cumplieron con su deber ciudadano. El Plan República estuvo mejor esta vez; al menos su incidencia en los centros urbanos estuvo apegada a la normativa. Lo peor fue la larga espera para obtener los resultados, que fueron informados a las 2:00 am del día Lunes 27-S. Todo un trauma.
Las elecciones del pasado 26-S contaron además, con la amplia participación y movilización de las organizaciones de la sociedad civil especializadas; tanto en el tema electoral como en la participación ciudadana. Así, tanto a nivel nacional como en ámbitos regionales y locales hubo emprendimientos dirigidos a fortalecer la transparencia y acercamiento de la ciudadanía en el evento electoral y con sus candidatos. “El Buzón Ciudadano” impulsado por CESAP; la iniciativa de “Dale Poder a Tu Voto” apoyada desde SINERGIA y la guía “Ciudadanos, Comunidades Organizadas y Asamblea Nacional” presentada por Unión Vecinal para la Participación Ciudadana son claras demostraciones del esfuerzo societario –aunque de manera puntual-, para garantizar un mejor proceso electoral. De igual manera, las organizaciones no estatales y sin fines de lucro, como “Ojo Electoral” y la Asamblea Nacional de Educación contribuyeron de manera determinante en el impulso de una observación más imparcial de las elecciones parlamentarias. Quedó claro, que las expresiones asociativas de la sociedad civil contribuyeron de manera fundamental a la incorporación ciudadana a este crucial evento.
La campaña electoral tuvo sus rasgos pintorescos. En realidad y, en algunos circuitos electorales del país la entrega de línea blanco o marrón, de bolsas de comida, de transformadores de electricidad, de tuberías y de tanques de agua se convirtieron en un argumento para captar votos. En otras ocasiones, candidatos parecían más bien aspirar a alcaldías y gobernaciones que a la misma Asamblea Nacional. Incluso, algún candidato “avispado” y en clara posición de “off side” prometía una reunión con el mismo Presidente de la República para tratar una agenda de legislativa (¿más de lo mismo?). Pero, sin lugar a dudas, peor estuvieron aquellos candidatos del bloque oficialista que concentraron su campaña en el odio de clases, la persecución y la amenaza de su electorado. A todas luces, lamentable.
Al margen de su nueva composición numérica (98 Oficialismo / 67 Oposición), la nueva Asamblea Nacional supone un reto cualitativo indefectible par cada unos de sus diputados; pues luego de cinco años de relativa “calma parlamentaria”; sólo quebrantada por la migración del partido PODEMOS, algunos sectores individuales del bloque oficialista y últimamente de la organización Patria para Todos (PPT), nuevos actores políticos emergen con la suficiente legitimidad para desarrollar los debates y proponer soluciones desde una óptica mucho más democrática, responsable e incluyente. Pareciera que, las “frases hechas” y los discursos efectistas serán superados por la calidad de los nuevos diputados. El nivel del contenido de las discusiones en la Asamblea Nacional debería subir.
Por otra parte, para el oficialismo resultaría muy costoso política y moralmente tratar de impedir y sabotear la instalación de la Asamblea Nacional con los nuevos representantes. De asumir ese sendero, simplemente ratificarían su pobre desempeño y su baja convicción democrática. El bloque oficial está condenado a recibir –pese a su particular visión de la política-, de la forma institucional adecuada a los nuevos parlamentarios. Y no se trata de reconciliar “posiciones contrapuestas”, se trata de algo más importante como es el reconocimiento de la realidad política y social del país. Las fuerzas opositoras tendrán que afinar sus estrategias y comportamiento; tanto dentro del hemiciclo como afuera de él. Si bien acuden con una visión estratégica del país (con las “100 Soluciones para la Gente” y la “Agenda Parlamentaria), la práctica política cotidiana puede demandar mucho más que eso. De la misma manera, en el bloque MUD se tendrán que establecer firmes canales de jefatura y coordinación parlamentaria, para evitar los “divismos” y las salidas unilaterales e inconsultas.
Los ciudadanos y ciudadanas, los comunidades organizadas y los movimientos sociales también tienen una suprema responsabilidad en esta nueva etapa del desarrollo político de nuestra nación. Ahora no sólo se trata de controlar la gestión de la Asamblea Nacional y de los representantes de nuestra preferencia; sino que además se trata de interactuar con ellos en los espacios correspondientes y, en los momentos requeridos. Grandes debates y movilizaciones se ciernen sobre nuestra Venezuela en el futuro cercano y allí los ciudadanos (as) debemos estar activos y presentes es el sino de este tiempo; y está prohibido olvidarlo.
martes, 28 de septiembre de 2010
Invitación: 4ta SESIÓN ORDINARIA DEL CLPP-BARUTA, A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES, 30-09-2010
CLPP-004-C-30/09/10
Nro. 04
AGENDA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
(30-09-10)
LUGAR: SALÓN DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL
HORA: 4.00 PM
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS A TRATAR:
1.- Cambio de denominación: Del Nombre Original “Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reparación de Aguas Servidas, Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)” por Nombre Propuesto, “Estudio y Proyecto para la Construcción de Drenajes en la Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)”, solicitado por la Dirección de Infraestructura, de acuerdo a la opinión técnica respectiva.
2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS FIDES.
2.1.- Tuberías de Aguas Servidas “Escaleras del Carmén, El Placer de María. (Presupuesto Participativo).
2.2.- Estabilización de Taludes a lo largo del Boulevard el Cafetal. (Presupuesto Participativo ).
2.3.- Recuperación de Asfaltado en la Urbanización Piedra Azul. (Presupuesto Participativo).
2.4.- Repavimentación de la Avenida Principal y Calles de la Urbanización Santa Marta, El Cafetal. (Presupuesto Participativo).
2.5- Reconstrucción de la Calle Los Mangos, las Dalias, Santa Cruz del Este. (Presupuesto Participativo).
2.6.- Adquisición de trece (13) Vehículos por la Dirección de Administración y Servicios para suplir las necesidades de las Direcciones y Dependencias de la Alcaldía de Baruta. http://192.9.201.46/intranet/
2.7.- Construcción de Alcantarillado para Recolección de Aguas de Lluvias que Desbordan por la Veredas El Pozo y Los Mangos, Provenientes de la Calle El Rosario, las Minas de Baruta.
2.8.- Construcción de Cerca Perimetral, Tipo Ciclón, Linderos con las Minas, Urbanización Coracrevi. (Presupuesto Participativo).
2.9.- Arreglo del Polideportivo Cumbres de Curumo “Arreglo General”, (Presupuesto Participativo).
2.10.- Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez, vía La Palomera, Piedras Pintadas. La Palomera Baruta. (Presupuesto Participativo).
2.11.- Adquisición de Cajas Compactadoras y Equipamiento para el punto de Transferencia Primaria de Desechos Sólidos, que estará ubicado en la Avenida Río Paragua, Santa Cruz del Este.
3.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS LAEE.
3.1.- Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica, Calles Internas: A, C y Av. Principal Urb. Monte Alto. (Presupuesto Participativo).
3.2.- Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Beisbol del Polideportivo Cesar del Vecchio. Avenida Principal de Alto Prado. (Presupuesto Participativo).
3.3.- Remodelaciones y Mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire, Sector El Güire. (Presupuesto Participativo).
3.4.- Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de la Trinidad. (Presupuesto Participativo).
4.- Derecho de Palabra Consejera Kiomara Scovino, sobre las Intervenciones Urbanísticas del Gobierno Nacional en el Municipio Baruta.
5.- Derecho de palabra Consejero Harold Cova, para referirse a la situación de las Personas de la Tercera Edad y el Transporte Colectivo en el Municipio Baruta.
Nro. 04
AGENDA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
(30-09-10)
LUGAR: SALÓN DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL
HORA: 4.00 PM
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS A TRATAR:
1.- Cambio de denominación: Del Nombre Original “Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reparación de Aguas Servidas, Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)” por Nombre Propuesto, “Estudio y Proyecto para la Construcción de Drenajes en la Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)”, solicitado por la Dirección de Infraestructura, de acuerdo a la opinión técnica respectiva.
2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS FIDES.
2.1.- Tuberías de Aguas Servidas “Escaleras del Carmén, El Placer de María. (Presupuesto Participativo).
2.2.- Estabilización de Taludes a lo largo del Boulevard el Cafetal. (Presupuesto Participativo ).
2.3.- Recuperación de Asfaltado en la Urbanización Piedra Azul. (Presupuesto Participativo).
2.4.- Repavimentación de la Avenida Principal y Calles de la Urbanización Santa Marta, El Cafetal. (Presupuesto Participativo).
2.5- Reconstrucción de la Calle Los Mangos, las Dalias, Santa Cruz del Este. (Presupuesto Participativo).
2.6.- Adquisición de trece (13) Vehículos por la Dirección de Administración y Servicios para suplir las necesidades de las Direcciones y Dependencias de la Alcaldía de Baruta. http://192.9.201.46/intranet/
2.7.- Construcción de Alcantarillado para Recolección de Aguas de Lluvias que Desbordan por la Veredas El Pozo y Los Mangos, Provenientes de la Calle El Rosario, las Minas de Baruta.
2.8.- Construcción de Cerca Perimetral, Tipo Ciclón, Linderos con las Minas, Urbanización Coracrevi. (Presupuesto Participativo).
2.9.- Arreglo del Polideportivo Cumbres de Curumo “Arreglo General”, (Presupuesto Participativo).
2.10.- Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez, vía La Palomera, Piedras Pintadas. La Palomera Baruta. (Presupuesto Participativo).
2.11.- Adquisición de Cajas Compactadoras y Equipamiento para el punto de Transferencia Primaria de Desechos Sólidos, que estará ubicado en la Avenida Río Paragua, Santa Cruz del Este.
3.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS LAEE.
3.1.- Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica, Calles Internas: A, C y Av. Principal Urb. Monte Alto. (Presupuesto Participativo).
3.2.- Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Beisbol del Polideportivo Cesar del Vecchio. Avenida Principal de Alto Prado. (Presupuesto Participativo).
3.3.- Remodelaciones y Mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire, Sector El Güire. (Presupuesto Participativo).
3.4.- Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de la Trinidad. (Presupuesto Participativo).
4.- Derecho de Palabra Consejera Kiomara Scovino, sobre las Intervenciones Urbanísticas del Gobierno Nacional en el Municipio Baruta.
5.- Derecho de palabra Consejero Harold Cova, para referirse a la situación de las Personas de la Tercera Edad y el Transporte Colectivo en el Municipio Baruta.
sábado, 25 de septiembre de 2010
ELECCIONES PARLAMENTARIAS: 26-S Y VOLVIERON DE NUEVO
Sin lugar a dudas, el retorno de las fuerzas políticas democráticas a la Asamblea Nacional (espacio que nunca debieron ceder); constituye un triunfo inobjetable. A partir de ese mismo día, un amplio –si no mayoritario- sector de la población venezolana, contará con unos legítimos representantes que defenderán sus derechos, frenarán su exclusión y fundamentalmente propiciarán el equilibrio político en un país que ha venido siendo “calculadamente polarizado”, con el único propósito de preservar los beneficios de la elite que lo gobierna en la actualidad.
Además, la reincorporación de los partidos democráticos venezolanos a la Asamblea Nacional trae un conjunto de beneficios institucionales para nuestra nación. Por ejemplo, a partir del 5 de Enero de 2011, las entidades federales contarán con una bancada parlamentaria que defienda el modelo federal, descentralizado y participativo que consagra la Constitución de 1999, frente a las pretensiones centralistas del gobierno actual. De igual manera, ocurrirá con los movimientos sociales (de mujeres, jóvenes y trabajadores) que también pasarán a poseer una vocería significativa y autónoma en el nuevo parlamento venezolano, frente a las marcadas intenciones de cooptación oficialista.
Tanto la defensa del modelo institucional consagrado en nuestra Carta Magna como la defensa de la agenda impulsada por los movimientos sociales, suponen dos componentes estratégicos y de largo alcance que tienen que ser abordados en la gestión legislativa de la nueva Asamblea Nacional. El aspecto político-territorial es crucial. La arremetida desde el poder central hacia la descentralización ha sido sostenida durante los últimos años. De hecho, a la constitucionalidad del modelo federal descentralizado, se le ha colocado el paralelismo unilateral de un modelo unitario centralizado. Como un elemento adicional, hay que señalar que 19 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías del país son dirigidas por mandatarios que responden a las líneas del gobierno central. La ofensiva contra la descentralización tiene un componente financiero que implica el estrangulamiento de la disponibilidad de los ingresos de estados y municipios; mediante la reducción del situado constitucional por subestimación de los ingresos petroleros en el presupuesto y, la reducción (o eliminación) de los recursos FIDES y LAEE por decisión de destinar una proporción a los consejos comunales -bajo administración del poder nacional-; por medio del nuevo Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el Consejo Federal de Gobierno.
La estrategia de recentralización en el aspecto jurídico, ha jugado un papel fundamental con la promulgación o reforma de un conjunto de leyes que se contraponen de manera abierta a la Constitución Nacional: i) con la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización se revirtieron las transferencias de las competencias concedidas a los estados; de la misma manera se abrió la posibilidad de decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios; ii) la creación de la Comisión Central de Planificación tiene entre sus objetivos: la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, el establecimiento de un estado socialista, la eliminación de la autonomía organizativa y la de planificación financiera de la administración pública; así como el crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión; iii) con la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional y la ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública se plantea un modelo de toma de decisiones, de planificación y de distribución de recursos que, puede afectar las transferencias financieras a las entidades federales y a los municipios y, iv) con la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (y su Reglamento) se crean la condiciones institucionales -para modificar de manera inconsulta-; por lo menos, la división político-territorial vigente en el país (con los distritos motores de desarrollo y las comunas), para impulsar un régimen de propiedad colectivista y estatal; mediante la denominada propiedad social y la restricción al acceso de los recursos financieros a los estados y municipios.
El segundo eje que he señalado, corresponde a las deficiencias legislativas para el ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos sociales de toda la población; a pesar que el bloque oficialista pregona una acción destinada a la asistencia social de los sectores más necesitados. En este caso, el desempeño de la actual Asamblea Nacional ha sido realmente bajo. En materia de seguridad social los trabajadores; por una parte siguen sin un marco legal que proteja sus derechos y por la otra, se les quiere imponer instancias organizativas (como los consejos de trabajadores), por encima de sus órganos naturales de defensa como lo son los sindicatos. El ejercicio de la libertad de expresión ha encontrado durante los últimos años serias restricciones que incluso han ameritado el pronunciamiento de organismos internacionales especializados. Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, han venido siendo amenazadas y hostigadas desde el bloque oficial en un intento reiterado de descalificar su acción social y comunitaria; y con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional (aprobado en primera discusión) se pretendería restar cualquier tipo de iniciativa autónoma mediante el control de su financiamiento desde la administración pública nacional.
En el plano legislativo, la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales generó serías limitaciones para el desarrollo de la libre asociación de los habitantes de cada una de las vecindades del país, al tratar de imponer un esquema ideologizante socialista como único fin de estas organizaciones populares. Pero además, desde el Ministerio de la Comunas y FUNDACOMUNAL se viene realizando una política de exclusión hacia aquellos consejos comunales que son considerados como NO OFICIALISTAS o más exactamente, como escuálidos; consolidando de esta manera a la exclusión política como un método de acción pública en este ámbito.
Dos proyectos de leyes orgánicas deja en reserva la actual Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular y, la Ley de las Comunas. Ambos proyectos de leyes se encuentran aprobados en primera discusión y ambos están articulados entre sí. El proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular; además de reducir el derecho a la participación ciudadana al ámbito comunitario y a la construcción del socialismo; nos presenta una nuevo Estado denominado “Estado comunal” y una nueva división político-territorial basada en comunas, ciudades comunales y unión de comunas. Pero también, nos agrega el concepto propiedad social, como derecho del Estado de posesionarse de los medios de producción privados en “función de alcanzar la suprema felicidad social”. Por su parte, la Ley de las Comunas, presenta los nuevos mecanismos de organización comunitaria fundamentados en la disolución del derecho a la elección directa, universal y secreta de las autoridades públicas locales; así como también la sustitución de estados y municipios por las denominadas comunas.
La nueva representación democrática y popular que volverá a la Asamblea Nacional tiene ya una agenda marcada por la defensa de la Constitución Bolivariana en dos componentes fundamentales la defensa del modelo democrático, federal y descentralizado; y, la defensa de la vigencia de los derechos humanos y de la actividad autónoma de las expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana.
La presencia renovada de los partidos políticos democráticos como Acción Democrática (AD), Primero Justica (MPJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), entre otros y la representación parlamentaria independiente vinculada a los movimientos sociales les corresponderá reivindicar la práctica política con un enfoques democráticos, modernos, responsables e incluyentes que garanticen la viabilidad de la restitución de la constitucionalidad en Venezuela. Creo que el esfuerzo en esta campaña valió la para retomar aquellos espacios que nunca debieron ser abandonados.
miguelgmarregot@gmail.com
Además, la reincorporación de los partidos democráticos venezolanos a la Asamblea Nacional trae un conjunto de beneficios institucionales para nuestra nación. Por ejemplo, a partir del 5 de Enero de 2011, las entidades federales contarán con una bancada parlamentaria que defienda el modelo federal, descentralizado y participativo que consagra la Constitución de 1999, frente a las pretensiones centralistas del gobierno actual. De igual manera, ocurrirá con los movimientos sociales (de mujeres, jóvenes y trabajadores) que también pasarán a poseer una vocería significativa y autónoma en el nuevo parlamento venezolano, frente a las marcadas intenciones de cooptación oficialista.
Tanto la defensa del modelo institucional consagrado en nuestra Carta Magna como la defensa de la agenda impulsada por los movimientos sociales, suponen dos componentes estratégicos y de largo alcance que tienen que ser abordados en la gestión legislativa de la nueva Asamblea Nacional. El aspecto político-territorial es crucial. La arremetida desde el poder central hacia la descentralización ha sido sostenida durante los últimos años. De hecho, a la constitucionalidad del modelo federal descentralizado, se le ha colocado el paralelismo unilateral de un modelo unitario centralizado. Como un elemento adicional, hay que señalar que 19 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías del país son dirigidas por mandatarios que responden a las líneas del gobierno central. La ofensiva contra la descentralización tiene un componente financiero que implica el estrangulamiento de la disponibilidad de los ingresos de estados y municipios; mediante la reducción del situado constitucional por subestimación de los ingresos petroleros en el presupuesto y, la reducción (o eliminación) de los recursos FIDES y LAEE por decisión de destinar una proporción a los consejos comunales -bajo administración del poder nacional-; por medio del nuevo Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el Consejo Federal de Gobierno.
La estrategia de recentralización en el aspecto jurídico, ha jugado un papel fundamental con la promulgación o reforma de un conjunto de leyes que se contraponen de manera abierta a la Constitución Nacional: i) con la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización se revirtieron las transferencias de las competencias concedidas a los estados; de la misma manera se abrió la posibilidad de decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios; ii) la creación de la Comisión Central de Planificación tiene entre sus objetivos: la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, el establecimiento de un estado socialista, la eliminación de la autonomía organizativa y la de planificación financiera de la administración pública; así como el crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión; iii) con la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional y la ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública se plantea un modelo de toma de decisiones, de planificación y de distribución de recursos que, puede afectar las transferencias financieras a las entidades federales y a los municipios y, iv) con la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (y su Reglamento) se crean la condiciones institucionales -para modificar de manera inconsulta-; por lo menos, la división político-territorial vigente en el país (con los distritos motores de desarrollo y las comunas), para impulsar un régimen de propiedad colectivista y estatal; mediante la denominada propiedad social y la restricción al acceso de los recursos financieros a los estados y municipios.
El segundo eje que he señalado, corresponde a las deficiencias legislativas para el ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos sociales de toda la población; a pesar que el bloque oficialista pregona una acción destinada a la asistencia social de los sectores más necesitados. En este caso, el desempeño de la actual Asamblea Nacional ha sido realmente bajo. En materia de seguridad social los trabajadores; por una parte siguen sin un marco legal que proteja sus derechos y por la otra, se les quiere imponer instancias organizativas (como los consejos de trabajadores), por encima de sus órganos naturales de defensa como lo son los sindicatos. El ejercicio de la libertad de expresión ha encontrado durante los últimos años serias restricciones que incluso han ameritado el pronunciamiento de organismos internacionales especializados. Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, han venido siendo amenazadas y hostigadas desde el bloque oficial en un intento reiterado de descalificar su acción social y comunitaria; y con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional (aprobado en primera discusión) se pretendería restar cualquier tipo de iniciativa autónoma mediante el control de su financiamiento desde la administración pública nacional.
En el plano legislativo, la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales generó serías limitaciones para el desarrollo de la libre asociación de los habitantes de cada una de las vecindades del país, al tratar de imponer un esquema ideologizante socialista como único fin de estas organizaciones populares. Pero además, desde el Ministerio de la Comunas y FUNDACOMUNAL se viene realizando una política de exclusión hacia aquellos consejos comunales que son considerados como NO OFICIALISTAS o más exactamente, como escuálidos; consolidando de esta manera a la exclusión política como un método de acción pública en este ámbito.
Dos proyectos de leyes orgánicas deja en reserva la actual Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular y, la Ley de las Comunas. Ambos proyectos de leyes se encuentran aprobados en primera discusión y ambos están articulados entre sí. El proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular; además de reducir el derecho a la participación ciudadana al ámbito comunitario y a la construcción del socialismo; nos presenta una nuevo Estado denominado “Estado comunal” y una nueva división político-territorial basada en comunas, ciudades comunales y unión de comunas. Pero también, nos agrega el concepto propiedad social, como derecho del Estado de posesionarse de los medios de producción privados en “función de alcanzar la suprema felicidad social”. Por su parte, la Ley de las Comunas, presenta los nuevos mecanismos de organización comunitaria fundamentados en la disolución del derecho a la elección directa, universal y secreta de las autoridades públicas locales; así como también la sustitución de estados y municipios por las denominadas comunas.
La nueva representación democrática y popular que volverá a la Asamblea Nacional tiene ya una agenda marcada por la defensa de la Constitución Bolivariana en dos componentes fundamentales la defensa del modelo democrático, federal y descentralizado; y, la defensa de la vigencia de los derechos humanos y de la actividad autónoma de las expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana.
La presencia renovada de los partidos políticos democráticos como Acción Democrática (AD), Primero Justica (MPJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), entre otros y la representación parlamentaria independiente vinculada a los movimientos sociales les corresponderá reivindicar la práctica política con un enfoques democráticos, modernos, responsables e incluyentes que garanticen la viabilidad de la restitución de la constitucionalidad en Venezuela. Creo que el esfuerzo en esta campaña valió la para retomar aquellos espacios que nunca debieron ser abandonados.
miguelgmarregot@gmail.com
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