viernes, 14 de abril de 2017

SUSCRIBIMOS ESTA PETICIÓN

Venezuela necesita de Tú ayuda!!!
13 de Abril de 2017
Las manifestaciones pacíficas ocurridas entre el 4 y el 12 de abril de 2017 en Venezuela, han sido reprimidas con extrema violencia, muestran un saldo trágico de cientos de heridos, 230 detenidos, 6 fallecidos por impactos de bala, un Centro Médico Asistencial y varios Centros Comerciales atacados por la Guardia Nacional Bolivariana con bombas lacrimógenas, ataque de grupos violentos paramilitares (colectivos) a marchas y concentraciones, uso comprobado de gases tóxicos con fecha de vencimiento de hace dos años, uso desproporcionado de la fuerza pública para el ataque sistemático de manifestantes, lanzamiento de gases tóxicos desde aeronaves, convirtiendo las bombas lacrimógenas en artefactos que pueden ser letales, presencia de francotiradores accionando armas de guerra… en fin cientos de miles de venezolanos hemos sido víctimas de violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la vida, el derecho a la información oportuna y veraz, el derecho al libre tránsito entre otros.

¿Cómo llegamos a esta situación?
Siendo Venezuela un productor de materias primas, en específico petróleo, durante el periodo de precios altos, desde el Estado se elaboraron y ejecutaron dos políticas de alto impacto:
1-        Centralización del poder político.
2-        Destrucción de la empresa privada y concentración de la importación de todos los productos a través de entes públicos.
Las anteriores acciones tuvieron una escasa resistencia de parte de la mayoría de la población pero prepararon el camino para una crisis de dimensiones inimaginables.
Se redujo la capacidad de acción y ejecución de gobernadores y alcaldes, disminuyó el control y operatividad de los órganos de seguridad de las regiones, con el resultado de amplias zonas bajo el control de la delincuencia organizada, los llamados pranes en las “zonas de paz”, con una altísima inseguridad.

Al destruir la capacidad productiva del país, depender de las importaciones y no tener suficientes divisas el gobierno optó por garantizar el pago de la deuda externa, el resultado es que Venezuela enfrenta la peor crisis humanitaria de su historia, un profundo desabastecimiento de productos de la cesta básica, escasez del 85% de medicamentos e insumos médicos, niveles de inflación que este año puede alcanzar el 700%, servicios públicos y la infraestructura del país en muy mal estado, corrupción y coimas a la orden del día, todo ello enmarcado en un proyecto político autoritario, centralista, destructor de la capacidad productiva privada, de sometimiento social a través de diversos mecanismos como la distribución de alimentos a través de los CLAPs (Comité Local de Abastecimiento y Producción) y el Carné de la Patria para optar a una serie de servicios que deben ser gratuitos.

¿Cuál fue el punto de inflexión?
Ocurrió el 6 de diciembre de 2015, la Unidad Democrática logró una victoria abrumadora en las elecciones parlamentaria, obteniendo 112 Diputados de 167, lo que significa el 66,66% del Parlamento, que le otorga a las fuerzas democráticas la mayoría calificada con la cual la Asamblea Nacional podía emprender un conjunto importantes de reformas y nuevas leyes, ejercer efectivamente la supervisión y control sobre el resto de los poderes públicos en especial el “Ejecutivo” (Presidencia de la República) y convertir al Parlamento en el Foro Político por excelencia de la nación.

¿Qué hizo el Oficialismo ante la derrota el 6D?
Entre el 6 de diciembre y el 23 de diciembre de 2015, la bancada oficialista mayoritaria en el Asamblea Nacional para ese momento, realizó trece (13) nombramientos express de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, colocando fichas claves del chavismo en cargos del TSJ, para garantizar el control sobre la Asamblea Nacional. El 30 de diciembre de 2015 la Sala Electoral suspende la proclamación de tres (3) Diputados del Estado Amazonas (eliminando la mayoría calificada de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional). En el año 2016 el TSJ a través de varias de sus Salas de Administración de Justicia dictó mas de 50 sentencias en contra de decisiones, leyes y acuerdos promulgados por la Asamblea Nacional, declarando y ratificando en múltiples sentencias la condición de desacato del Parlamento (que no está establecido en la Constitución ni en las Leyes de la República) a las decisiones del TSJ, vaciando al principal poder del Estado de sus competencias constitucionales, aprobando un estado de emergencia y prorrogándolo a voluntad varias veces violando la Constitución, llegando al extremo de dictar la sentencia #155, que elimina la inmunidad parlamentaria y la #156 que le elimina absolutamente todas las competencias de la Asamblea Nacional y permite el Estado crear Empresas Mixtas sin la aprobación del Parlamento como está estipulado muy claramente en la Constitución, publicadas el 29 de marzo de 2017. Tal y como lo aseveró de manera pública y notoria la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, ambas sentencias constituyen la “Ruptura del Hilo Constitucional”, nosotros lo llamamos un AutoGolpe de Estado. Las sentencias #157 y #158 que supuestamente enmiendan los horrores inconstitucionales de las #155 y #156, no han sido publicadas, duermen el sueño de la ilegitimidad, la vagabundería y descaro, esperando algún momento a futuro para hacerlas públicas cuando mejor les convenga.

¿Por qué el gobierno cerró la ruta electoral para lograr el cambio?
El régimen encabezado por el Presidente Nicolás Maduro y un pequeño grupo de venezolanos, dominan todos los Poderes Públicos a excepción de la Asamblea Nacional, lo que les permite manejar la Constitución y las Leyes de la República a su libre antojo, bloquearon la solicitud de Referendo Revocatorio Presidencial utilizando un ardid jurídico absolutamente ilegal e inconstitucional y no convocaron a Elecciones Regionales para Gobernadores y Consejos Legislativos de Estados cuyos periodos vencieron el 16 de diciembre de 2016, pues sabían muy bien que ambos eventos electorales los perderían de forma contundente y aplastante.

¿Qué solicitamos las fuerzas democráticas?
Cambiar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, luchamos por el cambio de gobierno y la restitución de la democracia, creemos en una ruta Constitucional, Electoral y Pacífica, sin embargo primero debemos restablecer el hilo constitucional y en consecuencia solicitamos:
-          Restitución plena de las facultades y competencias de la Asamblea Nacional.
-          Convocatoria inmediata a Elecciones Regionales y Locales como establece la Constitución, con plenas garantías.
-          Libertad inmediata de todos los presos políticos.
-          Apertura de canal humanitario para alimentos y medicinas.
-          Exigir al Poder Moral Republicano que califique de falta grave las decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia basado en la declaración de la Fiscal General de la República integrante de este Poder como “Ruptura del Orden Constitucional”.
-          Anular la inhabilitación política del Gobernador Henrique Capriles por injusta e ilegal.

¿Cómo nos puedes ayudar?
  1. Divulgando la información veraz que las Organizaciones NO Gubernamentales y los medios alternativos de comunicación venezolanos difunden a diario.
  2. Presionando a Tu Gobierno a darle la importancia y atención prioritaria que una situación de crisis como la que vive un país hermano está padeciendo.
  3. Acercándote a las Organizaciones Civiles de Ayuda Humanitaria y a las Organizaciones de Venezolanos en tu país, para ayudar con donativos ó tiempo para dedicarte a la logística y organización.
  4. Participando en las acciones civiles ciudadanas de protesta pública que se están realizando en todos los rincones del planeta en apoyo y solidaridad con Venezuela, para sensibilizar sobre los problemas que afrontamos.

En Caracas a los 13 dias del mes de abril de 2017-04-13

Red de Organizaciones Vecinales de Baruta

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domingo, 2 de abril de 2017

Exigencias de organizaciones no gubernamentales venezolanas


Nueva sentencia del TSJ consagra un golpe al parlamento venezolano


La sentencia N° 156, dada a conocer cerca de la medianoche del 29 de marzo, mediante la cual la Sala Constitucional del TSJ asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, coloca a Venezuela ante la disolución del parlamento por vía judicial.
No existe ninguna disposición constitucional que faculte al órgano judicial, designado mediante elecciones de segundo grado, a asumir las funciones de la Asamblea Nacional, órgano que representa directamente a la población.
La Sala Constitucional ha emitido medio centenar de decisiones que ha ido despojando progresivamente a la Asamblea Nacional de sus funciones legislativas, contraloras, de investigación y de designación, hasta suspender la inmunidad parlamentaria y finalmente asumir como suyas funciones que corresponden al poder legislativo.
El parlamento constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática, ya que es un espacio de participación y expresión de los diferentes grupos que integran el país. Es el espacio en el que tanto los representantes electos, como las organizaciones y miembros de la sociedad civil pueden debatir y dialogar las diferentes propuestas para crear legislaciones y políticas públicas. En este sentido esta medida no sólo atenta contra el orden constitucional, sino que además la violación del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a cesar en el desconocimiento de la Constitución que ha sido evidenciado tras la publicación de las más recientes sentencias de la Sala Constitucional las cuales permiten la aplicación de medidas y acciones que socavan el hilo constitucional y rompen el orden democrático en Venezuela, y reafirman la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela consolidando un régimen Dictatorial.
Finalmente instamos, nuevamente a que se tomen los correctivos necesarios para revertir cualquier decisión que viole la norma constitucional, desconozca el poder del voto popular representado en la Asamblea Nacional electa y que profundice el alejamiento del país de un sistema democrático, al respeto de las garantías fundamentales y los derechos humanos, a fin de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, comenzando por restablecer y respetar las funciones de la Asamblea Nacional.
1. A.C María Estrella De La Mañana
2. A.C. Nueva Esparta En Movimiento
3. A.C. Radar De Los Barrios
4. Acceso A La Justicia
5. Acción Campesina
6. Acción Solidaria
7. Amigos Trasplantados De Vebezuela AC
8. Asamblea De Educación
9.  Asociación Civil Mujeres En Línea
10. Asociación De Profesores De La Universidad Simón Bolívar APUSB
11. Asociación Venezolana De Mujeres
12. Asociación Venezolana De Mujeres
13. Asociación Venezolana Para La Hemofilia
14. Aula Abierta Venezuela
15. Banco Del Libro
16. Cedice Libertad
17. Centro De Aninación Juvenil
18. Centro De Derechos Humanos De La Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
19. Centro De Estudios Sociales Y Culturales
20. Centro De Justicia Y Paz – Cepaz
21. Civilis Derechos Humanos
22. Coalición Cambio Climático 21
23. (Codevida) Coalición Por El Derecho A La Salud Y La Vida
24. Comisión De Derechos Humanos De La Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas De La Universidad Del Zulia
25. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
26. Comisión De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela Capítulo Táchira
27. Comisión De Derechos Humanos De La Federación Venezolana De Colegios De Abogados Del Estado Apure
28. Comisión Nacional De Derechos Humanos De La Federación De Colegios De Abogados De Venezuela-Capítulo Mérida
29. Comisión Para Los Derechos Humanos Del Estado Zulia
30. Convite AC
31. Correo Del Caroní
32. Espacio Humanitario
33. Espacio Público
34. EXCUBITUS Derechos Humanos En Educación
35. FEDERACION NACIONAL DE SOCIEDADES DE PADRES Y REPRESENTANTES -FENASOPADRES-
36. Frente En Defensa Del Norte De Caracas Y Asamblea De Ciudadanos De Candelaria
37. Funcamama
38. Fundación TAAP
39. Fundamujer
40. Fundeci
41. Instituto Venezolano De Estudios Sociales Y Políticos INVESP
42. IPYS Venezuela
43. Laboratorio De Paz
44. Llamado a La Conciencia Vial
45. Médicos Unidos Carabobo
46. Movimiento Vinotinto
47. Observatorio De Derechos Humanos De La Universidad De Los Andes
48. Observatorio Global De Comunicación Y Democracia
49. Observatorio Hannah Arendt
50. Observatorio Venex
51. Observatorio Venezolano De Conflictividad Social (OVCS)
52. Observatorio Venezolano De Prisiones
53. OPCION Venezuela AC.
54. Programa Venezolano De Educación- Acción En Derechos Humanos (Provea)
55. Proiuris
56. Promoción Educación Y Defensa En DDHH (PROMEDEHUM)
57. Sinergia
58. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
59. StopVIH
60. Transparencia Venezuela
61. Un Mundo Sin Mordaza
62. Una Ventana a La Libertad
63. Unión Afirmativa de Venezuela
64. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
65. Veedores por la Educación Aragua

jueves, 9 de febrero de 2017

OGP debe proteger el espacio de la gente (antes que sea demasiado tarde)

Aunque el video (link is external) tomado por un celular se vea movido, no hay duda de lo que está ocurriendo: ésta es una escena preocupantemente común. Un manifestante negro lucha (link is external) contra media docena de policías que lo intentan reprimir en medio de los gritos de otros manifestantes. Segundos después, otro manifestante negro, Jerry Afriyie (link is external), es golpeado en la cabeza por un policía y arrastrado por la puerta de un autobús y golpeado con una macana repetidamente.
La detención violenta de Afriyie y de casi dos cientos más se llevó a cabo el 12 de noviembre en Rotterdam durante una manifestación (link is external) en contra del racismo en la sociedad neerlandesa. Estas crudezas son lo que en la sociedad civil llamamos “violación al espacio cívico”, es decir, cualquier abuso, violento o no, que evita que una persona se organice, exprese o tome acciones pacíficas al respecto de un tema que lo preocupa.
Mi organización, CIVICUS está dando seguimiento (link is external) a este tipo de abusos en todo el mundo. En muchísimos países, incluyendo muchos miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), gente cuyo único objetivo es luchar contra las injusticias y crear sociedades más justas y tolerantes, están siendo tratados como criminales o terroristas. De hecho, actualmente existen problemas serios en el espacio cívico de más de un tercio de los países miembros de OGP (link is external).
Lo preocupante es que, como vemos en el ejemplo, estas violaciones no ocurren solamente en países autoritarios, sino también en democracias consolidadas.
En algunos países de OGP, las amenazas al activismo pacífico son extremadamente graves. Ejemplos de ello son los asesinatos (link is external) de cinco líderes sociales en el plazo de una semana en Colombia, el uso de gas lacrimógeno y cañones de agua (link is external) por la policía para dispersar estudiantes que se manifestaban en Honduras, la interrogación y detención (link is external) de cuatro horas de un editor de periódico en Liberia y el asesinato (link is external) de un periodista de radio comunitario en México.
Estos países de OGP son parte de una tendencia global en la que al menos 3.2 mil millones de personas viven en países donde existen violaciones a los derechos más fundamentales.
Esta situación no ocurrió de la noche a la mañana. Por el contrario, ahora estamos cosechando los frutos de la degradación gradual del respeto a los derechos básicos de expresión y cuestionamiento de la autoridad. Este descenso ha sido bien documentado durante al menos una década, al punto que la confianza en las instituciones democráticas sus líderes está en una caída peligrosa.
Por supuesto, fue el reconocimiento de estas amenazas lo que llevó a la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2010 en un intento por crear soluciones innovadoras para acercar a los gobiernos y sus ciudadanos y reconstruir la confianza en el poder de la democracia.
Tristemente, son estos mismos sentimientos de desconexión y desafección lo que ha llevado a provocar el neo-autoritarismo de los líderes como Narendra Modi en India, Rafael Correa en Ecuador y Victor Orbán en Hungría. Estos líderes y otros como Trump se benefician del debilitamiento de las libertades cívicas, pues buscan dominar los discursos públicos e imponer su voluntad en la sociedad. Además, hacen uso de las redes sociales para atacar a sus críticos y perpetuar su propia versión de la realidad.
Nuestro análisis (link is external) del por qué de estas violaciones reveló algunas conclusiones predecibles, pero también algunas sorpresas. Cuando analizamos los datos sobre el uso excesivo de la fuerza en contra de las manifestaciones, vimos que los manifestantes eran atacados sobre todo cuando cuestionaban directamente al estado y sus decisiones. Un resultado más sorprendente fue que la policía utiliza gas lacrimógeno, balas de salva, macanas y otras medidas extremas para atacar a la gente que pide que sus necesidades más básicas sean cubiertas, incluyendo prestaciones para las personas con discapacidad y el acceso a la tierra y a empleos. Además, en CIVICUS Monitor estamos monitoreando una gran cantidad de manifestaciones de estudiantes y maestros que con frecuencia son reprimidas por la fuerza.
Este análisis nos dice que existen diversas fuerzas políticas y económicas (link is external) detrás del activismo y detrás de la represión. Esto nos recuerda que no podemos separar nuestro análisis de las violaciones del espacio cívico de los modelos económicos y las reglas impulsadas por los líderes elegidos democráticamente y que están diseñados para beneficiar a unas cuantas personas y empresas y no a la mayoría de la población.
¿Qué pueden hacer los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y, específicamente, qué deben hacer los países de OGP para invertir esta tendencia?
En primera, debemos recordar que todos los gobiernos de OGP se comprometieron públicamente a la Declaración de Gobierno Abierto, incluyendo el compromiso de salvaguardar “la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de operar de forma consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión.”
Al mismo tiempo, está claro que las palabras por sí mismas no son suficientes para asegurar que los estados cumplan con su obligación de proteger el espacio cívico bajo las leyes internacionales. En la reciente Cumbre Global de OGP se escucharon muchas buenas ideas y acciones prácticas que se pueden tomar.
Una acción rápida es lograr que los países de OGP incluyan (y que las organizaciones de la sociedad civil los presionen) compromisos específicos y concretos sobre el espacio cívico en sus planes de acción. Ya hay ejemplos de Letonia, Bulgaria y Guatemala de cómo hacerlo.
Otras recomendaciones incluyen la creación de un grupo de trabajo de OGP enfocado en el espacio cívico, lo que daría a las reformadores de gobierno las herramientas y conocimiento necesarios para crear ambientes de protección de la sociedad civil. Otros grupos han propuesto una revisión de los criterios de elegibilidad, específicamente sobre participación ciudadana y protección básica de las libertades cívicas para asegurar que los estados que abusen de la sociedad civil no puedan permanecer en la alianza.
Los gobiernos y la sociedad civil por igual están haciendo un llamado a un enfoque más serio en las acciones colectivas a través de las cuales los países miembros acuerdan asegurar una mayor protección de la sociedad civil. En ese proceso, los países de OGP deben trabajar de cerca con las nuevas iniciativas de la sociedad civil como la Coalición de Acción para el Espacio Cívico que están defendiendo al espacio cívico a nivel global.
Además, OGP debe alcanzar niveles políticos más altos para asegurar que las acciones que debiliten al espacio cívico no sean toleradas. En las últimas dos semanas hemos visto la importancia de las movilizaciones en todo el mundo en oposición al presidente Trump y sus políticas. Como lo dijo tan elocuentemente el comentarista sudafricano Ranjeni Munusamy esta semana, Trump ha “agitado un despertar global (link is external)”.
Estos eventos demuestran que hay una comunidad enorme de ciudadanos que están listos para luchar por sus democracias utilizando medios pacíficos pero proactivos. Los estados deben proteger vigorosamente el espacio de las movilizaciones pacíficas, tanto en las calles como a nivel político a través de foros nacionales e internacionales. Los países miembros de OGP, con su compromiso de transformar la gobernanza y el mecanismo de dar seguimiento al avance de los estados, están perfectamente preparados para hacerlo.
Lo repetimos: OGP debe priorizar la protección del espacio de la sociedad civil. De lo contrario, los ataques violentos como los que ocurrieron en la manifestación en contra del racismo en Rotterdam seguirán ocurriendo. Y seguirán debilitando la confianza del público en las instituciones democráticas, lo que podría, en última instancia, debilitar el éxito de OGP.

martes, 24 de enero de 2017

2017 UN AÑO MUY DURO PARA LA GESTIÓN LOCAL




El año 2017 se inició muy duro para la gestión de las entidades sub-nacionales (estados y municipios). El progresivo deterioro institucional y la crisis económica del país apuntan a consolidar un escenario donde los gobiernos locales padecerán serias restricciones financieras tanto para honrar sus compromisos laborales como cumplir con los programas planificados. El resultado directo será un mayor deterioro en la calidad de vida de la población.  
Como complemento a las restricciones financieras de las entidades sub-nacionales, este 2017 constituye un año electoral. Y en efecto, deberían realizarse las elecciones a gobernadores y legisladores estadales cuyos períodos se encuentras vencidos; así como también los comicios municipales que comprenderían a alcaldes y concejales, sin olvidar el caso de las juntas parroquiales, que fueron abolidas de manera inconstitucional con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) realizada en 2010.   
Las restricciones institucionales de los municipios se incrementaron por la enorme carga presupuestaria que representa el aumento del 50% en el salario mínimo decretado por Ejecutivo Nacional en los gastos y compromisos laborales de esas entidades. Si bien, las obligaciones derivadas de los aumentos salariales pudieran ser paliados mediante la revisión y aumento de su capacidad recaudatoria (p.ej. el cobro de impuestos), si el gobierno central no hace la transferencia de los recursos correspondientes los municipios se enfrentan a un “cierre técnico”. En una situación similar se encontrarían los gobiernos estadales cercanos al incumplimiento de sus obligaciones en caso de que no reciban a tiempo las transferencias económicas correspondientes.
En tal sentido, la gestión de las entidades regionales y locales nos luce francamente  comprometida si además la ubicamos en el marco de la crisis de gobernabilidad consolidada en el país. Las primeras víctimas locales serían aquellos municipios pequeños y con baja capacidad de generación de ingresos propios. Tales entidades caerían en una situación conflicto interno y de gestión sustantiva frente a la ciudadanía al verse muy comprometidos para cumplir con su función pública.   
La Asociación de Alcaldes por Venezuela (AAV) en su reunión del 13 de enero de 2017, decidió emprender unos lineamientos de acción política dirigidos a la defensa de la democracia, la descentralización y la autonomía municipal. Al respecto, cabe destacar: las exigencias ante CNE del cumplimiento del cronograma electoral, la defensa del derecho al sufragio; la exigencia de los recursos para atender los compromisos laborales creados por el Ejecutivo Nacional y la entrega oportuna del situado constitucional, así como la agilización de un conjunto de leyes necesarias para la defensa de los municipios.
Por supuesto, que la situación de precariedad institucional que atraviesa el país será un obstáculo para el avance y desarrollo de este programa; sin embargo esta iniciativa resulta trascendente y esperanzadora. Puede ser determinante que los  alcaldes unidos emprendan y contribuyan desde sus espacios locales al rescate de la institucionalidad democrática venezolana.
@gestiondecambio

sábado, 21 de enero de 2017

Merece destacar: Ocariz: Este año haremos más de 800 obras vía presupuesto participativo

El costo real de cada obra para 2016, era equivalente a 1 millón de bolívares, dando un total de 345 millones de bolívares
William Dumont
El alcalde del municipio Sucre Carlos Ocariz


El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, anunció que durante 2017 se ejecutarán más de 800 proyectos a través del Programa de Atención Rápida (PAR), que impulsa el ayuntamiento. Tal como lo informó el mandatario local, el presupuesto participativo y el trabajo en conjunto con la comunidad, será una de las prioridades de la gestión para este año.

“El municipio Sucre lo tenemos dividido en zonas, sectores y sub sectores. Para este año vamos a hacer cerca de 800 obras, es decir, cada zona, cada sector y cada sub sector va a contar con al menos una obra vía presupuesto participativo. Son cientos de obras y los vecinos protagonistas de la transformación de su comunidad”, señaló Ocariz.

Durante 2016 el Programa de Atención Rápida entregó aportes para la ejecución de 345 proyectos en comunidades de todas las parroquias. El costo real de cada obra para 2016, era equivalente a 1 millón de bolívares, dando un total de 345 millones de bolívares. Sin embargo, con la metodología de trabajo del programa, se lograron todas las obras por un monto de Bs. 71.876.049,69, ahorrando al Municipio Bs. 273.123.950,31 por concepto de pago de mano de obra calificada y porcentaje de ganancia de las empresas.

“Si usted es un vecino que está preocupado por su comunidad y quiere ser protagonista para tener mejoras en la zona donde vive, aquí tiene las puertas abiertas, sin mirar color político”, precisó el Alcalde.

Durante la jornada, que se llevó a cabo en el Teatro César Rengifo de Petare, 8 comunidades de Barrio Unión, José Félix Ribas, Maca y La Dolorita, recibieron aportes por un total de 2 millones 500 mil bolívares, para proyectos de iluminación, asfaltado y la recuperación de áreas comunes. Asimismo, el Alcalde reconoció la labor de los coordinadores zonales de todas las parroquias, a quienes entregó un diploma por los logros obtenidos en 2016.
NP