jueves, 2 de noviembre de 2017

LOGROS Y DESENCUENTROS DEL MOVIMIENTO VECINAL VENEZOLANO


La acción de los vecinos organizados profundizó los medios de participación y democratizó el sistema político.
Desde sus inicios el movimiento vecinal ha contribuido a la organización comunitaria en función de objetivos altruistas y colectivos. El bien común y la solidaridad han marcado su gestión, aunque no siempre bien aplicadas.
La tensión permanente con el Estado, los partidos políticos y otros sectores no siempre ha sido resuelta de manera positiva. En ocasiones los intereses particulares dentro del propio movimiento dificultan el establecimiento de relaciones de cooperación en al sociedad civil y Estado.
La democratización del sistema político (local) mediante las exigencias de personalización y universalización del sufragio y elección directas autoridades locales significaron un avance estratégico en consolidación de la cultura democrática y participativa en el país.

Su localismo y vocación asistencialista  le hizo fácil presa de la cooptación política-partidista durante los años 80-90 y a partir del 2006 fue cooptado por el  Estado y sus agencias que le emplea como  un operador de ciertos programas públicos.

@gestiondecambio

jueves, 26 de octubre de 2017

NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LUCHA VECINAL EN VENEZUELA


A.- Los comienzos del movimiento vecinal. La etapa popular-asistencialista 1936-1958

La segunda parte de la década de los años treinta fue muy movida en el ámbito político y social, luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, el país despertó de su sometimiento y múltiples manifestaciones sociales y políticas se expresaron con mayor fuerza. El espacio de protesta ganado por el movimiento estudiantil del año 1928 fue aprovechado de manera paulatina por el surgimiento de distintos movimientos sociales como el movimiento obrero y campesino, el de maestros y el de las mujeres; y en ese contexto nace el movimiento vecinal.
En el año 1934, en las barriadas populares de Caracas como Antímano, La Vega y San Agustín del Sur  grupo de base comunitarios que se propusieron dotar de servicios básicos a sus incipientes comunidades urbanas. Esas agrupaciones fueron bautizadas como “Ligas de Colonos”  y que sirvieron  como voceros y representantes de las comunidades ante las autoridades públicas en la tramitación de sus reivindicaciones y demandas son las primeras organizaciones del movimiento vecinal en Venezuela. Más adelante las “Ligas de Colonos” pasan a ser conocidas como las Juntas Profomento y Juntas Promejoras que ratificaron mediante su acción comunitaria el origen popular y reivindicativo en los barrios caraqueños que carecían de todos los servicios públicos.
Durante esta etapa ocurre el primer encuentro entre el movimiento vecinal y las organizaciones político partidistas que vieron en ellas un “semillero de futuros cuadros políticos” para fortalecer su causa ideológica y programática. Incluso desde el propio gobierno López Contreras, se intenta cooptar a los integrantes  de estas entidades sociales para conformar su base organizativa, conocida como Asociaciones Cívicas Bolivarianas. Así Acción Democrática (AD), el Partido Comunista de Venezuela (PCV)  y el Partido Democrático Nacional (PDN) con mayor o menor éxito se acercaron a las Juntas Profomento o Promejoras para controlar su actividad socio-comunitaria.
Las Juntas Profomento o Promejoras tuvieron vigencia hasta finales de la década de los años cincuenta, cuando fueron desplazadas en forma definitiva a partir de 1958 por las Asociaciones de Vecinos. La causa fundamental de su decaimiento fue el desgaste producido por la cooptación partidista e las restricciones impuestas por la dictadura militar entre 1948 y 1958.

B.- El movimiento vecinal y el período de la democracia liberal. Las asociaciones de vecinos como un nuevo actor político y participativo.

A partir de 1958, surgen las asociaciones de vecinos se posicionan de manera progresiva como las formas de expresión dominante del movimiento vecinal. Las asociaciones de vecinos emergieron inicialmente en urbanizaciones; siendo las primeras en conformarse ASOHORIZONTE (1958) y ASOCORALES (1959).
Las asociaciones de vecinos se expandieron por el país, celosas de su autonomía, lograron formar otras entidades para su fortalecimiento y consolidación de sus luchas y reivindicaciones, tales como: La Escuela de Vecinos, la Federación de Asociaciones Civiles de Comunidades Urbanas (FACUR) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Vecinos (CONFEVECINOS).  
Las asociaciones de vecinos tuvieron una importante incidencia en la propia conformación del Estado venezolano. Por ejemplo, su lucha por la democratización del régimen municipal; mediante la elección directa, universal y secreta de las autoridades locales fue exitosa.

C.- El breve lapso de al democracia participativa y protagónica 

A partir  de 1999 y con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, los grupos vecinales y las propias asociaciones vecinales fueron reconocidos como medios de participación y, sujetos de descentralización y transferencia de programas y servicios. De la misma manera, se incorporación otros grupo al marco constitucional como; las  organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos, las empresas comunales, las cooperativas, entre otras (CRBV, 62, 70, 184). Sin embargo, esta cualidad no fue aprovechada.  

D.- El inicio del Estado socialista y comunal 


Desde del año 2006, el Ejecutivo Nacional emprende un impulso y apoyo muy fuerte y progresivo al movimiento vecinal y social del país en todas sus manifestaciones por medio de los consejos comunales, en primer lugar y mediante las comunas.  Con el surgimiento de los Hacia el año 2006 surgen los Consejos Comunales, se logró la cooptación y ocupación del movimiento vecinal y de sus espacios naturales de gestión. El movimiento vecinal  pasó a integrarse en a las instancias  del nuevo Poder Popular (impulsado por el Estado) cuyo objeto fundamental es la construcción del socialismo. Con esta situación  cambió de manera radical el paradigma del movimiento vecinal venezolano. 

@gestiondecambio

martes, 24 de octubre de 2017

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO VECINAL Y COMUNITARIO


Los movimientos vecinales se ubican en el marco de grupos sociales agrupados en la defensa de derechos e intereses vinculados a su calidad de vida en un marco territorial determinado, que pueden asumir diversas formas de organización permanentes o no; según la consecución de los objetivos propuestos. 
Entre las principales características del  movimiento comunitario se pueden resaltar las siguientes; a saber:
El movimiento vecinal se ubica en el ejercicio del derecho a la participación popular en los asuntos públicos; tanto de naturaleza asistencial como de política reivindicativa.
La naturaleza del movimiento comunitario es fundamentalmente local, circunscrita a los límites de su comunidad y parroquia o municipio; aunque su incidencia en los asuntos públicos puede alcanzar ámbitos regionales y nacionales.
El movimiento vecinal es un medio de participación alternativo a la institucionalidad  pública, privada empresarial y partidista. El movimiento vecinal genera sus propios mecanismos de organización e interacción; mediante los cuales trata de cumplir con sus propósitos y objetivos ciudadanos. 
El movimiento comunitario es autónomo, diverso y plural. La autonomía es una cualidad indispensable para que el movimiento vecinal pueda actuar y responder a los intereses comunitarios que debe representar. Su diversidad recoge una amplia variedad de expresiones de lucha vecinal que puede involucrar diferentes públicos y temas. Por otra parte, no tiene una sola expresión; sino que por el contrario, puede cohabitar con otras manifestaciones ciudadanas.
Por último, el movimiento vecinal es competido y competitivo. En primer lugar, puede sufrir la competencia o competir con otras manifestaciones ciudadanas en su entorno natural en el tratamiento de un asunto determinado. En este contexto, el movimiento vecinal puede establecer relaciones de cooperación o de conflicto; tanto con el poder público como con otros actores sociales de su medio ambiente.

Visto desde esta perspectiva, valoramos al movimiento vecinal como una fuerza social voluntaria, autónoma, reivindicativa y con profundas raíces populares vinculadas a las luchas emprendidas en caseríos, barriadas y comunidades; tanto por el mejoramiento de sus condiciones de vida material como por la democratización de la gestión del Poder Público en sus distintos niveles político-territoriales. 
@gestiondecambio

martes, 10 de octubre de 2017

15-O Elecciones de gobernadores y cambio democrático

Más allá del nuevo mapa que pueda surgir del 15-O y, de las cifras nacionales de votos y de abstención que se conozcan ese mismo día, las elecciones de gobernadores constituyen un evento mucho más complejo de lo que se avizora en las redes sociales y en la opinión pública. Sus resultados pueden significar la apertura o no, hacia el cambio democrático que reclama Venezuela; en medio una profunda crisis económica e institucional sin precedentes.
En efecto, este 15 de octubre de 2017 se realizarán elecciones en los 23 estados de Venezuela para elegir en cada uno de ellos sus respectivos gobernadores. Los gobernadores son electos mediante votaciones directas, universales y secretas. Los gobernadores son la autoridad ejecutiva de cada estado y, junto con el Consejo Legislativo, la Contraloría del estado y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, conforman la institucionalidad del Poder Público Estadal.
En esta oportunidad no se elegirán como correspondería y (de manera inexplicable), a los diputados a los Consejos Legislativos; con lo cual los gobernadores (electos o reelectos) contarían con el mismo poder deliberante  escogido en las pasadas elecciones del año 2012. En el presente, tan sólo tres entidades federales poseen gobernadores electos por la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD); mientras que las veinte restantes se encuentran bajo el control del oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV).
En realidad, desde las elecciones del año 2000 y hasta el presente, el PSUV ha mantenido siempre el control político y de la gestión sobre la amplia mayoría de gobiernos estadales de la República; lo que le ha permitido una red institucional de poder e influencia política y económica que ahora dependiendo de los resultados electorales del 15-O, pudiera quebrarse. Esta hegemonía sobre la institucionalidad pública estadal en detrimento de la alternancia, ha propiciado el posicionamiento del centralismo, el clientelismo y la poca transparencia en la gestión de los asuntos públicos regionales.
Tener mayoría en los gobiernos estadales supondría el control del Consejo Federal de Gobierno y en consecuencia, del Fondo Compensación Interterritorial que constituyen órganos constitucionales; cuyo objeto es impulsar la descentralización político-territorial y reducir los desequilibrios de desarrollo entre las regiones del país. En tal sentido, una victoria del bloque democrático que garantice una nueva mayoría en los gobiernos estadales frente al PSUV, tendría además del impacto electoral, otro institucional de amplio alcance que pudiera afectar el modelo de gestión que ha impulsado -desde hace 18 años-, el chavismo en Venezuela.
El impacto institucional de una victoria del bloque democrático supondría una apertura hacia la alternabilidad, la descentralización, el desarrollo de la Hacienda Pública Estadal y de la verdadera participación ciudadana, con el apoyo de la Asamblea Nacional. También cabría la renovación de los Consejos Estadales de Planificación con participación de los representantes de la misma Asamblea Nacional; bajo criterios democráticos, transparentes y participativos.

Por supuesto, y resulta fácil suponerlo, el bloque oficialista no aceptará fácilmente una correlación político-electoral adversa. El gobierno central cuenta con la una batería de instancias burocráticas que sin duda alguna impulsaría, para tratar de reducir su pérdida en las entidades federales. Nos referimos a figuras administrativas como los distritos motores de desarrollo, las áreas estratégicas, las regiones estratégicas o las corporaciones regionales; entre otras. Sin embargo, la estrechez económica-financiera que atraviesa el Estado pareciera dificultar la implementación de medidas como éstas.
La utilización de la vía jurisdiccional; mediante el desconocimiento de algunos resultados desfavorables sería otra opción oficialista que sólo agudizaría aún más la percepción de la naturaleza autoritaria que tiene el gobierno de Maduro; tanto a nivel nacional como internacional. En síntesis, un resultado adverso afectaría en forma severa la difícil gobernabilidad de la actual administración gubernamental del PSUV.
Una propuesta política dirigida a promocionar la abstención en estas elecciones regionales surgió de grupos opuestos a la MUD. La abstención electoral ha sido propuesta con anterioridad; aunque no siempre con éxito. Los primeros en proponer la abstención fueron las organizaciones de ultraizquierda como el PRV y la FALN, en los años sesenta. Luego fue Chávez quien la propuso, ante las elecciones presidenciales de 1993. En el año 2005 correspondió impulsarla al propio bloque democrático en elecciones parlamentarias de ese año. Como punto de partida, cabe señalar que la abstención en las elecciones estadales de 2012 alcanzó un 46%.
La elección de gobernadores supone un inmenso reto para los actores políticos involucrados y para una ciudadanía que quizás acuda al proceso comicial con expectativas de cambio sobrestimadas. Es necesario recordar que, las elecciones del 15-O no están diseñadas para “sacar a Maduro”; pero abstenerse de participar en ellas, contribuirá por el contrario, a su fortalecimiento. En todo caso, el 16-O amencerá Venezuela con una nueva realidad institucional estadal, mucha más compleja y con una gobernabilidad condicionada.  

@migonzalezm

martes, 3 de octubre de 2017

Celebrando el Día del Vecino, 3 de Octubre de 2017


Hoy, 3 de octubre de 2017, en una nueva conmemoración del Día el Vecino, reiteramos con fuerza renovada y esperanza orientadora, nuestro compromiso con la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, como el modelo de vida basado en el respeto pleno de los derechos humanos y la paz y, garante del desarrollo humano  próspero y sustentable.   
La trayectoria de los vecinos y de sus expresiones asociativas siempre se ha caracterizado por su apego a las prácticas democráticas y al impulso de las justas luchas; tanto por el mejoramiento de la calidad de vida de sus caseríos, barrios, urbanizaciones, pueblos y ciudades; así como por la ampliación del ejercicio del derecho a la participación ciudadana de manera responsable e incluyente.
En estos tiempos, de comienzos del siglo XXI, en los que se tratan de imponer prácticas y modelos ajenos a la tradición democrática del pueblo venezolano, resulta una obligación para todos los activistas y líderes sociales y comunitarios el impulso de la acción concertada y unitaria en defensa de la Constitución vigente y la institucionalidad democrática, maltratadas por una visión hegemónica, centralista y autoritaria del gobierno.
En el contexto de la defensa de la institucionalidad democrática, el movimiento vecinal venezolano reclama la restitución del  valor del municipio como actor fundamental del desarrollo nacional. La restitución de la democracia en Venezuela requiere de un municipio fuerte y eficaz en el cumplimiento de sus competencias territoriales y de la prestación de los servicios públicos con la incorporación de los vecinos y sus expresiones asociativas en los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, de acuerdo con la ley.
El relanzamiento de la democracia venezolana pasa por la superación del aislamiento conceptual del desarrollo municipal y, por ende, de su incorporación a agendas globales; tales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 y a la defensa del Derecho a la Ciudad, de creciente vigencia en el mundo actual.
En esta conmemoración del Día el Vecino, reclamamos -por parte de los 335 Concejos Municipales-, la necesaria e inmediata promulgación de ordenanzas que protejan y garanticen los derechos de los vecinos y de sus comunidades como sujetos primordiales de la acción de los gobiernos locales, en un ambiente de respeto mutuo y de establecimiento de relaciones de cooperación y complementariedad.
Reconocemos a la soberana Asamblea Nacional, electa mediante el voto directo, universal y secreto de los vecinos venezolanos, en las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2015, como único órgano del Poder Legislativo Nacional y, le proponemos incorporar dentro de su plan legislativo las leyes y las reformas de leyes destinadas al fortalecimiento de la descentralización, la autonomía municipal y la participación ciudadana.
Hoy, 3 de octubre de 2017, reivindicamos para los vecinos los siguientes derechos:
I.- Los vecinos tenemos derecho a participar en la elección de nuestras autoridades parroquiales, municipales, estadales y nacionales de manera democrática; mediante el voto, directo, universal y secreto
II.- Los vecinos tenemos derecho a participar en la planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas y, en el tratamiento de los asuntos relacionados con nuestra calidad de vida
III.- Los vecinos tenemos derecho a asociarnos de manera libre y autónoma en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses
IV.- Los vecinos tenemos derecho a reunirnos de manera autónoma, libre y pacífica para tratar asuntos de interés comunitario y local
V.- Los vecinos tenemos derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; así como a presentar solicitudes y propuestas de inversión local; por ante las autoridades competentes
VI.- Los vecinos tenemos derecho a utilizar los medios de participación y las instancias de atención ciudadana contempladas en la Constitución Bolivariana de Venezuela del año 1999
VII.- Los vecinos tenemos derecho al emprendimiento y al desarrollo de formas de economía popular y comunitaria, sin más requisitos que los exigidos por las ordenanzas municipales
VIII.- Los vecinos tenemos derecho al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas; por parte de las autoridades a nivel parroquial, local, estadal y nacional
IX.- Los vecinos tenemos derecho a un medio ambiente sano, en el marco de políticas, programas y proyectos enmarcados dentro de la sostenibilidad y la sustentabilidad
X.- Los vecinos tenemos derecho a la prestación por parte del municipio y demás entidades públicas y privadas de servicios públicos de calidad y de programas sociales eficaces e incluyentes
XI.- Los vecinos tenemos derecho a la garantía y a la protección de nuestros derechos individuales y colectivos y al reconocimiento de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que amparen a los mismos
Saludos y felicitaciones a todos los vecinos y vecinas en su día; que extendemos a todos los activistas y voceros de los movimientos sociales y comunitarios que comparten la lucha de cada día por una comunidad democrática, libre y próspera; base de la Venezuela que aspiramos todos.

Caracas, 3 de octubre de 2017


lunes, 25 de septiembre de 2017

APOYANDO A LA GENTE QUE PROPONE



El programa "La gente propone” está enmarcado en el proceso de redefinición y transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y las comunidades organizadas que se adelanta en nuestro país; desde una óptica ciudadana y popular en la vía hacia un nuevo paradigma en la gestión pública. El programa es una iniciativa del Grupo CESAP que se viene desarrollando de manera exitosa en 18 municipios del país.

El pasado 20 de septiembre, nos correspondió participar en el conversatorio "Municipio y Participación Ciudadana" auspiciado por el Grupo CESAP y la organización no gubernamental "La Casa del Nuevo Pueblo" en el marco del lanzamiento de este programa en el municipio Valencia.

Queremos agradecer desde AC "Gestión de Cambio" a toda la gente del equipo CESAP, La Casa del Nuevo Pueblo y Fundasocial de la Alcaldía de Valencia por la atención y apoyo recibido. Gracias, un buen abrazo para todos.




jueves, 27 de julio de 2017

Participación ciudadana y municipio (2/2)

Participación ciudadana y municipio

En el ámbito municipal, la acción de la ciudadanía se hace sentir con mayor frecuencia y rigurosidad; pues el gobierno local constituye -sin lugar a duda-, la representación estatal más cercana a las personas, a los vecinos, a los ciudadanos. De acuerdo a nuestra Carta Magna, el municipio constituye la “unidad política primaria de la organización nacional” e incluye la participación ciudadana en su gestión de gobierno (CRBV, artículo, 168). Visto de esta manera, el municipio es base de un Estado descentralizado y democrático.

El Poder Público Municipal está organizado con base a cuatros funciones; a saber: i) la función de gobierno y la administración municipal corresponden al alcalde o alcaldesa, quien es la primera autoridad civil del municipio y, por lo tanto, el jefe del gobierno en ese ámbito político-territorial (CRBV, artículo, 174); ii) la función legislativa y deliberante corresponde al Concejo Municipal (CRBV, artículo, 176); iii) la función de control le toca a la Contraloría Municipal (CRBV, artículo, 176); y, iv) la función de planificación se comparte con el Consejo Local de Planificación Pública (CRBV, artículo, 182).
 
A esta organización del Poder Público Municipal, se agrega la creación de mecanismos legales flexibles para que los municipios descentralicen y transfieran a comunidades y grupos vecinales organizados, aquellos servicios que puedan gestionar; previa demostración de su capacidad (CRBV, artículo, 184).

Las competencias de los municipios están consagradas de manera clara y precisa en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, sobre cada una de ellas se aplica la participación ciudadana. Esas competencias son las siguientes:

1. La ordenación territorial y urbanística, el patrimonio histórico, la vivienda de interés social, el turismo local, los parques y jardines, las plazas, los balnearios y otros sitios de recreación, la arquitectura civil, nomenclatura y orden público.
2. Vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos del municipio.
4. Protección del ambiente y cooperación en el saneamiento ambiental, el aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.
5. Salubridad y atención primaria de la salud, los servicios de atención a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, la educación preescolar, los servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, las actividades e instalaciones culturales y deportivas, los servicios de prevención y protección, la vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.
6. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, las alcantarillas, la canalización y la disposición de aguas servidas, los cementerios y los servicios funerarios.
7. La Justicia de paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal; conforme a la legislación nacional aplicable.


El proceso técnico de la participación en la gestión municipal
La participación ciudadana en la gestión gubernamental municipal, y en cada de sus competencias y atribuciones conlleva la realización de tres “procesos técnicos”. Cabe agregar que, en cuanto al ejercicio de la participación ciudadana la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) es muy precisa, no sólo porque un 25% del total de sus 282 artículos estén referidos de manera directa a este derecho ciudadano; sino que desde sus disposiciones generales se expresa esa intención institucional. Además, la arquitectura institucional del municipio está estructurada para relacionarse de manera abierta con sus ciudadanos.

Desde un punto de vista “técnico-institucional”, la participación en la gestión pública local no difiere tanto de los métodos de aplicación en el ámbito nacional y estadal; salvo por sus dimensiones y su relevancia. En tal sentido, podemos recordar que esos procesos son similares:

1.- la participación en formación de programas públicos,
2.- la cogestión de esas políticas y programas y,
3.- la participación en el control de la ejecución de políticas públicas.

La incidencia ciudadana en la formación de los asuntos públicos se realiza mediante la presentación de iniciativas, propuestas, recomendaciones e incluso proyectos a las autoridades públicas; por parte de los ciudadanos. La cogestión de programas y políticas se realizará por medio de mecanismos de cogestión, establecimiento de convenios de gestión, la descentralización y la privatización. Mientras que el control ciudadano de la gestión gubernamental conlleva la fiscalización y evaluación de la actividad institucional, en cuanto a la ejecución de determinados programas gubernamentales.

La cercanía del gobierno municipal con sus ciudadanos, ofrece la oportunidad de incentivar los procesos participación ciudadana en cada uno de sus componente funcionales (ejecutivo, legislativo, control y de planificación) contribuyendo a que la gestión gubernamental local sea más transparente y democrática; y propicie un mayor aprovechamiento de las potencialidades y recursos territoriales y así propiciar el desarrollo de la entidad.


Los medios de participación en el municipio
El municipio posee un conjunto de medios de participación popular de distinto alcance para que los ciudadanos; tanto de manera individual como colectiva manifiesten de manera autónoma su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y en general su voluntad en asuntos de interés colectivo. Nuestra experiencia no indica que deben mejorarse la aplicación de los medios de participación, pues en nuestros recorridos por el país nos hemos encontrado que la población no los conoce o los considera poco útiles. Se pierden así posibilidades para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el mejoramiento de la calidad de vida y el incremento de la gobernabilidad democrática en los municipios venezolanos. De paso, la participación no debe restringirse a mecanismos burocráticos y partidistas o a pequeños círculos. Por el contrario, a las instancias de participación deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas. Los gobiernos locales deben cumplir con su obligación de promocionar y difundir el uso de los medios de participación establecidos en el marco legal.

Lamentablemente, no existe en el país una evaluación precisa y completa de la aplicación, el alcance y la eficacia de las prácticas participativas impulsadas desde la sociedad civil o de las políticas públicas de participación en los municipios. Con esos estudios quizás, se podrían formular lineamientos para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales en ese sentido. Pese a ello, no cabe duda, que el municipio continúa ofreciendo ventajas históricas y sociales como espacio territorial para impulsar una gestión incluyente, participativa y descentralizada. Esas ventajas deben ser aprovechadas para reforzar la gobernabilidad democrática municipal y la ciudadanía. Una de las formas más efectivas para defender la autonomía municipal es mediante la construcción de una ciudadanía consciente de sus derechos y exigente de una gestión gubernamental local abierta, cercana y transparente. Esa ciudadanía estará siempre defendiendo a sus municipios y sus autoridades legítimas.

Las alcaldías, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los CLPP en alianza con los ciudadanos deberían impulsar la revisión, diseño y lineamientos y ordenanzas en materia de participación que comprenderían los siguientes asuntos de interés local: la propia participación ciudadana, el acceso a la información ciudadana y la transparencia pública, la contraloría social, el presupuesto participativo, el gobierno electrónico, el enfoque de derechos para las políticas púbicas locales y los programas de inversión privada bajo el esquema de la responsabilidad social empresarial; entre otros.

La descentralización y la participación ciudadana en el municipio
Un último aspecto relacionado con la participación ciudadana y el municipio se ubica en el tema de la descentralización de programas específicos de servicios públicos municipales a las comunidades y grupos vecinales organizados. Esta posibilidad se encuentra en directa concordancia con los postulados establecidos en el artículo 184 de la Constitución vigente (que comentamos al principio de este papel de trabajo); así como también con los aspectos referidos a los convenios de gestión establecidos en la Ley Orgánica del Poder Público.

La descentralización de programas y servicios hacia comunidades, grupos vecinales organizados -y ahora también consejos comunales-, supuso un avance significativo para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre la sociedad organizada y el Estado. La descentralización y la transferencia de servicios y recursos serán reversibles. Entre los requisitos que deben demostrar las comunidades y grupos vecinales organizados se encuentran los siguientes:

1.- La capacidad legal
2.- La formación profesional o técnica en el área relacionada con el servicio
3.- Experiencia previa en la gestión de servicios públicos o en áreas afines al servicio solicitado
4.- Comprobación por certificación emitida por el municipio de los planes de formación ciudadana
5.- Comprobación por certificación emitida de curso en área
6.- Legitimidad ante la comunidad involucrada
7.- Presentación del proyecto

Sobre los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)

En el marco de las consideraciones sobre la participación ciudadana y el municipio debemos referirnos a los consejos locales de planificación pública (CLPP), que de paso forman parte del Poder Público Municipal, como uno de sus componentes funcionales, aunque los propios actores locales no parecieran entenderlo.

Según la ley que los rige, el Consejo Local de Planificación Pública, es la instancia de planificación del municipio y el órgano encargado de diseñar el plan municipal de desarrollo y demás planes municipales, en concordancia con los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; garantizando la participación popular y articulación con el sistema nacional de planificación. (LCLPP, artículo 2).

Entre sus funciones podemos citar las siguientes:

1. Impulsar coordinación y participación en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo y otros planes del municipio.
2. Articular el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estadal de Desarrollo y Planes de la Comunas y Planes de los Consejos Comunales.
3. Promover y aprobar procesos de descentralización y transferencia de competencias desde el municipio y las comunas, consejos comunales, organizaciones socio-productivas y organizaciones sociales.
4. Crear programas de capacitación para los ciudadanos y comunidades.
5. Garantizar que el proceso de formulación del presupuesto de inversión municipal se realice mediante el mecanismo del presupuesto participativo.

6. Elaborar banco de proyectos sobre los recursos reales y potenciales del municipio.

Lamentablemente la evolución de los CLPP no ha sido favorable pues su desarrollo institucional ha venido siendo debilitado en sus escasos 15 de vida oficial. Un antecedente directo de los CLPP lo encontramos en 1998 con la propuesta formulada por FUNDACOMUN para la creación de unos Consejos Consultivos Parroquiales. Los Consejos Locales de Planificación Pública, se crean en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 182 que expresa:

"Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes de las Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.”

La primera Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública fue promulgada en 2002 (Gaceta Oficial N° 37.463 del 12 de junio de 2002). En 2005, con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los CLPP se consolidan como un componente institucional del poder municipal. Sin embargo, en 2006, se separan los consejos comunales del ámbito del CLPP y del municipio y se reducen sus atribuciones. En 2010, se reforma de nuevo ley y se convierte a los CLPP en instancias para la construcción del socialismo y de tutela de la participación ciudadana. Por último en 2015, y en una nueva reforma de su ley se restringe su integración solo a voceros de comunas; con lo cual casi se decreta su muerte institucional.

En nuestra opinión los Consejos Locales de Planificación Pública sufrieron un bloqueo por parte de los propios actores locales tanto gubernamentales como ciudadanos, que no supieron comprender sus posibilidades reales de órgano para la participación y co-gobierno municipal. Mediante sucesivas reformas legales y bajo una visión centralista y clientelar, el CLPP:

1. Pasó de ser un órgano para la planificación integral del municipio a una instancia para construir el socialismo.
2. Cambió la forma de elección directa de sus miembros hacia un modelo de selección semi-directo que favorece ahora a las comunas.
3. Modificó su integración plural y ciudadana por una conformación cooptada y orientada a favorecer solo a organizaciones de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Una de las tereas del movimiento vecinal y de las autoridades públicas locales comprometidas con la participación ciudadana es impulsar el rescate de los Consejos Locales de Planificación Pública. En realidad, los propios municipios y sus ciudadanos necesita de:

1.- CLPP que viabilicen y fortalezcan la gestión de gobierno en nuestros municipios.
2.- CLPP comprometidos con la autonomía municipal y la descentralización.
3.- CLPP que sirvan para la planificación y desarrollo sostenible y sustentable de nuestros municipios.
4.- CLPP que contribuya a la organización y participación democrática de los ciudadanos, de las comunidades y de los movimientos sociales.
5.- CLPP que impulsen la formación democrática, el diálogo ciudadano y la cohesión social.


Algunas condiciones institucionales para el desarrollo efectivo de la participación ciudadana

La participación como derecho humano, como evento ciudadano, como proceso social y como nuevo paradigma de gestión gubernamental requiere del cumplimiento de una serie de condiciones institucionales para su ejercicio pleno. Al Estado venezolano le corresponde garantizar su cumplimiento, en cada una de sus ramas y en cada uno de sus niveles político-territoriales. Veamos algunas de ellas.
Una primera condición institucional es que la práctica se desarrolle en el contexto ético. La práctica de la participación debe corresponderse con el bien común, con el servicio a la ciudadanía, con el cumplimiento de la ley y al mejoramiento de la administración estatal. Esta condición ética abarca también a la ciudadanía en su relación el Estado, en la que debe prevalecer la responsabilidad, la honestidad y justamente la construcción de una ciudadanía basada en los valores democráticos.
Un segunda condición institucional es la indispensable existencia de un marco legal democrático, que sustente, promueva y apoye el ejercicio de la participación de los ciudadanos en forma directa o semi-directa (a través de sus asociaciones y/o representantes) en un ambiente de igualdad, de no discriminación, de transparencia, que comprenda procedimientos sencillos y que pueda ofrecer respuestas oportunas.
En tercer lugar, la participación ciudadana requiere del desarrollo de programas educativos dirigidos a elevar las capacidades cívicas y participativas de los ciudadanos y ciudadanas, de las comunidades y de los sectores sociales organizados, en un marco democrático, plural y libre. Pero también y vinculado al punto anterior, el proceso participativo exige la puesta en marcha de un proceso de capacitación y adiestramiento de los miembros de las burocracias públicas, como contraparte directa de los procesos y eventos técnicos que se derivarán de la nueva condición participativa de la administración estatal.
En cuarto lugar, el Estado y sus instituciones deberán facilitar los recursos organizativos, técnicos y tecnológicos, informativos e informáticos y los espacios físicos para el cumplimiento eficaz de los procesos de participación ciudadana. Al Estado, le corresponde garantizar una adecuada organización de los procesos de consulta pública o ciudadana; señalando con claridad sus formas de realización y, de la misma manera, las técnicas que serán empleadas en los procesos de deliberación y consulta para que sean entendidos por todos los que participen en tales procesos.
El uso de nuevas tecnologías y de recursos informáticos siempre será favorable; sin embargo, su aplicación dependerá de las capacidades institucionales de las agencias estatales. Una condición indefectible es la difusión informativa de la apertura, condiciones, realización y resultados de procesos de participación ciudadana. El acceso a la información pública que también es un derecho humano está asociado directamente al ejercicio de la participación. Cabe agregar que, el marco legal venezolano establece la rendición de cuentas de sus acciones a las autoridades públicas; por ende, los procesos de participación iniciados por la interacción de la ciudadanía y el Estado están sujetos a ese principio y, por lo tanto la administración debe hacer público su resultado.
Una quinta condición es la dotación en forma oportuna y suficiente; por parte del Estado de los recursos presupuestarios para garantizar el funcionamiento de los distintos órganos constitucionales de participación ciudadana territorial. En este aspecto nos referimos a los casos del Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185), los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CRBV, artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación Pública (CRB, artículo 182), que son entidades públicas.
Por último, y no por ello menos importante parece necesario e importante destacar que la voluntad y compromiso de las autoridades públicas para apoyar, impulsar y promover la participación ciudadana es un elemento fundamental. Sin unas autoridades comprometidas con el ejercicio a la participación de la ciudadanía, estos procesos se harán más dificultosos e incluso problemáticos. El mayor antídoto frente a una posible abulia oficial la representa un movimiento ciudadano consciente de sus derechos y organizado, que no se deje arrebatar los procesos y espacios institucionales que le corresponden.

Bibliografía consultada
.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453 del 24 de Marzo de 2000. Caracas. Venezuela.
.- Aponte Blank, Carlos. La participación comunitaria en la política social venezolana: 1999-2012. En Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. N°2. Caracas. Venezuela. 2015.
.- Cunill, Nuria. Las políticas con enfoques de derecho y su incidencia en la institucionalidad pública. Revista de Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).N°46. Febrero, 2010. Caracas. Venezuela.
.- González Marregot, Miguel. Tras la pista de la participación ciudadana. En “En búsqueda del Estado de derecho”. Colección Derecho y Hechos. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela. 2015.
.- González Marregot, Miguel. La participación ciudadana en un contexto de desmunicipalización. Ponencia presentada en curso “Construcción de Ciudadanía”. Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente (IUTSO). Asociación Anzoátegui Plural. Barcelona. Venezuela. 2017.
.- Díaz, Jorge Luis. González Marregot, Miguel. Olivares Jorge Luis. La descentralización y la participación ciudadana en el municipio venezolano. Descentralización Gestión Pública y Derechos Sociales. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Asociación Civil Convite. Caracas. Venezuela. 2010.
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.- Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.184 del miércoles 3 de Junio de 2015.
.- Programa de la Patria. Segundo Plan Socialista para la Gestión Socialista. Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 2012. Caracas. Venezuela.

Fe de erratas: estimados lectores, disculpen errores de diagramación pero algún duendecillo me impide hacer correcciones y ajustes en el texto. Gracias.