La reconciliación
política y social se presenta como un requisito fundamental para la
reconstrucción de un país roto y fragmentado, como el nuestro. La
reconciliación puede significar un reencuentro positivo de adversarios y, aún
mucho más allá, puede ser el inicio de una paz corresponsable que signifique la
rearticulación de la sociedad en su conjunto; bajo un paradigma de desarrollo que
combine la acción del Estado, la función del mercado y el papel de las
organizaciones sociales y comunitarias.
Venezuela a lo largo de su
historia registra varias experiencias en materia de reconciliación; tanto de
naturaleza política-institucional como por iniciativa ciudadana. Esas
experiencias estuvieron destinadas a facilitar el acercamiento de las partes en
conflicto. Ya en el año 1819, la Constitución de la Gran Colombia incluía a la
Justicia de Paz como un medio alternativo para la resolución de conflictos
menores; en 1820 -y en medio de la guerra de independencia-, Bolívar y Morillo
firmaron en la ciudad de Trujillo, el Tratado de Regularización de la Guerra,
que luego se constituiría en el principal antecedente del actual Derecho
Internacional Humanitario. Otro gesto conciliatorio ocurrió en 1827, cuando el
Congreso de la Gran Colombia aprobó la Ley
Declarando un Olvido Perpetuo a los sucesos del año anterior (1826); dichos
eventos estuvieron relacionados con la desobediencia del general José Antonio Páez
al Congreso de Colombia. En el año 1830, ya como República de Venezuela, la
Constitución rescató la Justicia de Paz Parroquial como un medio de
conciliación. En 1863, se firma y se ratifica el Tratado de Coche que puso fin
a la Guerra Federal, conflicto que deja tras de sí miles de muertos. El Tratado
de Coche fue ratificado por los generales José Antonio Páez y Juan Crisóstomo
Falcón.
En
el siglo pasado también hubo importantes eventos de reconciliación política y
social. El Pacto de Punto Fijo acordado por Rómulo Betancourt (AD), Jóvito
Villalba (URD) y Rafael Caldera (COPEI) y firmado en 1958, fue uno de ellos.
Dicho pacto político sentó las bases del sistema democrático en el país. En
1968 se implementó la Pacificación como una estrategia política que permitió la
reincorporación a la vida política a aquellos sectores que habían optado por la
lucha armada en el país. Un acto trascendente en el ámbito social ocurrió en el
barrio caraqueño Catuche en el año 1990, cuando un grupo madres se
constituyeron en asamblea y lograron imponer unas normas de convivencia que
detuvieron la violencia entre la bandas armadas de esa comunidad. El
reconocimiento de la Justicia de Paz en el marco de la Constitución de 1999
representó otro aspecto importante para el asentamiento de una cultura de paz y
de reconciliación en Venezuela.
También
en nuestro siglo XXI hemos tenido algunos intentos de diálogo y reconciliación;
aunque sin mucha fortuna. Durante 2003, y luego del golpe del año anterior se
instaló una mesa de diálogo que reunía representantes del gobierno nacional, el
empresariado, sindicatos, partidos políticos y sociedad civil; bajo la facilitación
de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el transcurrir de estas dos
últimas décadas varias organizaciones internacionales han intervenido durante
este período en procesos de intercambio tendentes a lograr una reconciliación
en el país; tales como: el Centro Carter, el PNUD, la Unión Europea. También y
con el mismo propósito han intervenido otras naciones del propio hemisferio y
del viejo continente. Sin embargo, y a diferencia de otros antecedentes
históricos los resultados han sido de poca eficacia política.
¿Puede
entonces constituir la reconciliación una alternativa viable para rescatar la
democracia, como modelo de vida frente a un gobierno autoritario? Al respecto hay
que considerar que la reconciliación ni se compra ni se vende; sino que
constituye una oportunidad que surge cuando las partes en conflicto comprenden
que la paz es mucho más razonable y constructiva que mantener un conflicto que les
va a generar más pérdidas que beneficios. Quizás en nuestro país factores en
conflicto no se hayan convencido aún de ello. Además, la polarización social
puede resultar beneficiosa para mantener el “status quo”. Así que, mientras la
población siga dividida y ajena al ejercicio de sus derechos ciudadanos, los
factores que detentan el poder salen favorecidos y mantienen sus privilegios.
Soy
de aquellos que valoran como ideal el desarrollo de las sociedades basado en la
participación libre y responsable de los distintos factores que la conforman y, eso no está ocurriendo en Venezuela. La
severa crisis político-institucional que atraviesa nuestra nación requiere de
la articulación de esfuerzos de las organizaciones sociales y comunitarias y, también
de los partidos políticos dedicados a reconstruir el
tejido asociativo como medio de reconciliación en cada espacio y en cada rincón
de Venezuela.
Cientos
de organizaciones sociales y comunitarias emprenden cada día acciones dirigidas
a edificar lazos de reencuentro ciudadano en su entorno respectivo. Es cuestión
de unir esfuerzos, de intercambiar experiencias, de consolidar espacios de
cohesión y de avanzar sin temor hacia el futuro que merecemos todos, sin exclusión
alguna.
@migonzalezm
Baruta hoy, 19 de agosto celebra el 400 aniversario de su fundación ocurrida en 1620. Baruta
fue fundada como un pueblo de indios. Su primer nombre fue San Francisco de
Paula. En 1655, cuando fue
terminada su iglesia pasó a llamarse Villa de Nuestra Señora del Rosario de
Baruta.
Su fundación obedeció a la política general de la Corona española de
reducción y reagrupamiento territorial de los indios decretada por el rey
Felipe III en 1618. Aquel pequeño poblado evolucionó hasta el presente y se
convirtió en una localidad llena de dinamismo y modernidad.
La principal fortaleza de Baruta primero como pueblo y luego como municipio (a
partir de 1987) ha sido una intensa vida asociativa basada en la presencia
firme de una diversidad de organizaciones comunitarias muy preocupadas por la
construcción de ciudadanía. Felicitaciones!
