Decisiones de los gobernantes siempre deben estar bajo el escrutinio público, digamos que es ley natural del ejercicio de gestión pública. Por supuesto, siempre ocurrirá que ese escrutinio sea manipulado por intereses políticos. Pero eso es parte del paquete político.
En casos de tragedias o calamidades sociales el control ciudadano no puede ser omitido, es decir, esos eventos no deben ser utilizados como excusa para la limitación discrecional de derechos.
A gobernantes como Donald Trump (USA) o Pedro Sánchez (España) en sistemas políticos abiertos se les aplica un escrutinio público muy fuerte, lo cual es positivo, aunque a ellos y sus partidarios les moleste. Pero hay que ejercer ese escrutinio (contraloría desde la sociedad) como un medio de transparencia y de exigencias de respeto a los derechos humanos por parte de los gobernantes.
En Venezuela el escrutinio público es muy limitado pues hay una acentuada censura informativa e incluso se aplica la persecución y detención de aquellos actores políticos y sociales que pudieran ejercer un seguimiento a las ejecutorias del gobierno. Por ende, tenemos una sociedad desinformada y una gestión pública basada en la opacidad.
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