Proyecto Venezuela afirma que el texto elimina a las alcaldías y a las gobernaciones
|
Proyecto
Venezuela exige al TSJ anular ley que obliga a gobernaciones y
alcaldías a entregar sus competencias a las comunas ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO
| EL UNIVERSAL
jueves 28 de junio de 2012 12:00 AM
Tras consignar ante la Sala Constitucional del máximo juzgado su recurso contra el instrumento que obliga a estados y municipios entregar los servicios que gestionan a empresas comunitarias o consejos comunales bajo la supervisión del Consejo Federal de Gobierno, el dirigente del partido del Sol, Alfredo Romero, afirmó que el mismo carece de validez toda vez que presenta un error en su título.
"Lo que se publicó en Gaceta Oficial no fue el decreto con rango y fuerza de ley sino el proyecto de decreto. Un proyecto de decreto no puede considerarse en modo alguno como el texto en sí", señaló.
Ciertamente en la Gaceta extraordinaria número 6.079, de fecha 15 de junio, apareció el decreto presidencial número 9.043, pero en el mismo anuncia que se dicta el "Proyecto de Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones".
Para Romero el desliz en la denominación de la norma la invalida. "La nulidad del propio decreto que intenta transferir, en forma arbitraria e inconstitucional, competencias de las alcaldías a grupos controlados por el Gobierno Nacional está en su propio título".
Otras objeciones
Además del enunciado del texto, el penalista consideró que el contenido del mismo también debería bastarle a los siete magistrados de la Sala Constitucional para que lo anulen.
"Este proyecto viola el sistema político territorial establecido en la Constitución", aseveró y acto seguido agregó: "Nadie pretende que se elimine el esquema de descentralización o de desconcentración a los grupos vecinales y comunitarios. Aquí lo que se pretende es que los entes de control que son las alcaldías y gobernaciones participen en este proceso, pues es conocido que muchos consejos comunales se han corrompido y que muchos son controlados por el Poder Nacional. Para nadie es un secreto que para constituir un consejo comunal es necesario ponerse una franela roja".
Romero recordó que la Constitución de 1999 establece que Venezuela es un Estado federal y descentralizado y obliga al Poder Público Nacional a transferir sus competencias a las regiones, las cuales a su vez tendrán que entregarlas a los municipios; y por último éstos las comunidades organizadas. No obstante, recordó que el Gobierno central ha hecho caso omiso a dicho mandato.
"El esquema de descentralización implica, por ejemplo, la descentralización de los servicios penitenciarios a los entes regionales y eso no se ha cumplido", aseveró el dirigente de Proyecto Venezuela.
Esta demanda es la primera que el máximo juzgado del país recibe en contra de las leyes que el presidente Chávez dictó en uso de la Ley Habilitante que el anterior Parlamento le otorgó en diciembre de 2010 y la cual venció este 17 de junio.
jalonso@eluniversal.com
