sábado, 20 de octubre de 2012
Advierten que los consejos educativos abren las puertas politización escolar
Los directores de los colegios ven disminuida su cuota en la toma de decisiones | Omar Véliz
Publicaron en Gaceta Oficial normas para comunidades educativas. El decreto establece la creación
20 de octubre 2012 - 12:01 am
A principios de 2012 circularon anuncios en la prensa sobre la discusión de nuevas normas para las comunidades educativas. El 16 de octubre, en Gaceta Oficial 40029, se hicieron oficiales las sospechas: fue publicada la Resolución 058 del Ministerio de Educación, que establece otros criterios de participación en los planteles.
El instrumento legal deroga la Resolución 751, vigente desde 1986. La figura de las sociedades de padres desaparecerá, y será sustituida por el consejo educativo, integrado por representantes, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y obreros. También podrán participar personas ajenas a la escuela, que pertenezcan a alguna organización comunitaria de la zona. Cada institución decidirá la cantidad de miembros.
La resolución, que rige para colegios públicos y privados, establece que voceros comunitarios tendrán injerencia en la escuela. Los consejos educativos contarán con un mínimo de 10 comités –una estructura muy parecida a la de los consejos comunales–, y en Asamblea Escolar decidirá todos los asuntos de la institución, como los proyectos escolares, las evaluaciones de desempeño, el funcionamiento del programa de alimentación y otros.
Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, ve con preocupación que exista un afán de politizar la educación: “La resolución habla de un modelo sociopolítico y de poder popular, que no tiene nada que ver con el derecho de los niños. Todo el documento indica que hay que velar por la educación ciudadana, pero no dice nunca que el foco sea mejorar la gestión escolar”. Agrega que el problema no es que participen otras personas de la comunidad, sino que el objetivo de la resolución desvirtúa el sentido de la escuela.
Jaime Gallardo, integrante de la red, dice que la resolución carece de conceptos como educación y ciudadanía o mejoras académicas. En lugar de eso, apunta, el documento habla de los nuevos ciudadanos, la democracia protagónica y la doctrina bolivariana.
Para Nancy Hernández de Martín, integrante de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, la resolución sólo se dirige hacia un modelo de pensamiento: “La escuela pierde su razón de ser y se convierte en un centro de adoctrinamiento. La intención de esta normativa es destruir la escuela como lugar de conocimiento”.
Directores disminuidos
En el proceso para definir el consejo educativo, los directores de las escuelas sólo tienen derecho a un voto. Eso quiere decir que los directivos, que ahora son la máxima autoridad en las instituciones educativas, pierden poder. Gallardo señala que si los miembros del consejo llegan a acuerdos, pueden anular las decisiones y criterios de los directores.
Hernández de Martín indica que la mayoría podrá decidir acciones que no necesariamente se vinculen con las necesidades pedagógicas de la escuela. “Este no es el modelo educador que queremos”, asegura.
Vega agrega que el problema de esta estructura es que la comunidad educativa se recarga de responsabilidades que quizás no pueda cumplir Por ejemplo, dice, los padres o los docentes no podrán abandonar sus trabajos para resolver problemas puntuales de la escuela.
Indica que este modelo puede funcionar en algunas instituciones, pero que esa debería ser una decisión de cada institución. Es decir, el problema es que se impone una estructura que no necesariamente es la más adecuada para todas las escuelas. “No se puede aplicar una sola forma de participación para todo el mundo. Cada centro puede decidir sus formas de participación”, indica. Gallardo apunta que deberían existir instrumentos legales que atiendan las diferencias de cada plantel: los requerimientos de una escuela pública no son los mismos que los de una privada o subsidiada.
Intentos frustrados
La reforma de la Resolución 751 sobre comunidades educativas, publicada en noviembre de 1986, es un proyecto que el Gobierno central manejaba desde hace años pero que no había podido cristalizar. En octubre de 2000, por ejemplo, circuló un papel de trabajo, de manera extraoficial, en el que se proponían cambios de la normativa. Se indicaba –según reseñas de prensa– que debía existir otra forma de organización escolar, en la que participaran las comunidades.
Los gremios y asociaciones protestaron porque consideraron que existía una intención de politizar la escuela. Ese proyecto nunca se materializó. En 2002 circuló de nuevo una propuesta de reforma, en la que se establecían las asambleas escolares como instancias de decisión. También hubo rechazo e, incluso, la directora de Comunidades Educativas de ese momento, Xiomara Lucena, envió comunicados para señalar que sólo se trataba de rumores.
Ese mismo año, Lucena informó que sí se modificaría la Resolución 751, pero que lo harían a través del consenso. En 2005 se discutió un proyecto que, entre otras cosas, proponía la implantación de la república escolar: la organización de la escuela seguiría un modelo parecido al del Estado venezolano –con ministerios, alcaldías–.
Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, señaló que en esa ocasión la organización participó en el debate. Indicó que Lucena defendía el Estado docente y que la república escolar era un modelo interesante, pero poco práctico. “Eso no se concretó. Ese año nosotros entregamos una propuesta de resolución en el ministerio, pero más nunca se habló de eso hasta ahora”, aseguró Vega.
El dato
Las organizaciones de padres señalan que no fueron convocadas a la discusión de la Resolución 058. Sin embargo, el instrumento indica que esas disposiciones podrán modificarse en el plazo de un año. Jaime Gallardo, integrante de la Red de Madres, Padres y Representantes, señaló que, con base en esa norma, harán una consulta para presentar otra propuesta
El instrumento legal deroga la Resolución 751, vigente desde 1986. La figura de las sociedades de padres desaparecerá, y será sustituida por el consejo educativo, integrado por representantes, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y obreros. También podrán participar personas ajenas a la escuela, que pertenezcan a alguna organización comunitaria de la zona. Cada institución decidirá la cantidad de miembros.
La resolución, que rige para colegios públicos y privados, establece que voceros comunitarios tendrán injerencia en la escuela. Los consejos educativos contarán con un mínimo de 10 comités –una estructura muy parecida a la de los consejos comunales–, y en Asamblea Escolar decidirá todos los asuntos de la institución, como los proyectos escolares, las evaluaciones de desempeño, el funcionamiento del programa de alimentación y otros.
Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, ve con preocupación que exista un afán de politizar la educación: “La resolución habla de un modelo sociopolítico y de poder popular, que no tiene nada que ver con el derecho de los niños. Todo el documento indica que hay que velar por la educación ciudadana, pero no dice nunca que el foco sea mejorar la gestión escolar”. Agrega que el problema no es que participen otras personas de la comunidad, sino que el objetivo de la resolución desvirtúa el sentido de la escuela.
Jaime Gallardo, integrante de la red, dice que la resolución carece de conceptos como educación y ciudadanía o mejoras académicas. En lugar de eso, apunta, el documento habla de los nuevos ciudadanos, la democracia protagónica y la doctrina bolivariana.
Para Nancy Hernández de Martín, integrante de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, la resolución sólo se dirige hacia un modelo de pensamiento: “La escuela pierde su razón de ser y se convierte en un centro de adoctrinamiento. La intención de esta normativa es destruir la escuela como lugar de conocimiento”.
Directores disminuidos
En el proceso para definir el consejo educativo, los directores de las escuelas sólo tienen derecho a un voto. Eso quiere decir que los directivos, que ahora son la máxima autoridad en las instituciones educativas, pierden poder. Gallardo señala que si los miembros del consejo llegan a acuerdos, pueden anular las decisiones y criterios de los directores.
Hernández de Martín indica que la mayoría podrá decidir acciones que no necesariamente se vinculen con las necesidades pedagógicas de la escuela. “Este no es el modelo educador que queremos”, asegura.
Vega agrega que el problema de esta estructura es que la comunidad educativa se recarga de responsabilidades que quizás no pueda cumplir Por ejemplo, dice, los padres o los docentes no podrán abandonar sus trabajos para resolver problemas puntuales de la escuela.
Indica que este modelo puede funcionar en algunas instituciones, pero que esa debería ser una decisión de cada institución. Es decir, el problema es que se impone una estructura que no necesariamente es la más adecuada para todas las escuelas. “No se puede aplicar una sola forma de participación para todo el mundo. Cada centro puede decidir sus formas de participación”, indica. Gallardo apunta que deberían existir instrumentos legales que atiendan las diferencias de cada plantel: los requerimientos de una escuela pública no son los mismos que los de una privada o subsidiada.
Intentos frustrados
La reforma de la Resolución 751 sobre comunidades educativas, publicada en noviembre de 1986, es un proyecto que el Gobierno central manejaba desde hace años pero que no había podido cristalizar. En octubre de 2000, por ejemplo, circuló un papel de trabajo, de manera extraoficial, en el que se proponían cambios de la normativa. Se indicaba –según reseñas de prensa– que debía existir otra forma de organización escolar, en la que participaran las comunidades.
Los gremios y asociaciones protestaron porque consideraron que existía una intención de politizar la escuela. Ese proyecto nunca se materializó. En 2002 circuló de nuevo una propuesta de reforma, en la que se establecían las asambleas escolares como instancias de decisión. También hubo rechazo e, incluso, la directora de Comunidades Educativas de ese momento, Xiomara Lucena, envió comunicados para señalar que sólo se trataba de rumores.
Ese mismo año, Lucena informó que sí se modificaría la Resolución 751, pero que lo harían a través del consenso. En 2005 se discutió un proyecto que, entre otras cosas, proponía la implantación de la república escolar: la organización de la escuela seguiría un modelo parecido al del Estado venezolano –con ministerios, alcaldías–.
Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, señaló que en esa ocasión la organización participó en el debate. Indicó que Lucena defendía el Estado docente y que la república escolar era un modelo interesante, pero poco práctico. “Eso no se concretó. Ese año nosotros entregamos una propuesta de resolución en el ministerio, pero más nunca se habló de eso hasta ahora”, aseguró Vega.
El dato
Las organizaciones de padres señalan que no fueron convocadas a la discusión de la Resolución 058. Sin embargo, el instrumento indica que esas disposiciones podrán modificarse en el plazo de un año. Jaime Gallardo, integrante de la Red de Madres, Padres y Representantes, señaló que, con base en esa norma, harán una consulta para presentar otra propuesta
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