CLPP-004-C-30/09/10
Nro. 04
AGENDA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
(30-09-10)
LUGAR: SALÓN DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL
HORA: 4.00 PM
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS A TRATAR:
1.- Cambio de denominación: Del Nombre Original “Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reparación de Aguas Servidas, Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)” por Nombre Propuesto, “Estudio y Proyecto para la Construcción de Drenajes en la Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)”, solicitado por la Dirección de Infraestructura, de acuerdo a la opinión técnica respectiva.
2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS FIDES.
2.1.- Tuberías de Aguas Servidas “Escaleras del Carmén, El Placer de María. (Presupuesto Participativo).
2.2.- Estabilización de Taludes a lo largo del Boulevard el Cafetal. (Presupuesto Participativo ).
2.3.- Recuperación de Asfaltado en la Urbanización Piedra Azul. (Presupuesto Participativo).
2.4.- Repavimentación de la Avenida Principal y Calles de la Urbanización Santa Marta, El Cafetal. (Presupuesto Participativo).
2.5- Reconstrucción de la Calle Los Mangos, las Dalias, Santa Cruz del Este. (Presupuesto Participativo).
2.6.- Adquisición de trece (13) Vehículos por la Dirección de Administración y Servicios para suplir las necesidades de las Direcciones y Dependencias de la Alcaldía de Baruta. http://192.9.201.46/intranet/
2.7.- Construcción de Alcantarillado para Recolección de Aguas de Lluvias que Desbordan por la Veredas El Pozo y Los Mangos, Provenientes de la Calle El Rosario, las Minas de Baruta.
2.8.- Construcción de Cerca Perimetral, Tipo Ciclón, Linderos con las Minas, Urbanización Coracrevi. (Presupuesto Participativo).
2.9.- Arreglo del Polideportivo Cumbres de Curumo “Arreglo General”, (Presupuesto Participativo).
2.10.- Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez, vía La Palomera, Piedras Pintadas. La Palomera Baruta. (Presupuesto Participativo).
2.11.- Adquisición de Cajas Compactadoras y Equipamiento para el punto de Transferencia Primaria de Desechos Sólidos, que estará ubicado en la Avenida Río Paragua, Santa Cruz del Este.
3.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS LAEE.
3.1.- Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica, Calles Internas: A, C y Av. Principal Urb. Monte Alto. (Presupuesto Participativo).
3.2.- Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Beisbol del Polideportivo Cesar del Vecchio. Avenida Principal de Alto Prado. (Presupuesto Participativo).
3.3.- Remodelaciones y Mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire, Sector El Güire. (Presupuesto Participativo).
3.4.- Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de la Trinidad. (Presupuesto Participativo).
4.- Derecho de Palabra Consejera Kiomara Scovino, sobre las Intervenciones Urbanísticas del Gobierno Nacional en el Municipio Baruta.
5.- Derecho de palabra Consejero Harold Cova, para referirse a la situación de las Personas de la Tercera Edad y el Transporte Colectivo en el Municipio Baruta.
martes, 28 de septiembre de 2010
sábado, 25 de septiembre de 2010
ELECCIONES PARLAMENTARIAS: 26-S Y VOLVIERON DE NUEVO
Sin lugar a dudas, el retorno de las fuerzas políticas democráticas a la Asamblea Nacional (espacio que nunca debieron ceder); constituye un triunfo inobjetable. A partir de ese mismo día, un amplio –si no mayoritario- sector de la población venezolana, contará con unos legítimos representantes que defenderán sus derechos, frenarán su exclusión y fundamentalmente propiciarán el equilibrio político en un país que ha venido siendo “calculadamente polarizado”, con el único propósito de preservar los beneficios de la elite que lo gobierna en la actualidad.
Además, la reincorporación de los partidos democráticos venezolanos a la Asamblea Nacional trae un conjunto de beneficios institucionales para nuestra nación. Por ejemplo, a partir del 5 de Enero de 2011, las entidades federales contarán con una bancada parlamentaria que defienda el modelo federal, descentralizado y participativo que consagra la Constitución de 1999, frente a las pretensiones centralistas del gobierno actual. De igual manera, ocurrirá con los movimientos sociales (de mujeres, jóvenes y trabajadores) que también pasarán a poseer una vocería significativa y autónoma en el nuevo parlamento venezolano, frente a las marcadas intenciones de cooptación oficialista.
Tanto la defensa del modelo institucional consagrado en nuestra Carta Magna como la defensa de la agenda impulsada por los movimientos sociales, suponen dos componentes estratégicos y de largo alcance que tienen que ser abordados en la gestión legislativa de la nueva Asamblea Nacional. El aspecto político-territorial es crucial. La arremetida desde el poder central hacia la descentralización ha sido sostenida durante los últimos años. De hecho, a la constitucionalidad del modelo federal descentralizado, se le ha colocado el paralelismo unilateral de un modelo unitario centralizado. Como un elemento adicional, hay que señalar que 19 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías del país son dirigidas por mandatarios que responden a las líneas del gobierno central. La ofensiva contra la descentralización tiene un componente financiero que implica el estrangulamiento de la disponibilidad de los ingresos de estados y municipios; mediante la reducción del situado constitucional por subestimación de los ingresos petroleros en el presupuesto y, la reducción (o eliminación) de los recursos FIDES y LAEE por decisión de destinar una proporción a los consejos comunales -bajo administración del poder nacional-; por medio del nuevo Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el Consejo Federal de Gobierno.
La estrategia de recentralización en el aspecto jurídico, ha jugado un papel fundamental con la promulgación o reforma de un conjunto de leyes que se contraponen de manera abierta a la Constitución Nacional: i) con la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización se revirtieron las transferencias de las competencias concedidas a los estados; de la misma manera se abrió la posibilidad de decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios; ii) la creación de la Comisión Central de Planificación tiene entre sus objetivos: la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, el establecimiento de un estado socialista, la eliminación de la autonomía organizativa y la de planificación financiera de la administración pública; así como el crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión; iii) con la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional y la ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública se plantea un modelo de toma de decisiones, de planificación y de distribución de recursos que, puede afectar las transferencias financieras a las entidades federales y a los municipios y, iv) con la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (y su Reglamento) se crean la condiciones institucionales -para modificar de manera inconsulta-; por lo menos, la división político-territorial vigente en el país (con los distritos motores de desarrollo y las comunas), para impulsar un régimen de propiedad colectivista y estatal; mediante la denominada propiedad social y la restricción al acceso de los recursos financieros a los estados y municipios.
El segundo eje que he señalado, corresponde a las deficiencias legislativas para el ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos sociales de toda la población; a pesar que el bloque oficialista pregona una acción destinada a la asistencia social de los sectores más necesitados. En este caso, el desempeño de la actual Asamblea Nacional ha sido realmente bajo. En materia de seguridad social los trabajadores; por una parte siguen sin un marco legal que proteja sus derechos y por la otra, se les quiere imponer instancias organizativas (como los consejos de trabajadores), por encima de sus órganos naturales de defensa como lo son los sindicatos. El ejercicio de la libertad de expresión ha encontrado durante los últimos años serias restricciones que incluso han ameritado el pronunciamiento de organismos internacionales especializados. Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, han venido siendo amenazadas y hostigadas desde el bloque oficial en un intento reiterado de descalificar su acción social y comunitaria; y con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional (aprobado en primera discusión) se pretendería restar cualquier tipo de iniciativa autónoma mediante el control de su financiamiento desde la administración pública nacional.
En el plano legislativo, la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales generó serías limitaciones para el desarrollo de la libre asociación de los habitantes de cada una de las vecindades del país, al tratar de imponer un esquema ideologizante socialista como único fin de estas organizaciones populares. Pero además, desde el Ministerio de la Comunas y FUNDACOMUNAL se viene realizando una política de exclusión hacia aquellos consejos comunales que son considerados como NO OFICIALISTAS o más exactamente, como escuálidos; consolidando de esta manera a la exclusión política como un método de acción pública en este ámbito.
Dos proyectos de leyes orgánicas deja en reserva la actual Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular y, la Ley de las Comunas. Ambos proyectos de leyes se encuentran aprobados en primera discusión y ambos están articulados entre sí. El proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular; además de reducir el derecho a la participación ciudadana al ámbito comunitario y a la construcción del socialismo; nos presenta una nuevo Estado denominado “Estado comunal” y una nueva división político-territorial basada en comunas, ciudades comunales y unión de comunas. Pero también, nos agrega el concepto propiedad social, como derecho del Estado de posesionarse de los medios de producción privados en “función de alcanzar la suprema felicidad social”. Por su parte, la Ley de las Comunas, presenta los nuevos mecanismos de organización comunitaria fundamentados en la disolución del derecho a la elección directa, universal y secreta de las autoridades públicas locales; así como también la sustitución de estados y municipios por las denominadas comunas.
La nueva representación democrática y popular que volverá a la Asamblea Nacional tiene ya una agenda marcada por la defensa de la Constitución Bolivariana en dos componentes fundamentales la defensa del modelo democrático, federal y descentralizado; y, la defensa de la vigencia de los derechos humanos y de la actividad autónoma de las expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana.
La presencia renovada de los partidos políticos democráticos como Acción Democrática (AD), Primero Justica (MPJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), entre otros y la representación parlamentaria independiente vinculada a los movimientos sociales les corresponderá reivindicar la práctica política con un enfoques democráticos, modernos, responsables e incluyentes que garanticen la viabilidad de la restitución de la constitucionalidad en Venezuela. Creo que el esfuerzo en esta campaña valió la para retomar aquellos espacios que nunca debieron ser abandonados.
miguelgmarregot@gmail.com
Además, la reincorporación de los partidos democráticos venezolanos a la Asamblea Nacional trae un conjunto de beneficios institucionales para nuestra nación. Por ejemplo, a partir del 5 de Enero de 2011, las entidades federales contarán con una bancada parlamentaria que defienda el modelo federal, descentralizado y participativo que consagra la Constitución de 1999, frente a las pretensiones centralistas del gobierno actual. De igual manera, ocurrirá con los movimientos sociales (de mujeres, jóvenes y trabajadores) que también pasarán a poseer una vocería significativa y autónoma en el nuevo parlamento venezolano, frente a las marcadas intenciones de cooptación oficialista.
Tanto la defensa del modelo institucional consagrado en nuestra Carta Magna como la defensa de la agenda impulsada por los movimientos sociales, suponen dos componentes estratégicos y de largo alcance que tienen que ser abordados en la gestión legislativa de la nueva Asamblea Nacional. El aspecto político-territorial es crucial. La arremetida desde el poder central hacia la descentralización ha sido sostenida durante los últimos años. De hecho, a la constitucionalidad del modelo federal descentralizado, se le ha colocado el paralelismo unilateral de un modelo unitario centralizado. Como un elemento adicional, hay que señalar que 19 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías del país son dirigidas por mandatarios que responden a las líneas del gobierno central. La ofensiva contra la descentralización tiene un componente financiero que implica el estrangulamiento de la disponibilidad de los ingresos de estados y municipios; mediante la reducción del situado constitucional por subestimación de los ingresos petroleros en el presupuesto y, la reducción (o eliminación) de los recursos FIDES y LAEE por decisión de destinar una proporción a los consejos comunales -bajo administración del poder nacional-; por medio del nuevo Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el Consejo Federal de Gobierno.
La estrategia de recentralización en el aspecto jurídico, ha jugado un papel fundamental con la promulgación o reforma de un conjunto de leyes que se contraponen de manera abierta a la Constitución Nacional: i) con la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización se revirtieron las transferencias de las competencias concedidas a los estados; de la misma manera se abrió la posibilidad de decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios; ii) la creación de la Comisión Central de Planificación tiene entre sus objetivos: la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, el establecimiento de un estado socialista, la eliminación de la autonomía organizativa y la de planificación financiera de la administración pública; así como el crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión; iii) con la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional y la ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública se plantea un modelo de toma de decisiones, de planificación y de distribución de recursos que, puede afectar las transferencias financieras a las entidades federales y a los municipios y, iv) con la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (y su Reglamento) se crean la condiciones institucionales -para modificar de manera inconsulta-; por lo menos, la división político-territorial vigente en el país (con los distritos motores de desarrollo y las comunas), para impulsar un régimen de propiedad colectivista y estatal; mediante la denominada propiedad social y la restricción al acceso de los recursos financieros a los estados y municipios.
El segundo eje que he señalado, corresponde a las deficiencias legislativas para el ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos sociales de toda la población; a pesar que el bloque oficialista pregona una acción destinada a la asistencia social de los sectores más necesitados. En este caso, el desempeño de la actual Asamblea Nacional ha sido realmente bajo. En materia de seguridad social los trabajadores; por una parte siguen sin un marco legal que proteja sus derechos y por la otra, se les quiere imponer instancias organizativas (como los consejos de trabajadores), por encima de sus órganos naturales de defensa como lo son los sindicatos. El ejercicio de la libertad de expresión ha encontrado durante los últimos años serias restricciones que incluso han ameritado el pronunciamiento de organismos internacionales especializados. Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, han venido siendo amenazadas y hostigadas desde el bloque oficial en un intento reiterado de descalificar su acción social y comunitaria; y con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional (aprobado en primera discusión) se pretendería restar cualquier tipo de iniciativa autónoma mediante el control de su financiamiento desde la administración pública nacional.
En el plano legislativo, la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales generó serías limitaciones para el desarrollo de la libre asociación de los habitantes de cada una de las vecindades del país, al tratar de imponer un esquema ideologizante socialista como único fin de estas organizaciones populares. Pero además, desde el Ministerio de la Comunas y FUNDACOMUNAL se viene realizando una política de exclusión hacia aquellos consejos comunales que son considerados como NO OFICIALISTAS o más exactamente, como escuálidos; consolidando de esta manera a la exclusión política como un método de acción pública en este ámbito.
Dos proyectos de leyes orgánicas deja en reserva la actual Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular y, la Ley de las Comunas. Ambos proyectos de leyes se encuentran aprobados en primera discusión y ambos están articulados entre sí. El proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular; además de reducir el derecho a la participación ciudadana al ámbito comunitario y a la construcción del socialismo; nos presenta una nuevo Estado denominado “Estado comunal” y una nueva división político-territorial basada en comunas, ciudades comunales y unión de comunas. Pero también, nos agrega el concepto propiedad social, como derecho del Estado de posesionarse de los medios de producción privados en “función de alcanzar la suprema felicidad social”. Por su parte, la Ley de las Comunas, presenta los nuevos mecanismos de organización comunitaria fundamentados en la disolución del derecho a la elección directa, universal y secreta de las autoridades públicas locales; así como también la sustitución de estados y municipios por las denominadas comunas.
La nueva representación democrática y popular que volverá a la Asamblea Nacional tiene ya una agenda marcada por la defensa de la Constitución Bolivariana en dos componentes fundamentales la defensa del modelo democrático, federal y descentralizado; y, la defensa de la vigencia de los derechos humanos y de la actividad autónoma de las expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana.
La presencia renovada de los partidos políticos democráticos como Acción Democrática (AD), Primero Justica (MPJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), entre otros y la representación parlamentaria independiente vinculada a los movimientos sociales les corresponderá reivindicar la práctica política con un enfoques democráticos, modernos, responsables e incluyentes que garanticen la viabilidad de la restitución de la constitucionalidad en Venezuela. Creo que el esfuerzo en esta campaña valió la para retomar aquellos espacios que nunca debieron ser abandonados.
miguelgmarregot@gmail.com
sábado, 18 de septiembre de 2010
Nota aparecida en el diario "EL NACIONAL", sobre el foro organizado por la Escuela de Vecinos
EL NACIONAL - Sábado 18 de Septiembre de 2010 Economía/6
Economía
FORO Cuestionan leyes socialistas pendientes
Consejos comunales defienden la propiedad
Los bienes adquiridos por esfuerzo propio no pueden ser colectivizados, señalaron dirigentes de instituciones sociales
ANA DÍAZ
anadiaz@el-nacional.com
--------------------------------------------------------------------------------
Los consejos comunales desaprueban la eliminación de la propiedad privada, pues los bienes adquiridos por el propio esfuerzo de la persona no pueden ser colectivizados por el Estado, señalaron dirigentes de esas organizaciones.
La Escuela de Vecinos de Venezuela organizó el foro Los Consejos Comunales y el Municipio ante los Nuevos Proyectos de Leyes Socialistas (entre ellas, la de comunas y de participación y poder popular) pendientes en la Asamblea Nacional.
Ana Zerpa, directiva del consejo comunal Natalicio del Libertador el cual abarca Terrazas de Las Acacias y San Agustín del Sur- dijo que "cada quien tiene derecho a tener lo que ha ganado con su trabajo". Agregó que las comunidades sí tienen injerencia en las áreas comunes como las canchas, escuelas y centros de atención a los ancianos y madres adolescentes.
Zerpa indicó que en su comunidad hacen gestiones para tener la titularidad de la tierra, en lo que hasta ahora el municipio no ha puesto objeciones. Sobre las comunas prefirió no adelantar opinión porque la legislación no está aprobada.
Jesús López, del consejo del barrio Ojo de Agua, sector La Planada, de Baruta, manifestó su rechazo a que el Estado sea el propietario. "Mi casa es mía", dijo. Tampoco comparte la implantación del socialismo, como ocurre en Cuba.
Ambos dirigentes insistieron que la seguridad ciudadana no es competencia de los consejos comunales, sino del Estado a través de los organismos correspondientes.
"No estamos preparados para eso: Cada quien que cumpla su rol", recomendó López.
José Delgado, coordinador general de la Escuela de Vecinos de Venezuela, refirió que los municipios y los consejos comunales trabajan en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de las comunidades, pero advirtió que las leyes pendientes en la Asamblea Nacional son anticonstitucionales, porque la carta magna no menciona para nada el modelo socialista.
Miguel González Marregot, director ejecutivo de la ONG Gestión de Cambio, sostuvo que la "propiedad individual no es estatizable ni puede colectivizarse en una sociedad participativa y democrática".
Destacó que el fracaso del modelo cubano se debe precisamente al desconocimiento del derecho a la propiedad.
Durante el foro, González expuso que en los contactos y actividades con los consejos comunales y comunidades de las zonas populares, la mayoría de los habitantes manifiesta que quiere vivir en democracia, sin comunismo.
Economía
FORO Cuestionan leyes socialistas pendientes
Consejos comunales defienden la propiedad
Los bienes adquiridos por esfuerzo propio no pueden ser colectivizados, señalaron dirigentes de instituciones sociales
ANA DÍAZ
anadiaz@el-nacional.com
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Los consejos comunales desaprueban la eliminación de la propiedad privada, pues los bienes adquiridos por el propio esfuerzo de la persona no pueden ser colectivizados por el Estado, señalaron dirigentes de esas organizaciones.
La Escuela de Vecinos de Venezuela organizó el foro Los Consejos Comunales y el Municipio ante los Nuevos Proyectos de Leyes Socialistas (entre ellas, la de comunas y de participación y poder popular) pendientes en la Asamblea Nacional.
Ana Zerpa, directiva del consejo comunal Natalicio del Libertador el cual abarca Terrazas de Las Acacias y San Agustín del Sur- dijo que "cada quien tiene derecho a tener lo que ha ganado con su trabajo". Agregó que las comunidades sí tienen injerencia en las áreas comunes como las canchas, escuelas y centros de atención a los ancianos y madres adolescentes.
Zerpa indicó que en su comunidad hacen gestiones para tener la titularidad de la tierra, en lo que hasta ahora el municipio no ha puesto objeciones. Sobre las comunas prefirió no adelantar opinión porque la legislación no está aprobada.
Jesús López, del consejo del barrio Ojo de Agua, sector La Planada, de Baruta, manifestó su rechazo a que el Estado sea el propietario. "Mi casa es mía", dijo. Tampoco comparte la implantación del socialismo, como ocurre en Cuba.
Ambos dirigentes insistieron que la seguridad ciudadana no es competencia de los consejos comunales, sino del Estado a través de los organismos correspondientes.
"No estamos preparados para eso: Cada quien que cumpla su rol", recomendó López.
José Delgado, coordinador general de la Escuela de Vecinos de Venezuela, refirió que los municipios y los consejos comunales trabajan en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de las comunidades, pero advirtió que las leyes pendientes en la Asamblea Nacional son anticonstitucionales, porque la carta magna no menciona para nada el modelo socialista.
Miguel González Marregot, director ejecutivo de la ONG Gestión de Cambio, sostuvo que la "propiedad individual no es estatizable ni puede colectivizarse en una sociedad participativa y democrática".
Destacó que el fracaso del modelo cubano se debe precisamente al desconocimiento del derecho a la propiedad.
Durante el foro, González expuso que en los contactos y actividades con los consejos comunales y comunidades de las zonas populares, la mayoría de los habitantes manifiesta que quiere vivir en democracia, sin comunismo.
domingo, 5 de septiembre de 2010
PROCLAMA MUNICIPALISTA BICENTENARIA, DE LA ESCUELA DE VECINOS DE VENEZUELA
Con muchísimo gusto y compromiso ciudadano difundimos la "Proclama Municipalista Bicentenaria" realizada por La Escuela de Vecinos de Venezuela.
Proclama Municipalista Bicentenaria
Autonomía Municipal con Democracia Participativa y Protagónica
En Venezuela el clamor de independencia nace en el seno de los cabildos, en particular el cabildo de Caracas, a partir de los sucesos del 19 de abril de 1810, el ejemplo de esta proclama por la Independencia y la Libertad da las pautas de la Revolución Municipalista que en definitiva conduce a la separación política de las tierras hispanoamericanas de la influencia y el dominio de la Corona española.
A este clamor de independencia sigue el llamado a la formación de la Confederación de Municipalidades en América, en plena correspondencia con las ideas esbozadas por el Precursor de nuestra Independencia, Francisco de Miranda, defensor de la idea de una Federación de municipios libres para la América independiente.
A los doscientos años de los sucesos del 19 de abril de 1810, se impone un nuevo movimiento municipalista a favor de la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa, que permita la instalación de los municipios participativos, que fomenten la presencia activa y organizada de los vecinos responsables y creativos, un movimiento donde las instancias del Poder Público Municipal y las comunidades organizadas desarrollen las condiciones favorables para la plena vigencia del federalismo cooperativo prediseñado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y pendiente de un desarrollo legislativo e institucional, para atender las necesidades y las aspiraciones de las comunidades que integran los municipios y los estados titulares de la autonomía declarada en nuestra Constitución.
Si en abril de 1810 el clamor popular era “Libertad e Independencia”, hoy en abril de 2010, se impone desde las comunidades municipales una nueva proclama a favor de la “Autonomía Municipal con Democracia Participativa y Protagónica”, a partir de las acciones concretas de los municipios participativos y los vecinos creativos. En esta tarea todos los integrantes de la sociedad venezolana, con las características y los elementos que se indican en el preámbulo constitucional vigente, tienen algo que aportar y realizar, bajo la inspiración del espíritu bicentenario que renace desde las distintas localidades de la América independiente, en los actos conmemorativos del bicentenario de la Independencia.
Esta propuesta tiene su fundamento en la cultura democrática, que se promueve desde la participación ciudadana y comunitaria, a partir de las acciones concretas de los vecinos organizados y las asociaciones vecinales, de los consejo comunales y las organizaciones comunitarias, comprometidas con la descentralización y la planificación con elementos participativos, que tiene referencias constitucionales expresas en los artículos 182 y 184 de la Constitución. Necesitamos comunidades parroquiales y municipales herederas de las pautas constitucionales venezolanas a favor del federalismo, reconocidas a todo lo largo de nuestra historia constitucional desde 1811 hasta el presente.
En este contexto la asociación civil Escuela de Vecinos de Venezuela, celebra sus primeros treinta años de existencia, desarrollando su misión de educación para la participación y ejecutando servicios de capacitación y asesoría para las autoridades municipales y las comunidades organizadas en nuestro país.
Desde nuestro nacimiento como iniciativa ciudadana local en 1980, ofrecimos al movimiento vecinal la posibilidad de la educación y el conocimiento de las leyes, así como presentamos propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978 y su reglamento sobre las asociaciones de vecinos de 1979.
Desde nuestra conformación como asociación civil de carácter nacional en 1986, respaldamos la capacitación y organización progresiva de las asociaciones de vecinos en la conformación de federaciones, coordinadoras, bloque y frentes vecinales. Así llegamos a 1989 donde respaldamos las propuestas electorales y municipales, a los efectos de la elección directa de los alcaldes y las juntas parroquiales, así como las iniciativas de asociaciones vecinales comprometidas con las diversas modalidades de participación de la comunidad. Igualmente, respaldamos la nueva reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1988, que valora iniciativas como el referendo revocatorio de los alcaldes y el componente participativo de las entidades parroquiales, dimos nuestro aporte a la organización de la Coordinadora Nacional de Federaciones de Asociaciones de Vecinos (CONFEVECINOS) que nace a raíz de la propuesta de reformar, con respaldo de los vecinos organizados, el Reglamento de 1979, para adaptarlo a los nuevos contenidos de la LORM de 1989, así se construye colectivamente, en consultas públicas, encuentros comunitarios y talleres de capacitación por toda Venezuela, el texto de su Reglamento sobre la participación de la comunidad, aprobado en 1990 y vigente hasta el 2005.
En 1999 respaldamos eventos y actividades para la información sobre los contenidos de la Asamblea Nacional Constituyente, y presentamos con otras organizaciones de la sociedad civil venezolana las propuestas orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos en el texto constitucional, desde la visión de la democracia participativa y el reconocimiento de los derechos de asociación y participación ciudadana, igualmente dimos nuestros aportes para los contenidos del Poder Público Municipal y el reconocimiento de la educación ciudadana como un derecho de carácter cultural, para la construcción de la ciudadanía y el desarrollo de las comunidades organizadas en el ámbito local y comunitario. El 2001 respaldamos el estudio de la Constitución participativa y dimos nuestro aporte a la propuesta del Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Popular y Comunitaria, presentado por el colectivo Unidos para Legislar (UPALE) a la consideración de la Asamblea Nacional.
Desde el 2002 respaldamos los elementos de capacitación para los integrantes y el diseño normativo de los Consejos Locales de Planificación Pública y las propuestas de los consejos parroquiales y comunales.
En el 2005 ofrecimos nuestra contribución a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, responsables de las propuestas para el desarrollo de los medios de participación en el texto de la Ley Orgánica el Poder Público Municipal. Y desde el 2006 respaldamos iniciativas de capacitación y organización de los consejos comunales, como instancias de participación ciudadana. Igualmente, aportamos elementos para la reforma de su Ley especial y la elaboración del texto de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales sancionada en el 2009.
En correspondencia con los objetivos y las actividades que realizamos como centro de servicios para la capacitación y la asesoria de las instituciones municipales y las comunidades organizadas, hacemos pública esta Proclama Bicentenaria, para el establecimiento en la Venezuela del siglo XXI de una nueva Revolución Municipalista que permita la instauración de las reformas necesarias para lograr la plena Autonomía Municipal con Democracia Participativa y Protagónica, transformaciones sociopolíticas a partir de los aspectos siguientes:
1. En el 2010 respaldamos la propuesta de fortalecer la noción de los municipios participativos y los vecinos creativos, para desarrollar decisiones legislativas naciones y locales, así como elementos organizativos y acciones concretas orientadas al fortalecimiento del municipalización y la parroquialización de los servicios públicos, incorporando los criterios de la participación ciudadana y la contraloría social.
2. Insistimos en el reconocimiento y la reflexión alrededor de la democracia municipal que expresa los elementos de participación directa de los vecinos en las decisiones públicas, el reconocimiento de las autoridades locales con funciones diferentes y complementarias para el ejercicio del gobierno de la ciudad, y finalmente, el diseño en el ámbito municipal de los componentes normativos, organizativos y funcionales para el ejercicio de la Democracia Participativa y Protagónica.
3. Compartimos la necesidad de fortalecer los elementos y las condiciones propias de la autonomía municipal, principio consagrado en la Constitución y las leyes de la República, aspectos que nos permiten concebir a los municipios y las demás entidades locales como, las aulas institucionales y comunitarias donde la ciudadanía participa en el aprendizaje propio de la Escuela para la Democracia y se dan los elementos vivenciales de la democracia de los ciudadanos y sus organizaciones sociales promotoras del desarrollo humano y territorial en cada comunidad municipal.
4. Respaldamos la necesidad de establecer la gestión municipal participativa, a partir de los procesos de descentralización, planificación, desarrollo y participación, que permita el ejercicio de la corresponsabilidad entre las autoridades locales y los vecinos organizado, con pleno respeto el pluralismo político y la diversidad asociativa.
5. Promovemos que en cada comunidad que conforma las distintas parroquias, en los diferentes municipios del país, se establezcan los mecanismos de inclusión, cooperación y solidaridad, que incorpore a todas las expresiones organizativas y los movimientos sociales y populares, articulados en los consejos comunales y las diferentes organizaciones comunitarias o sociales existentes.
6. Solicitamos de todos los órganos que ejercitan las distintas funciones propias del Poder Público Municipal, las decisiones y acciones que fortalezcan el ejercicio de la participación protagónica en la gestión local, como el establecimiento de las pautas del presupuesto participativo, los programas de capacitación ciudadana municipal, el desarrollo de políticas y planes de descentralización de programas y servicios hacia la comunidades organizadas y la aprobación de los instrumentos jurídicos locales en esta materia.
7. Solicitamos de todas las autoridades nacionales, estadales, distritales y municipales el pleno respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes. Igualmente una política clara para el desarrollo del federalismo cooperativo y la descentralización en correspondencia con las pautas constitucionales.
8. Solicitamos de las instancias estatales y de la ciudadanía en general el debido respeto y acompañamiento a las autoridades locales elegidas en los procesos electorales del 2008, para garantizar los recursos y las decisiones políticas, administrativas y financieras necesarias para el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
9. Solicitamos de la sociedad democrática el respaldo a las elecciones próximas, para la designación de los nuevos concejos municipales y los representantes de las juntas parroquiales, que deben ser convocadas y realizadas en el segundo semestre del año 2010, de conformidad con la reforma legal establecida en el 2009.
10. Solicitamos de las autoridades locales municipales y estadales, así como de los medios de comunicación social, la debida consideración y análisis de los contenidos de esta Proclama Municipalista, para actuar en consecuencia, y asumir el compromiso responsable con su divulgación y aplicación en todo el país.
Estas reflexiones y propuestas las establecemos conforme a las pautas de libertad y democracia que se encuentran señaladas en la Constitución venezolana de 1999. En plena correspondencia con el espíritu bicentenario que inspiró la proclama y las acciones derivadas del ejemplo del Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810 y que ratificaron nuestros padres de la patria, tanto, en la Declaración de Independencia, como, en el texto de la Constitución de 1811.
Por la Escuela de Vecinos de Venezuela, su Equipo Coordinador, en el marco de la celebración de nuestro 30º aniversario, como iniciativa organizada para favorecer los elementos de capacitación ciudadana, que se requieren para el ejercicio de una participación libre, activa, consciente y solidaria, a partir de una educación fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento que se desarrollan en una sociedad democrática.
Un saludo municipalista para todos los que han recibido nuestros servicios en estos años de actividad educativa, desde una asociación civil que promueve la participación, la paz social, la tolerancia y la solidaridad entre todos los venezolanos.
Caracas, abril de 2010
José G. Delgado H. Egida Romero Mireya Rodríguez
Luis Perrone G. Yelena Salazar Cristóbal Alva
Proclama Municipalista Bicentenaria
Autonomía Municipal con Democracia Participativa y Protagónica
En Venezuela el clamor de independencia nace en el seno de los cabildos, en particular el cabildo de Caracas, a partir de los sucesos del 19 de abril de 1810, el ejemplo de esta proclama por la Independencia y la Libertad da las pautas de la Revolución Municipalista que en definitiva conduce a la separación política de las tierras hispanoamericanas de la influencia y el dominio de la Corona española.
A este clamor de independencia sigue el llamado a la formación de la Confederación de Municipalidades en América, en plena correspondencia con las ideas esbozadas por el Precursor de nuestra Independencia, Francisco de Miranda, defensor de la idea de una Federación de municipios libres para la América independiente.
A los doscientos años de los sucesos del 19 de abril de 1810, se impone un nuevo movimiento municipalista a favor de la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa, que permita la instalación de los municipios participativos, que fomenten la presencia activa y organizada de los vecinos responsables y creativos, un movimiento donde las instancias del Poder Público Municipal y las comunidades organizadas desarrollen las condiciones favorables para la plena vigencia del federalismo cooperativo prediseñado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y pendiente de un desarrollo legislativo e institucional, para atender las necesidades y las aspiraciones de las comunidades que integran los municipios y los estados titulares de la autonomía declarada en nuestra Constitución.
Si en abril de 1810 el clamor popular era “Libertad e Independencia”, hoy en abril de 2010, se impone desde las comunidades municipales una nueva proclama a favor de la “Autonomía Municipal con Democracia Participativa y Protagónica”, a partir de las acciones concretas de los municipios participativos y los vecinos creativos. En esta tarea todos los integrantes de la sociedad venezolana, con las características y los elementos que se indican en el preámbulo constitucional vigente, tienen algo que aportar y realizar, bajo la inspiración del espíritu bicentenario que renace desde las distintas localidades de la América independiente, en los actos conmemorativos del bicentenario de la Independencia.
Esta propuesta tiene su fundamento en la cultura democrática, que se promueve desde la participación ciudadana y comunitaria, a partir de las acciones concretas de los vecinos organizados y las asociaciones vecinales, de los consejo comunales y las organizaciones comunitarias, comprometidas con la descentralización y la planificación con elementos participativos, que tiene referencias constitucionales expresas en los artículos 182 y 184 de la Constitución. Necesitamos comunidades parroquiales y municipales herederas de las pautas constitucionales venezolanas a favor del federalismo, reconocidas a todo lo largo de nuestra historia constitucional desde 1811 hasta el presente.
En este contexto la asociación civil Escuela de Vecinos de Venezuela, celebra sus primeros treinta años de existencia, desarrollando su misión de educación para la participación y ejecutando servicios de capacitación y asesoría para las autoridades municipales y las comunidades organizadas en nuestro país.
Desde nuestro nacimiento como iniciativa ciudadana local en 1980, ofrecimos al movimiento vecinal la posibilidad de la educación y el conocimiento de las leyes, así como presentamos propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978 y su reglamento sobre las asociaciones de vecinos de 1979.
Desde nuestra conformación como asociación civil de carácter nacional en 1986, respaldamos la capacitación y organización progresiva de las asociaciones de vecinos en la conformación de federaciones, coordinadoras, bloque y frentes vecinales. Así llegamos a 1989 donde respaldamos las propuestas electorales y municipales, a los efectos de la elección directa de los alcaldes y las juntas parroquiales, así como las iniciativas de asociaciones vecinales comprometidas con las diversas modalidades de participación de la comunidad. Igualmente, respaldamos la nueva reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1988, que valora iniciativas como el referendo revocatorio de los alcaldes y el componente participativo de las entidades parroquiales, dimos nuestro aporte a la organización de la Coordinadora Nacional de Federaciones de Asociaciones de Vecinos (CONFEVECINOS) que nace a raíz de la propuesta de reformar, con respaldo de los vecinos organizados, el Reglamento de 1979, para adaptarlo a los nuevos contenidos de la LORM de 1989, así se construye colectivamente, en consultas públicas, encuentros comunitarios y talleres de capacitación por toda Venezuela, el texto de su Reglamento sobre la participación de la comunidad, aprobado en 1990 y vigente hasta el 2005.
En 1999 respaldamos eventos y actividades para la información sobre los contenidos de la Asamblea Nacional Constituyente, y presentamos con otras organizaciones de la sociedad civil venezolana las propuestas orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos en el texto constitucional, desde la visión de la democracia participativa y el reconocimiento de los derechos de asociación y participación ciudadana, igualmente dimos nuestros aportes para los contenidos del Poder Público Municipal y el reconocimiento de la educación ciudadana como un derecho de carácter cultural, para la construcción de la ciudadanía y el desarrollo de las comunidades organizadas en el ámbito local y comunitario. El 2001 respaldamos el estudio de la Constitución participativa y dimos nuestro aporte a la propuesta del Proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Popular y Comunitaria, presentado por el colectivo Unidos para Legislar (UPALE) a la consideración de la Asamblea Nacional.
Desde el 2002 respaldamos los elementos de capacitación para los integrantes y el diseño normativo de los Consejos Locales de Planificación Pública y las propuestas de los consejos parroquiales y comunales.
En el 2005 ofrecimos nuestra contribución a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, responsables de las propuestas para el desarrollo de los medios de participación en el texto de la Ley Orgánica el Poder Público Municipal. Y desde el 2006 respaldamos iniciativas de capacitación y organización de los consejos comunales, como instancias de participación ciudadana. Igualmente, aportamos elementos para la reforma de su Ley especial y la elaboración del texto de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales sancionada en el 2009.
En correspondencia con los objetivos y las actividades que realizamos como centro de servicios para la capacitación y la asesoria de las instituciones municipales y las comunidades organizadas, hacemos pública esta Proclama Bicentenaria, para el establecimiento en la Venezuela del siglo XXI de una nueva Revolución Municipalista que permita la instauración de las reformas necesarias para lograr la plena Autonomía Municipal con Democracia Participativa y Protagónica, transformaciones sociopolíticas a partir de los aspectos siguientes:
1. En el 2010 respaldamos la propuesta de fortalecer la noción de los municipios participativos y los vecinos creativos, para desarrollar decisiones legislativas naciones y locales, así como elementos organizativos y acciones concretas orientadas al fortalecimiento del municipalización y la parroquialización de los servicios públicos, incorporando los criterios de la participación ciudadana y la contraloría social.
2. Insistimos en el reconocimiento y la reflexión alrededor de la democracia municipal que expresa los elementos de participación directa de los vecinos en las decisiones públicas, el reconocimiento de las autoridades locales con funciones diferentes y complementarias para el ejercicio del gobierno de la ciudad, y finalmente, el diseño en el ámbito municipal de los componentes normativos, organizativos y funcionales para el ejercicio de la Democracia Participativa y Protagónica.
3. Compartimos la necesidad de fortalecer los elementos y las condiciones propias de la autonomía municipal, principio consagrado en la Constitución y las leyes de la República, aspectos que nos permiten concebir a los municipios y las demás entidades locales como, las aulas institucionales y comunitarias donde la ciudadanía participa en el aprendizaje propio de la Escuela para la Democracia y se dan los elementos vivenciales de la democracia de los ciudadanos y sus organizaciones sociales promotoras del desarrollo humano y territorial en cada comunidad municipal.
4. Respaldamos la necesidad de establecer la gestión municipal participativa, a partir de los procesos de descentralización, planificación, desarrollo y participación, que permita el ejercicio de la corresponsabilidad entre las autoridades locales y los vecinos organizado, con pleno respeto el pluralismo político y la diversidad asociativa.
5. Promovemos que en cada comunidad que conforma las distintas parroquias, en los diferentes municipios del país, se establezcan los mecanismos de inclusión, cooperación y solidaridad, que incorpore a todas las expresiones organizativas y los movimientos sociales y populares, articulados en los consejos comunales y las diferentes organizaciones comunitarias o sociales existentes.
6. Solicitamos de todos los órganos que ejercitan las distintas funciones propias del Poder Público Municipal, las decisiones y acciones que fortalezcan el ejercicio de la participación protagónica en la gestión local, como el establecimiento de las pautas del presupuesto participativo, los programas de capacitación ciudadana municipal, el desarrollo de políticas y planes de descentralización de programas y servicios hacia la comunidades organizadas y la aprobación de los instrumentos jurídicos locales en esta materia.
7. Solicitamos de todas las autoridades nacionales, estadales, distritales y municipales el pleno respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes. Igualmente una política clara para el desarrollo del federalismo cooperativo y la descentralización en correspondencia con las pautas constitucionales.
8. Solicitamos de las instancias estatales y de la ciudadanía en general el debido respeto y acompañamiento a las autoridades locales elegidas en los procesos electorales del 2008, para garantizar los recursos y las decisiones políticas, administrativas y financieras necesarias para el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.
9. Solicitamos de la sociedad democrática el respaldo a las elecciones próximas, para la designación de los nuevos concejos municipales y los representantes de las juntas parroquiales, que deben ser convocadas y realizadas en el segundo semestre del año 2010, de conformidad con la reforma legal establecida en el 2009.
10. Solicitamos de las autoridades locales municipales y estadales, así como de los medios de comunicación social, la debida consideración y análisis de los contenidos de esta Proclama Municipalista, para actuar en consecuencia, y asumir el compromiso responsable con su divulgación y aplicación en todo el país.
Estas reflexiones y propuestas las establecemos conforme a las pautas de libertad y democracia que se encuentran señaladas en la Constitución venezolana de 1999. En plena correspondencia con el espíritu bicentenario que inspiró la proclama y las acciones derivadas del ejemplo del Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810 y que ratificaron nuestros padres de la patria, tanto, en la Declaración de Independencia, como, en el texto de la Constitución de 1811.
Por la Escuela de Vecinos de Venezuela, su Equipo Coordinador, en el marco de la celebración de nuestro 30º aniversario, como iniciativa organizada para favorecer los elementos de capacitación ciudadana, que se requieren para el ejercicio de una participación libre, activa, consciente y solidaria, a partir de una educación fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento que se desarrollan en una sociedad democrática.
Un saludo municipalista para todos los que han recibido nuestros servicios en estos años de actividad educativa, desde una asociación civil que promueve la participación, la paz social, la tolerancia y la solidaridad entre todos los venezolanos.
Caracas, abril de 2010
José G. Delgado H. Egida Romero Mireya Rodríguez
Luis Perrone G. Yelena Salazar Cristóbal Alva
jueves, 2 de septiembre de 2010
LA ASAMBLEA NACIONAL QUE QUEREMOS SUMA TU OPNIÓN
Ante la realización del proceso electoral del 26 de septiembre de 2010 que permitirá renovar la Asamblea Nacional, máxima expresión del poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela; los ciudadanos, ciudadanas, comunidades organizadas y organizaciones sociales firmantes, ejerciendo nuestro legítimo derecho a libre expresión del pensamiento y a la participación popular, presentamos ante todo el país, las instituciones públicas, los partidos políticos, así como el resto de las redes de derechos humanos y desarrollo social de Venezuela; las siguientes propuestas para fortalecer y desarrollar una gestión legislativa democrática, plural y participativa:
1. Cumplir con la función legislativa de acuerdo con los principios constitucionales que propugnan la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética y el pluralismo político.
2. Respetar la soberanía popular, la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la legalidad en su actuación institucional.
3. Impulsar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y la inclusión social en el ejercicio de las potestades legislativas y la formación de leyes a nivel nacional.
4. Cumplir de manera independiente y eficaz con los mandatos constitucionales de control de la gestión de gobierno, la administración pública nacional, y, los demás poderes públicos.
5. Cumplir con los principios constitucionales de promover la descentralización como política nacional para profundizar la democracia y para impulsar la prestación de eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
6. Impulsar una gestión legislativa orientada a promover el desarrollo soberano, armónico, equilibrado y sustentable del país.
7. Desarrollar los mecanismos legales e institucionales para el acceso a la información pública, así como garantizar la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la misma gestión legislativa nacional.
8. Promover proyectos de adiestramiento y capacitación que modifiquen la cultura del funcionariado público y revaloricen el servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas
9. Establecer las oficinas de atención legislativa a los ciudadanos y las comunidades organizadas en cada estado. A partir del establecimiento de las oficinas de los diputados en las capitales de cada estado o en los diferentes circuitos electorales, para atender las solicitudes y las comunicaciones de los electores para atender a los problemas de interés para las comunidades propias de los circuitos electorales en que se dividen los diferentes estados, así como tener un espacio a donde recurrir para tener información y formular solicitudes relacionadas con las leyes y las investigaciones de la AN.
10. Formalizar y reglamentar la práctica del “parlamentarismo social de calle” en la AN. Un mecanismo concreto para ejercer el protagonismo social en el futuro, para que los diputados y diputadas sean verdaderos representantes de las comunidades, presenten sus informes, genere comunicación permanente con sus electores y su gestión pueda someterse a la evaluación. Que sea una herramienta para el pluralismo y la presentación de observaciones, desde una perspectiva democrática.
11. Establecer las asambleas de ciudadanos y ciudadanas como instancias de consulta legislativa. Espacios colectivos para el debate y la toma de decisiones, como experiencia de educación ciudadana y corresponsabilidad en materia legislativa, reuniones y encuentros con los diputados, foros, talleres con las comunidades organizadas, así como contactos con los medios de comunicación social, organizar campañas sobre las actividades del parlamento y sus decisiones.
12. Garantizar el respeto a los horarios de las sesiones parlamentarias y exigir la participación ciudadana en la función legislativa y contralora que le corresponde a la AN. Conocer la agenda legislativa para ejercer la contraloría social, ejerciendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana, utilizando espacios y encuentros con el diputado del circuito, promovidos periódicamente, a partir del ejercicio de sus funciones, la exigencia de rendición de cuentas, la petición de las renuncias, la organización de los ciudadanos-electores, hacerle seguimiento y promover una ley que facilite la rendición de cuentas y la contraloría social sobre los diputados.
1. Cumplir con la función legislativa de acuerdo con los principios constitucionales que propugnan la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética y el pluralismo político.
2. Respetar la soberanía popular, la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la legalidad en su actuación institucional.
3. Impulsar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y la inclusión social en el ejercicio de las potestades legislativas y la formación de leyes a nivel nacional.
4. Cumplir de manera independiente y eficaz con los mandatos constitucionales de control de la gestión de gobierno, la administración pública nacional, y, los demás poderes públicos.
5. Cumplir con los principios constitucionales de promover la descentralización como política nacional para profundizar la democracia y para impulsar la prestación de eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
6. Impulsar una gestión legislativa orientada a promover el desarrollo soberano, armónico, equilibrado y sustentable del país.
7. Desarrollar los mecanismos legales e institucionales para el acceso a la información pública, así como garantizar la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la misma gestión legislativa nacional.
8. Promover proyectos de adiestramiento y capacitación que modifiquen la cultura del funcionariado público y revaloricen el servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas
9. Establecer las oficinas de atención legislativa a los ciudadanos y las comunidades organizadas en cada estado. A partir del establecimiento de las oficinas de los diputados en las capitales de cada estado o en los diferentes circuitos electorales, para atender las solicitudes y las comunicaciones de los electores para atender a los problemas de interés para las comunidades propias de los circuitos electorales en que se dividen los diferentes estados, así como tener un espacio a donde recurrir para tener información y formular solicitudes relacionadas con las leyes y las investigaciones de la AN.
10. Formalizar y reglamentar la práctica del “parlamentarismo social de calle” en la AN. Un mecanismo concreto para ejercer el protagonismo social en el futuro, para que los diputados y diputadas sean verdaderos representantes de las comunidades, presenten sus informes, genere comunicación permanente con sus electores y su gestión pueda someterse a la evaluación. Que sea una herramienta para el pluralismo y la presentación de observaciones, desde una perspectiva democrática.
11. Establecer las asambleas de ciudadanos y ciudadanas como instancias de consulta legislativa. Espacios colectivos para el debate y la toma de decisiones, como experiencia de educación ciudadana y corresponsabilidad en materia legislativa, reuniones y encuentros con los diputados, foros, talleres con las comunidades organizadas, así como contactos con los medios de comunicación social, organizar campañas sobre las actividades del parlamento y sus decisiones.
12. Garantizar el respeto a los horarios de las sesiones parlamentarias y exigir la participación ciudadana en la función legislativa y contralora que le corresponde a la AN. Conocer la agenda legislativa para ejercer la contraloría social, ejerciendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana, utilizando espacios y encuentros con el diputado del circuito, promovidos periódicamente, a partir del ejercicio de sus funciones, la exigencia de rendición de cuentas, la petición de las renuncias, la organización de los ciudadanos-electores, hacerle seguimiento y promover una ley que facilite la rendición de cuentas y la contraloría social sobre los diputados.
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