Venezuela y el Día Internacional de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en su Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), con un Preámbulo y treinta artículos. Entre los derechos que allí se consagran y se protegen se encuentran: la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la participación política, la seguridad social, la educación, la salud, el trabajo, la recreación y la protección a la familia.

Los derechos son aquellas condiciones de necesario cumplimiento, para que los seres humanos podamos vivir con dignidad y en paz. También sabemos que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin distinción alguna y, que son una obligación para el Estado y también de toda la sociedad que debe respetarlos. Los derechos humanos son conquistas sociales de las tantas luchas de siempre, que han desarrollado los pueblos a lo largo de la historia.

Los DDHH reúnen una serie de características distintivas que determinan su trascendencia: son universales, son inalienables e intransferibles, son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles, son obligatorios, son inviolables, trascienden fronteras nacionales y, por último, los DDHH son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. En este contexto, al Estado le corresponde su reconocimiento, respeto, protección y promoción.

La vigilancia sobre el respeto y cumplimiento de los DDHH es un asunto vital y de observancia continua y diaria. Al respecto, además de las agencias estatales nacionales e internacionales encargadas de su resguardo existe un conglomerado de organizaciones no gubernamentales que realizan de manera voluntaria una “contraloría social” sobre el comportamiento estatal en relación a los DDHH y, prestando asesoría y apoyo en aquellos casos de violaciones comprobadas. 

En el caso venezolano, la situación de los derechos humanos es de una precariedad extrema debido a la acción y omisión gubernamental. Veamos algunos casos.

.- El derecho a la vida se haya comprometido; tanto por la inseguridad reinante como por políticas públicas (como la Operación de Liberación del Pueblo-OLP), cuya aplicación ha dejado un rastro de muerte.

.- En nuestro país existen más de 140 presos de conciencia (detenidos por razones políticas); lo cual es una expresión clara del estado de indefensión que se atraviesa.

.- El derecho a la participación política ha venido siendo restringida con el bloqueo oficial de los mecanismos de consulta electoral como: la eliminación de la elección de las juntas parroquiales, la suspensión del referendum revocatorio y la postergación de las elecciones regionales.

.- Los medios de comunicación social sufren censura; lo cual impide el ejercicio pleno de la  libertad de expresión y el acceso a la información de calidad, oportuna y veraz; por parte de la ciudadanía.

.- El acceso a la alimentación se ha visto seriamente afectado y limitado; tanto por el ataque oficial a los sectores productivos del país, como a la implementación mecanismos clientelares para la distribución de productos, con Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que contribuyen a la discriminación política.

.- El derecho a la salud se encuentra seriamente restringido por inexistencia de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades; incluso sencillas y de atención primaria. Cabe agregar el quiebre técnico del sistema público de salud por la insuficiente e inadecuada inversión económico-financiera que le permitiera su funcionamiento normal y adecuado.

.- La preservación del medio ambiente, de la propia biodiversidad y a la población indígena son ahora amenazados en áreas sensibles, al sur del país, con la aprobación del “Arco Minero del Orinoco” un proyecto de alto riesgo ecológico que se realizará con asociación de empresas trasnacionales.

A todo este cuadro, hay que agregar el bajo perfil desempeñado por la “Defensoría del Pueblo”; órgano constitucional encargado de la promoción y defensa de los derechos y garantías contenidas en la Constitución Bolivariana. La Defensoría del Pueblo elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos; cuya aplicación efectiva aún está en suspenso. Por los demás, durante la realización del Examen Periódico Universal (EPU), Venezuela no quedó bien parada pese a los esfuerzos del gobierno por medio de la representación enviada al evento.

La precaria situación de los DDHH en Venezuela representa uno de los mayores fracasos del sistema y del gobierno durante los últimos años; pues aunque casi un tercio del contenido de los artículos de la Carta Magna están referidos a la garantía de de los derechos humanos, su aplicación y vigencia se encuentran restringidas como hemos señalado arriba.

Se abre un reto y un espacio de lucha social para todos aquellos ciudadanos demócratas y también para las organizaciones sociales y comunitarias para la reconquista de la plena vigencia de los derechos humanos con una agenda precisa e incluyente y, en la que la educación sea el pivote fundamental. La reconstrucción de la democracia venezolana debe tener un enfoque de derechos. Todos los derechos para todas las personas. 

@gestiondecambio

9 de Diciembre: Día Internacional Contra la Corrupción

La Asamblea General de la Naciones Unidas decidió en fecha 31 de octubre 2003 mediante la Resolución 58/4 proclamar el 9 de Diciembre de cada año como DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRRUPCIÓN como medio para aumentar la sensibilización respecto a las nefastas consecuencias de las malas prácticas administrativas y de la corrupción en general. 

La corrupción puede ser definida como el abuso de un funcionario público en beneficio privado en el que ese beneficio pueda darse ya sea que el funcionario acepte el soborno o extorsione al perjudicado (Banco Mundial, 1997).

Desde nuestro punto de vista la corrupción constituye una flagrante violación a los derechos humanos y una práctica que atenta contra el verdadero sentido de la democracia y el bienestar y la felicidad de los ciudadanos.

Entre los principales factores que fomentan las malas prácticas administrativas y la corrupción podemos señalar:

.-Las formas autoritarias de gobierno.

.- La baja cultura ética de los funcionarios públicos y los inadecuados programas de formación.

.- La impunidad de los funcionarios, por ausencia de controles externos.

.- Las estructuras que concentran el poder en pocos organismos de la administración central.

.- La dependencia del gobierno de sus financistas electorales.

.- El peso del partido de gobierno en las decisiones de política pública.

.- Las formas jurídicas que permiten un manejo opaco de finanzas públicas.

.-  La baja transparencia de los actos gubernamentales.

.-  La ausencia de representantes de usuarios y beneficiarios en organismos que prestan servicios; y la baja participación ciudadana.

.- Los procesos judiciales manipulados, lentos, complicados y costosos.

.- La presión electoralista: “hacer lo que sea” para ganar las elecciones. (Tomado de “La cuestión ética en el sector público”. Jorge Etkin, 1996)

De manera lamentable, la percepción que se tiene del alcance y del impacto de la corrupción en Venezuela es muy alta. En efecto, en las últimas mediciones realizadas por la ONG “Transparencia Internacional” sobre la percepción de la corrupción, nuestro país continúa ubicado en los últimos lugares del ranking, como uno de los países con mayor índice de corrupción, oscilado su posición entre la posición N°160 (del año 2013), la ubicación N° 161 (del año 2014) y la posición N° 158 (del año 2015).

La corrupción ligada directamente a las formas autoritarias de gobierno y a la violación de los derechos humanos ocupa así un lugar relevante en la agenda de los asuntos a cambiar en nuestro país. Y son caminos hacia el combate de la corrupción en Venezuela, un cambio político basado en la movilización social, las prácticas basadas en la transparencia y la información, así como la eliminación de la impunidad mediante la aplicación oportuna de la justicia. 

@gestiondecambio

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Cambio de modelo y de gobierno

1.    El cambio de gobierno y del actual modelo económico y político de dominación y exclusión es urgente. Los venezolanos, sin distinción entre opositores y partidarios del gobierno, no merecemos seguir sufriendo. Si el gobierno de Maduro y su modelo continúan estaremos condenados a convertirnos, dentro de poco, en la nación más pobre de América Latina, y en uno de los últimos reductos de las dictaduras militaristas del planeta. Cambiar de gobierno es hoy una necesidad impostergabley es una condición necesaria para atender las necesidades de la gente que hoy no tiene acceso a los alimentos y medicinas, que vive en la angustia permanente de la violencia y la inseguridad, que no ve oportunidades para los jóvenes y los trabajadores, que no les alcanza su salario para mantener a sus familias y progresar, y que le han cerrado sus posibilidades de expresarse y elegir. Este es un grito que retumba en todas las calles y rincones de nuestras ciudades, pueblos, barriadas y caseríos.

2.     Para cambiar la presente situación sólo existen dos caminos, el de la política y el de la violencia. La violencia es excluyente y se reduce a destruir. Y detrás de ella sólo hay dolor, al que luego sigue una inmensa y generalizada frustración, ya que la violencia no resuelve ninguno de los problemas que pretende remediar, pero sí agrava los que existen. Es injusto que el destino de un pueblo sufriente sea más dolor y daño. Venezuela no puede estar condenada a ello.

3.     El camino de la política, por el contrario, es complejo porque supone construir. Y en el campo de la política existe un amplio rango de herramientas de lucha cívica: organización popular, presión internacional, movilizaciones, protestas, diálogo con el adversario, trabajo electoral, huelgas, negociaciones, docencia social e incorporación de la ciudadanía, por nombrar sólo las más importantes. Todas ellas son complementarias e incluyentes, y ninguna puede ser dejada de lado. Hacerlo puede significar el debilitamiento y eventual fracaso de la opción política y, en consecuencia, correr el inmenso riesgo que en su lugar irrumpa la opción violenta.

4.     La lucha por superar la actual crisis, para lo cual el cambio de gobierno y de modelo es condición imprescindible, debe aprovechar todos los instrumentos de la Política. Debe entonces, en consecuencia, combinar la necesaria presión popular y la organización de la ciudadanía, con una estrategia agresiva, consensuada e inteligente en la mesa de diálogo.

5.     Haber obligado al gobierno a sentarse a dialogar es un triunfo innegable del pueblo democrático. Nuestra intención es reforzar la alternativa del diálogo. Es necesario afrontar esta complicada y desigual fase de la batalla política, luego del cierre de las salidas electorales, acompañados de un testigo de excepción y de ascendencia insuperable, como es el Vaticano, con gran confianza en la fuerza de la ciudadanía organizada y activada.

Claves del proceso de diálogo

6.     El trabajo político en la mesa de diálogo presidida por la Santa Sede es difícil. La negociación será siempre asimétrica, porque el poder institucional y de fuerza está en manos de la contraparte oficialista. Para que el país democrático alcance logros y resultados concretos, hacen falta en principio unidad de criterio y de acción.

7.     La unidad política es ahora más necesaria e imprescindible que nunca. La unidad política es unidad social, es concordia, pero es, sobre todo, unidad de objetivos y trasparencia en las decisiones. No sólo unidad de nuestro liderazgo democrático, sino la de todos los venezolanos descontentos. Unidad en la movilización, en la perseverancia y en la estrategia, que implica entre otras cosas enfrentar a la oligarquía gobernante con todas las herramientas de la política. Se requiere un trabajo unitario para maximizar y darle direccionalidad a la inmensa legión de los venezolanos ansiosos de cambio, sin lo cual no pasaremos de ser una mayoría numérica, pero políticamente desagregada y desorganizada.

8.     La creatividad y la inteligencia, por el otro lado, son esenciales. Para todos es evidenteque el gobierno quiere la mesa de diálogo sólo para ganar tiempo y “enfriar” la presión popular, pero nunca para tomarla en serio. Nuestro reto es que esa mesa se asuma como algo serio. Ello pasa, a nuestro juicio, por 4 condiciones:

a.      Adoptar un compromiso de apoyo al diálogo como proceso de negociación política, con etapas, pasos, tiempos, consolidación de hitos y logros, identificación de alternativas, evaluación de resultados con el Vaticano como mediador confiable. Es un proceso donde se ponen en tensión las fortalezas, en la mesa y fuera de ella, para alcanzar logros tempranos y resultados totales o parciales razonables.

b.     Exigir compromisos significativos y suficientes garantías de cumplimiento de logros, que aseguren el respeto a los poderes electos y al voto popular, como primer paso para propender a un cambio de gobierno en el menor tiempo posible, evitando así que se generen nuevas y mayores frustraciones en un pueblo cansado de tanta burla e indolencia gubernamental.

c.      Atender con especial énfasis el tema de la clara, precisa y oportuna información y comunicación a los venezolanos y al mundo, asegurando la coherencia en el discurso y, de ser posible, la unificación del mismo, con una eficaz gestión de medios, convencionales y alternativos.

d.     Diseñar y conformar una plataforma de conexión orgánica o de vasos comunicantes entre la MUD, por una parte, como participante directa en la mesa de diálogo, y los actores, organizaciones y movimientos sociales, por la otra, que son los participantes indirectos en esa instancia.

Al tiempo que se desarrollan estas actividades, directamente relacionadas con la mesa de diálogo, es conveniente que las organizaciones políticas y sociales consideren y adelanten un conjunto de acciones populares que conformen un ambiente favorable para lograr los mejores resultados, como por ejemplo:

a.      Presentar a los venezolanos una propuesta clara que invite a reconstruir el país, sobre la base del compromiso de conformar un Gobierno de Unidad Nacional con todos los sectores, amplio e incluyente, que haga énfasis primordial en la atención inmediata a la grave situación social y económica de nuestros compatriotas, y que incluya una propuesta de lineamientos principales del próximo gobierno.

b.     Promover la declaratoria de amplios y diversos sectores y organizaciones no partidistas a favor del cumplimiento de la Constitución, y exigir el respeto a su legítimo derecho constitucional a protestar y realizar movilizaciones en respuesta a las políticas equivocadas del gobierno.

c.      Convertirla mesa de diálogo en herramienta política para la organización popular, para impulsar la docencia social y la protesta ciudadana.Una forma de hacerlo es debatiendo y discutiendo en asambleas ciudadanas los detalles del proceso, recoger impresiones y recabar cuestionamientos y sugerencias.

d.     Impulsar un movimiento amplio de defensa de la constitución y la democracia, para ampliar y maximizar las voluntades en favor del cambio político democrático.

Caracas, a los 20 días del mes de noviembre de 2016.

Municipio y Capacitación Gerencial

Nadie pone en duda la importancia del Municipio como la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos. La actividad de los gobiernos locales posee una incidencia definitiva en la calidad de vida de sus habitantes. Los municipios constituyen la base territorial para la organización de la República; gozan de autonomía y personalidad jurídica. La autonomía municipal comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de sus competencias y la creación, recaudación de sus ingresos. Las competencias municipales están determinadas en la Constitución de al República Bolivariana de Venezuela, y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal entre otros referentes legales. La organización del Poder Público Municipal contemplada en la LOPPM, se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, realizada por el alcalde, responsable del gobierno y la administración; la función legislativa (deliberante) correspondiente al Concejo Municipal; la función del control fiscal, cuya responsabilidad es de la Contraloría Municipal; y la función de planificación que será ejercida conjuntamente con el Consejo Local de Planificación Pública.

Los principios constitucionales de la participación en la formación, gestión y control de la gestión pública determinan cualidades y procesos de inclusión ciudadana al Poder Público Municipal. La ejecutiva debe desarrollarse con la participación (de manera vinculante o no) de la opinión popular en la formación y ejecución de programas públicos. La función deliberante del Poder Municipal se encuentra obligada a propiciar la implementación de mecanismos de consulta pública, y de recepción de las iniciativas legislativas a las cuales tienen derecho las comunidades organizadas de cada entidad local. Los contralores municipales están obligadas legalmente a atender las denuncias ciudadanas. Las organizaciones de contraloría social, son parte del sistema nacional de control fiscal. Y la función de planificación otorgada a los CLPP es compartida e incluyente para otras formas asociativas no estatales como los consejos comunales, los comités de tierras, las mesas técnicas (de agua, energía) y otras instancias de participación popular. Por último, el presupuesto participativo –en este contexto- constituye una herramienta única donde las comunidades organizadas tienen la posibilidad de incidir en la gestión pública.

Frente a la nueva “realidad participativa” que supone el marco constitucional y legal vigente, en el ámbito local que nos ocupa, la gerencia se encuentra ante el reto de pasar de una modelo de gestión centralista y autoreferenciado, a otro orientado abierto a la satisfacción de las demandas sociales con base a la base de nueva relaciones entre el Estado y la sociedad. En tal sentido, la gerencia pública municipal posee un conjunto de compromisos éticos, políticos y técnicos, estratégicos y operativos que debe cumplir para facilitar la aplicación y el cumplimiento de los derechos populares a la inclusión en la gestión de las políticas públicas de alcance local. Lo anterior supone, que la gerencia municipal tenga que elevar su capacidad de gobierno. Temas como adecuada percepción ética de la política; o la relación gobierno/comunidad; la solidaridad social; la gestión transparente y la rendición de cuentas; por una parte. Y el desarrollo de adecuados modelos de planificación, gestión y sistemas de información y seguimiento de proyectos; conjuntamente con la simplificación de procedimientos administrativos y de atención ciudadana, tendrían que constituir elementos ineludibles y habituales dentro de una visión renovadora y de fortalecimiento de la gerencia local.