sábado, 10 de diciembre de 2016

Venezuela y el Día Internacional de los Derechos Humanos




El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en su Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), con un Preámbulo y treinta artículos. Entre los derechos que allí se consagran y se protegen se encuentran: la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la participación política, la seguridad social, la educación, la salud, el trabajo, la recreación y la protección a la familia.
Los derechos son aquellas condiciones de necesario cumplimiento, para que los seres humanos podamos vivir con dignidad y en paz. También sabemos que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin distinción alguna y, que son una obligación para el Estado y también de toda la sociedad que debe respetarlos. Los derechos humanos son conquistas sociales de las tantas luchas de siempre, que han desarrollado los pueblos a lo largo de la historia.
Los DDHH reúnen una serie de características distintivas que determinan su trascendencia: son universales, son inalienables e intransferibles, son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles, son obligatorios, son inviolables, trascienden fronteras nacionales y, por último, los DDHH son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. En este contexto, al Estado le corresponde su reconocimiento, respeto, protección y promoción.
La vigilancia sobre el respeto y cumplimiento de los DDHH es un asunto vital y de observancia continua y diaria. Al respecto, además de las agencias estatales nacionales e internacionales encargadas de su resguardo existe un conglomerado de organizaciones no gubernamentales que realizan de manera voluntaria una “contraloría social” sobre el comportamiento estatal en relación a los DDHH y, prestando asesoría y apoyo en aquellos casos de violaciones comprobadas. 
En el caso venezolano, la situación de los derechos humanos es de una precariedad extrema debido a la acción y omisión gubernamental. Veamos algunos casos.
.- El derecho a la vida se haya comprometido; tanto por la inseguridad reinante como por políticas públicas (como la Operación de Liberación del Pueblo-OLP), cuya aplicación ha dejado un rastro de muerte.
.- En nuestro país existen más de 140 presos de conciencia (detenidos por razones políticas); lo cual es una expresión clara del estado de indefensión que se atraviesa.
.- El derecho a la participación política ha venido siendo restringida con el bloqueo oficial de los mecanismos de consulta electoral como: la eliminación de la elección de las juntas parroquiales, la suspensión del referendum revocatorio y la postergación de las elecciones regionales.
.- Los medios de comunicación social sufren censura; lo cual impide el ejercicio pleno de la  libertad de expresión y el acceso a la información de calidad, oportuna y veraz; por parte de la ciudadanía.
.- El acceso a la alimentación se ha visto seriamente afectado y limitado; tanto por el ataque oficial a los sectores productivos del país, como a la implementación mecanismos clientelares para la distribución de productos, con Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que contribuyen a la discriminación política.
.- El derecho a la salud se encuentra seriamente restringido por inexistencia de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades; incluso sencillas y de atención primaria. Cabe agregar el quiebre técnico del sistema público de salud por la insuficiente e inadecuada inversión económico-financiera que le permitiera su funcionamiento normal y adecuado.
.- La preservación del medio ambiente, de la propia biodiversidad y a la población indígena son ahora amenazados en áreas sensibles, al sur del país, con la aprobación del “Arco Minero del Orinoco” un proyecto de alto riesgo ecológico que se realizará con asociación de empresas trasnacionales.
A todo este cuadro, hay que agregar el bajo perfil desempeñado por la “Defensoría del Pueblo”; órgano constitucional encargado de la promoción y defensa de los derechos y garantías contenidas en la Constitución Bolivariana. La Defensoría del Pueblo elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos; cuya aplicación efectiva aún está en suspenso. Por los demás, durante la realización del Examen Periódico Universal (EPU), Venezuela no quedó bien parada pese a los esfuerzos del gobierno por medio de la representación enviada al evento.
La precaria situación de los DDHH en Venezuela representa uno de los mayores fracasos del sistema y del gobierno durante los últimos años; pues aunque casi un tercio del contenido de los artículos de la Carta Magna están referidos a la garantía de de los derechos humanos, su aplicación y vigencia se encuentran restringidas como hemos señalado arriba.
Se abre un reto y un espacio de lucha social para todos aquellos ciudadanos demócratas y también para las organizaciones sociales y comunitarias para la reconquista de la plena vigencia de los derechos humanos con una agenda precisa e incluyente y, en la que la educación sea el pivote fundamental. La reconstrucción de la democracia venezolana debe tener un enfoque de derechos. Todos los derechos para todas las personas. 
@gestiondecambio

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