El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó en su Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DDHH), con un Preámbulo y treinta artículos. Entre los derechos que allí se
consagran y se protegen se encuentran: la vida, la libertad, la igualdad, la
seguridad, la integridad, la participación política, la seguridad social, la
educación, la salud, el trabajo, la recreación y la protección a la familia.
Los derechos son aquellas condiciones de
necesario cumplimiento, para que los seres humanos podamos vivir con dignidad y
en paz. También sabemos que los derechos humanos corresponden a todas
las personas, sin distinción alguna y, que son una obligación para el Estado y también de toda la sociedad que debe
respetarlos. Los derechos humanos
son conquistas sociales de las tantas luchas de siempre, que han desarrollado
los pueblos a lo largo de la historia.
Los DDHH reúnen una serie de
características distintivas que determinan su trascendencia: son universales, son inalienables e
intransferibles, son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles, son
obligatorios, son inviolables, trascienden fronteras nacionales y, por último,
los DDHH son indivisibles, interdependientes, complementarios y no
jerarquizables. En este contexto, al Estado le
corresponde su reconocimiento,
respeto, protección y promoción.
La vigilancia sobre el respeto y cumplimiento de los DDHH es un asunto
vital y de observancia continua y diaria. Al respecto, además de las agencias
estatales nacionales e internacionales encargadas de su resguardo existe un
conglomerado de organizaciones no gubernamentales que realizan de manera
voluntaria una “contraloría social” sobre el comportamiento estatal en relación
a los DDHH y, prestando asesoría y apoyo en aquellos casos de violaciones comprobadas.
En el caso venezolano, la
situación de los derechos humanos es de una precariedad extrema debido a la
acción y omisión gubernamental. Veamos algunos casos.
.- El derecho a la vida se haya
comprometido; tanto por la inseguridad reinante como por políticas públicas
(como la Operación de Liberación del Pueblo-OLP), cuya aplicación ha dejado un
rastro de muerte.
.- En nuestro país existen más de
140 presos de conciencia (detenidos por razones políticas); lo cual es una
expresión clara del estado de indefensión que se atraviesa.
.- El derecho a la participación
política ha venido siendo restringida con el bloqueo oficial de los mecanismos
de consulta electoral como: la eliminación de la elección de las juntas
parroquiales, la suspensión del referendum revocatorio y la postergación de las
elecciones regionales.
.- Los medios de comunicación
social sufren censura; lo cual impide el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el acceso a la
información de calidad, oportuna y veraz; por parte de la ciudadanía.
.- El acceso a la alimentación se
ha visto seriamente afectado y limitado; tanto por el ataque oficial a los
sectores productivos del país, como a la implementación mecanismos clientelares
para la distribución de productos, con Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) que contribuyen a la discriminación política.
.- El derecho a la salud se
encuentra seriamente restringido por inexistencia de los medicamentos
necesarios para el tratamiento de enfermedades; incluso sencillas y de atención
primaria. Cabe agregar el quiebre técnico del sistema público de salud por la
insuficiente e inadecuada inversión económico-financiera que le permitiera su
funcionamiento normal y adecuado.
.- La preservación del medio
ambiente, de la propia biodiversidad y a la población indígena son ahora
amenazados en áreas sensibles, al sur del país, con la aprobación del “Arco
Minero del Orinoco” un proyecto de alto riesgo ecológico que se realizará con asociación
de empresas trasnacionales.
A todo este cuadro, hay que
agregar el bajo perfil desempeñado por la “Defensoría del Pueblo”; órgano
constitucional encargado de la promoción y defensa de los derechos y garantías
contenidas en la Constitución Bolivariana. La Defensoría del Pueblo elaboró un
Plan Nacional de Derechos Humanos; cuya aplicación efectiva aún está en
suspenso. Por los demás, durante la realización del Examen Periódico Universal
(EPU), Venezuela no quedó bien parada pese a los esfuerzos del gobierno por
medio de la representación enviada al evento.
La precaria situación de los DDHH
en Venezuela representa uno de los mayores fracasos del sistema y del gobierno
durante los últimos años; pues aunque casi un tercio del contenido de los
artículos de la Carta Magna están referidos a la garantía de de los derechos
humanos, su aplicación y vigencia se encuentran restringidas como hemos
señalado arriba.
Se abre un reto y un espacio de
lucha social para todos aquellos ciudadanos demócratas y también para las
organizaciones sociales y comunitarias para la reconquista de la plena vigencia
de los derechos humanos con una agenda precisa e incluyente y, en la que la
educación sea el pivote fundamental. La reconstrucción de la democracia
venezolana debe tener un enfoque de derechos. Todos los derechos para todas las
personas.
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