Aunque el video (link is external) tomado por un celular se vea movido, no hay duda de lo que está ocurriendo: ésta es una escena preocupantemente común. Un manifestante negro lucha (link is external) contra media docena de policías que lo intentan reprimir en medio de los gritos de otros manifestantes. Segundos después, otro manifestante negro, Jerry Afriyie (link is external), es golpeado en la cabeza por un policía y arrastrado por la puerta de un autobús y golpeado con una macana repetidamente.
La detención violenta de Afriyie y de casi dos cientos más se llevó a cabo el 12 de noviembre en Rotterdam durante una manifestación (link is external) en contra del racismo en la sociedad neerlandesa. Estas crudezas son lo que en la sociedad civil llamamos “violación al espacio cívico”, es decir, cualquier abuso, violento o no, que evita que una persona se organice, exprese o tome acciones pacíficas al respecto de un tema que lo preocupa.
Mi organización, CIVICUS está dando seguimiento (link is external) a este tipo de abusos en todo el mundo. En muchísimos países, incluyendo muchos miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), gente cuyo único objetivo es luchar contra las injusticias y crear sociedades más justas y tolerantes, están siendo tratados como criminales o terroristas. De hecho, actualmente existen problemas serios en el espacio cívico de más de un tercio de los países miembros de OGP (link is external).
Lo preocupante es que, como vemos en el ejemplo, estas violaciones no ocurren solamente en países autoritarios, sino también en democracias consolidadas.
En algunos países de OGP, las amenazas al activismo pacífico son extremadamente graves. Ejemplos de ello son los asesinatos (link is external) de cinco líderes sociales en el plazo de una semana en Colombia, el uso de gas lacrimógeno y cañones de agua (link is external) por la policía para dispersar estudiantes que se manifestaban en Honduras, la interrogación y detención (link is external) de cuatro horas de un editor de periódico en Liberia y el asesinato (link is external) de un periodista de radio comunitario en México.
Estos países de OGP son parte de una tendencia global en la que al menos 3.2 mil millones de personas viven en países donde existen violaciones a los derechos más fundamentales.
Esta situación no ocurrió de la noche a la mañana. Por el contrario, ahora estamos cosechando los frutos de la degradación gradual del respeto a los derechos básicos de expresión y cuestionamiento de la autoridad. Este descenso ha sido bien documentado durante al menos una década, al punto que la confianza en las instituciones democráticas sus líderes está en una caída peligrosa.
Por supuesto, fue el reconocimiento de estas amenazas lo que llevó a la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2010 en un intento por crear soluciones innovadoras para acercar a los gobiernos y sus ciudadanos y reconstruir la confianza en el poder de la democracia.
Tristemente, son estos mismos sentimientos de desconexión y desafección lo que ha llevado a provocar el neo-autoritarismo de los líderes como Narendra Modi en India, Rafael Correa en Ecuador y Victor Orbán en Hungría. Estos líderes y otros como Trump se benefician del debilitamiento de las libertades cívicas, pues buscan dominar los discursos públicos e imponer su voluntad en la sociedad. Además, hacen uso de las redes sociales para atacar a sus críticos y perpetuar su propia versión de la realidad.
Nuestro análisis (link is external) del por qué de estas violaciones reveló algunas conclusiones predecibles, pero también algunas sorpresas. Cuando analizamos los datos sobre el uso excesivo de la fuerza en contra de las manifestaciones, vimos que los manifestantes eran atacados sobre todo cuando cuestionaban directamente al estado y sus decisiones. Un resultado más sorprendente fue que la policía utiliza gas lacrimógeno, balas de salva, macanas y otras medidas extremas para atacar a la gente que pide que sus necesidades más básicas sean cubiertas, incluyendo prestaciones para las personas con discapacidad y el acceso a la tierra y a empleos. Además, en CIVICUS Monitor estamos monitoreando una gran cantidad de manifestaciones de estudiantes y maestros que con frecuencia son reprimidas por la fuerza.
Este análisis nos dice que existen diversas fuerzas políticas y económicas (link is external) detrás del activismo y detrás de la represión. Esto nos recuerda que no podemos separar nuestro análisis de las violaciones del espacio cívico de los modelos económicos y las reglas impulsadas por los líderes elegidos democráticamente y que están diseñados para beneficiar a unas cuantas personas y empresas y no a la mayoría de la población.
¿Qué pueden hacer los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y, específicamente, qué deben hacer los países de OGP para invertir esta tendencia?
En primera, debemos recordar que todos los gobiernos de OGP se comprometieron públicamente a la Declaración de Gobierno Abierto, incluyendo el compromiso de salvaguardar “la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de operar de forma consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión.”
Al mismo tiempo, está claro que las palabras por sí mismas no son suficientes para asegurar que los estados cumplan con su obligación de proteger el espacio cívico bajo las leyes internacionales. En la reciente Cumbre Global de OGP se escucharon muchas buenas ideas y acciones prácticas que se pueden tomar.
Una acción rápida es lograr que los países de OGP incluyan (y que las organizaciones de la sociedad civil los presionen) compromisos específicos y concretos sobre el espacio cívico en sus planes de acción. Ya hay ejemplos de Letonia, Bulgaria y Guatemala de cómo hacerlo.
Otras recomendaciones incluyen la creación de un grupo de trabajo de OGP enfocado en el espacio cívico, lo que daría a las reformadores de gobierno las herramientas y conocimiento necesarios para crear ambientes de protección de la sociedad civil. Otros grupos han propuesto una revisión de los criterios de elegibilidad, específicamente sobre participación ciudadana y protección básica de las libertades cívicas para asegurar que los estados que abusen de la sociedad civil no puedan permanecer en la alianza.
Los gobiernos y la sociedad civil por igual están haciendo un llamado a un enfoque más serio en las acciones colectivas a través de las cuales los países miembros acuerdan asegurar una mayor protección de la sociedad civil. En ese proceso, los países de OGP deben trabajar de cerca con las nuevas iniciativas de la sociedad civil como la Coalición de Acción para el Espacio Cívico que están defendiendo al espacio cívico a nivel global.
Además, OGP debe alcanzar niveles políticos más altos para asegurar que las acciones que debiliten al espacio cívico no sean toleradas. En las últimas dos semanas hemos visto la importancia de las movilizaciones en todo el mundo en oposición al presidente Trump y sus políticas. Como lo dijo tan elocuentemente el comentarista sudafricano Ranjeni Munusamy esta semana, Trump ha “agitado un despertar global (link is external)”.
Estos eventos demuestran que hay una comunidad enorme de ciudadanos que están listos para luchar por sus democracias utilizando medios pacíficos pero proactivos. Los estados deben proteger vigorosamente el espacio de las movilizaciones pacíficas, tanto en las calles como a nivel político a través de foros nacionales e internacionales. Los países miembros de OGP, con su compromiso de transformar la gobernanza y el mecanismo de dar seguimiento al avance de los estados, están perfectamente preparados para hacerlo.
Lo repetimos: OGP debe priorizar la protección del espacio de la sociedad civil. De lo contrario, los ataques violentos como los que ocurrieron en la manifestación en contra del racismo en Rotterdam seguirán ocurriendo. Y seguirán debilitando la confianza del público en las instituciones democráticas, lo que podría, en última instancia, debilitar el éxito de OGP.
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