jueves, 22 de junio de 2017

LAS HERRAMIENTAS PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA





¿Cómo funciona la dinámica de la participación ciudadana actualmente en nuestra ciudad?

Esta intervención se ubica en el marco territorial del área metropolitana de Caracas que incluye los municipios Bolivariano Libertador; y Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del estado Miranda. Sin embargo, también refleja algunas experiencias de otros municipios del país.

1.   En general, puede afirmarse que existen procesos y eventos de participación social impulsados de manera autónoma por los ciudadanos. Tales procesos se emprenden con independencia, pero de manera coordinada con la gestión de la institucionalidad pública de los municipios.
2.      El funcionamiento de la institucionalidad de los municipios para la participación ciudadana no funciona de manera adecuada: aquí nos referimos a los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP); y al Consejo Metropolitano de Políticas Públicas (CMPP). En cuanto a los consejos comunales, estos operan según la capacidad de su liderazgo local.
3.      Las entidades que desarrollan más actividad participativa en los municipios, son las organizaciones sociales (OSC), en tanto practican por una, parte la observación, vigilancia y contraloría de la actividad y de las prestaciones de los órganos del poder público; y por otra, las OSC ejercen programas de voluntariado y/o de capacitación vinculados a la actividad pública local.
4.      El balance institucional del rendimiento de las estructuras públicas para la promoción y ejercicio de la participación es bastante deficiente y de escasa incidencia en la gestión de gobierno local. Esta situación obedece al predominio de prácticas administrativas tradicionales y a la escasa comprensión de que la participación es un derecho humano y un deber ciudadano.
5.      El tema de la participación ciudadana requiere de un tratamiento ético apegado a la honestidad, la cercanía y transparencia y la rendición de cuentas. Para que haya una mayor participación social en el manejo de los asuntos públicos, tal cual como lo determina al CRBV,  el acceso a la información pública debe estar garantizado.


¿Cuáles son nuestros retos en función de ello?

Construir un municipio ciudadano, con base a:

1.      La defensa de la democracia, la autonomía municipal y la descentralización político-territorial.
2.      El incremento de las capacidades de gestión de nuestros municipios en el marco del enfoque de derechos.   
3.      La optimación de los procesos y mecanismos de inclusión y participación social en los asuntos públicos locales; lo que supone la simplificación de procedimientos, la incorporación de nuevas tecnologías de gestión y la implementación de mecanismos de información al público eficaces y de la debida rendición de cuentas. los
4.      El impulso y apoyo a la organización autónoma de ciudadanos alrededor de sus intereses comunitarios y sociales.  

¿Qué se está haciendo en otros países para que los ciudadanos se sientan identificados con la participación en el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas públicas?

1.      Reconocimiento por parte de las autoridades públicas locales del ejercicio pleno del derecho a la ciudad y a la participación de sus habitantes.  
2.      Garantía del acceso del público a la información gubernamental.
3.      El fortalecimiento de nuevos modelos de gestión pública local (OPA).

¿Cómo la implementación de nuevas tecnologías podría fomentar la transparencia y a su vez la contraloría por parte de los ciudadanos?

1.   Con la utilización de medios informáticos y telemáticos que viabilicen el acceso a la información.
2.     Mediante la aplicación y difusión de las herramientas de tecnología cívica para la apertura del gobierno.
3.      Mediante el impulso de las consultas ciudadanas vía internet sobre temas específicos.
4.   Con el establecimiento de redes digitales dirigidas a la colaboración e intercambio de información ciudadana.

¿Cuáles son las modificaciones normativas para promover el cambio?

1.   Elaborar un programa de reforma legislativa que se base en lo necesario y en lo posible partiendo para fortalecer el ejercicio del derecho a la participación en un municipio democrático, autónomo,  descentralizado e incluyente: un municipio ciudadano.  
2.     Revalorizar la participación ciudadana como un tema transversal en el ámbito de la gestión pública municipal (nos referimos a este ámbito territorial)
3.   Diseñar e implementar programas de fortalecimiento institucional en los distintos componentes del poder público municipal, dirigidos tanto a optimar sus capacidades de gobierno como su apertura a la inclusión de los ciudadanos en los asuntos locales de su incumbencia.
4.      Comprender que la participación es un derecho reconocido tanto en el derecho internacional como en la CRBV.
5.      Rescatar y fortalecer la figura del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) y de las Juntas Parroquiales, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, como componentes de la división funcional del poder público municipal.
6.      Diversificar el reconocimiento de los medios de organización comunitaria: superar el mero “consejo-comunalismo” e incorporar otros medios de organización popular tales como las asociaciones vecinales, las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas entre otras.

7.      En cuanto al CLPP, proponemos los siguiente aspectos:

6.1. Revisar la naturaleza jurídica del este órgano como consejo de planificación del     municipio centrando sus atribuciones en la planificación del desarrollo local sustentable y descentralizado y el control de la gestión de proyectos.
6.2. Pluralizar y diversificar su conformación: incluir la mayor cantidad de actores vivos y representativos del municipio. Combinar de manera eficaz la representación sectorial con la representación vecinal. Crear la figura de invitados
6.3. Democratizar el proceso de elección de sus integrantes: abrir los procesos de elección a normas claras e inclusivas. Priorizar la participación de actores locales. F
6.4. Fortalecer sus atribuciones: incluir la rendición de cuentas anual de sus integrantes, convertir los CLPP en centro de construcción de ciudadanía mediante la realización de actividades formativas y socio-comunitarias.
6.5. Establecer un funcionamiento más flexible y eficaz de acuerdo a sus propósitos: impulsar mesas de trabajo y la creación de redes de cooperación intermunicipal.
6.6. Fortalecer sus mecanismos de toma de decisiones: desburocratizar procesos de deliberación interna y precisar ámbitos de decisión.
6.7. Considerar a los consejeros no gubernamentales y vecinales sujetos de responsabilidad pública.


Conclusiones y recomendaciones

1.      La participación ciudadana se ubica en el marco de los DD.HH y del derecho a las ciudad que tienen todos sus habitantes.
2.      El reto es entonces construir el municipio ciudadano.
3.   Se requiere la elaboración de una agenda legislativa necesaria y posible partiendo de la necesidad de rescatar su democracia, autonomía y descentralización.
4.      El consejo local de planificación pública (CLPP) como centro de planificación participativa, financieramente viable, para el desarrollo sustentable y promotor de la construcción de ciudadanía.


MGM/Marzo, 2017  

lunes, 12 de junio de 2017

Ortega Díaz impugnó nombramiento de magistrados del TSJ

La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que decidió impugnar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se realizó a finales de diciembre de 2015.
La funcionaria dijo en entrevista con Unión Radio que introdujo una demanda de nulidad contra la designación de 13 magistrados y 20 suplentes y, además, solicitó la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados.
“Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho”, expresó.
Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación de los magistrados del máximo tribunal del país ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba viciado.
"No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, aseveró.
La fiscal general de la República dijo que es necesario convocar a nuevos magistrados. “Los magistrados, por la salud del país, debería ser desincorporados de forma inmediata”, aseguró.
Aseveró que el TSJ no daba soluciones sino que se encargaba de "acelerar la crisis". Detalló que todos pedimentos del Ministerio Público han sido negados y que una institución se ganaba el respeto dando respuesta, no negando las peticiones.
La fiscal afirmó que ella asumía "toda la responsabilidad" de sus acciones y sostuvo que si las mismas acarreaban responsabilidad, ella la asumía.
"Mis opiniones están apegadas al ordenamiento jurídico", expresó.
Ortega Díaz también acudió al máximo tribunal del país para solicitar una copia de la sentencia que fue emitida este lunes por la Sala Electoral que declaró inadmisible el recurso que introdujo en contra de los actos del Consejo Nacional Electoral sobre la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Indicó que la institucionalidad se ha perdido y no están funcionando las instituciones. "Acudí al TSJ como creyente en las instituciones".
Igualmente hizo un llamado a la paz, la sensatez y al entendimiento entre los venezolanos.

jueves, 1 de junio de 2017

La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz objeta Sentencia 378 del TSJ

La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz: Sentencia 378 del TSJ es un retroceso de los Derechos Humanos


Caracas.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseveró este jueves que la sentencia 378 publicada ayer por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es un “retroceso” en materia de Derechos Humanos (DDHH).
Esa sentencia resolvió que el presidente de la República, Nicolás Maduro, puede convocar a la Asamblea Nacional Consittuyente (ANC) sin consulta popular previa.
Desde las afueras de la sede del Poder Judicial y en declaraciones a los medios, la máxima representante del Ministerio Público (MP) solicitó “suficientemente facultada para este acto” al órgano judicial que “aclare” la referida sentencia.
Ortega Díaz añadió que los DDHH “de ninguna manera pueden ser desmejorados” y que la Constitución aprobada en 1999 se realizó mediante un proceso de participación y consulta del soberano a través de varios procesos consultivos.

Nota tomada del diario El Universal ( redactó José Silva)