domingo, 2 de octubre de 2011

NOTAS SOBRE EL PODER POPULAR

Desde nuestro punto de vista, el poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas. Esta condición propiciaría una mayor legitimidad y transparencia a las políticas públicas adoptadas desde el gobierno, haciendo posible una gestión gubernamental más ajustada a las demandas sociales y, favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.

También estimo que el poder popular debe ser autónomo para que en efecto se ejerza de manera soberana. El poder popular trasciende las diferentes clases sociales que componen una sociedad; es decir, no es potestad exclusiva de una clase social o de sector ideológico específico aunque usualmente pueda ser empleado como parte del discurso político de los distintos factores partidistas que entran en el debate ordinario de las sociedades abiertas.

El poder popular se expresa mediante la participación de los ciudadanos y colectivos sociales en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles político-territoriales de gobierno. De igual manera se manifiesta, por medio de la disidencia y la movilización del pueblo organizado en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.

Otra expresión del poder popular es la libre asociación de los ciudadanos y ciudadanas, de las comunidades y de los colectivos sociales como componentes del poder popular. Y también a través de la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad; de acuerdo al marco constitucional vigente.

El poder popular además de autónomo es plural y diverso y, por lo tanto; no puede ser asociado a regímenes hegemónicos fundamentados ideológicamente en la dictadura de una clase sobre otra o sobre el resto de la sociedad; y mucho menos ser “utilizado” para perseguir y violentar derechos humanos desde el gobierno y el Estado.

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