jueves, 28 de febrero de 2013

Una disputa por la ejecución de viviendas habría desencadenado sicariato de dirigente comunal marabino



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Esta mujer, pariente de la víctima, llora desesperada al momento que el CICPC retira el cadáver
El asesinato por encargo del dirigente comunitario Jesús Alberto López Rico (40), ocurrido esta mañana en el porche de su casa en el barrio Villa Chaguaramos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, habría sido producto de un pleito que este sostuvo por la ejecución de unas viviendas en un terreno de 28 hectáreas que habría donado la dirigente social Iris Violeta Morales Mora de Peña, conocida como “La Coronela”.
Tal afirmación las realizaron familiares del occiso entre dolor y llanto. El cadáver de López Rico quedó boca arriba luego que dos pistoleros lo sorprendieran en el porche de su casa a eso de las nueve de esta mañana. Dentro de la vivienda se encontraba su mujer y tres de sus siete hijos. Cerca de diez balazos acabaron con la vida de dirigente.
En medio de sollozos una hermana de la víctima dijo que este había denunciado ante el Ministerio Público una serie de irregularidades en el proyecto habitacional. Aseguraron que López había recibido amenazas de muerte junto con una dirigente vecinal. A ambos los habrían sacado de los proyectos, señalaron miembros de esa comunidad y del barrio Independencia.
Una investigación realizada por NAD revela que Iris Morales de Peña, quien es esposa de un coronel del ejército, aparecer como dueña de esa extensión de tierra pero le fue introducida una demanda por cobro de seis millones 600 mil bolívares, por lo que el tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito, decretó en diciembre del 2011 medida de prohibición de enajenar y gravar las 28 hectáreas en cuestión.
Luego de ello Morales habría cedido el terreno a algunos consejos comunales para la elaboración de casas. Esta dirigente social declaró el 10 de octubre de 2012 ante el diario Qué Pasa y la nota de prensa indica que “Alrededor de 50 personas pertenecientes a varios consejos comunales de la región, protestaron frente al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Supremo de Justicia e hicieron entrega de un documento para exigir la devolución de unos terrenos ubicados en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.
Íris Morales de Peña, dueña del terreno Camino a la Lagunita, ubicado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante informó que cedió alrededor de 28 hectáreas a los consejos comunales y al Ministerio del Poder Popular para las Comunas (Mppc) para la construcción de unas viviendas.
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En la gráfica de Suzzarini se observa la forma como quedó el cadáver de López
Morales de Peña destacó que: «El fiscal Jorge Ramírez Quijarro forjó un documento, logrando que unas contratistas se apoderaran de una parte del terreno. El fiscal Ramírez es un vende patria y un imperialista, que además quiere dejar a cientos de familias sin vivienda».
Por su parte, Jesús López, líder del Comando de Expansión Antigolpe Hugo Rafael Chávez Frías indicó que los dueños de las contratistas que se apoderaron de una parte de los terrenos estafaron al Estado, «le robaron al Estado 60 millones de dólares y engañaron al pueblo porque les prometieron unas viviendas que no van a entregar».
Asimismo, López informó que se reunieron con el fiscal del MP, quien les prometió estudiar el caso y en las próximas semanas darles una respuesta satisfactoria”.
Funcionarios investiga el caso pero hasta los momentos no tienen definido el móvil del homicidio. Tienen claro que se trató de un sicariato y esta misma mañana trasladaron al despacho a la pareja del occiso y a otros testigos para que aporten detalles del crimen y de las presuntas amenazas que este recibió. No descartan los investigadores que el asesinato haya sido planificado porqué Jesús Alberto López tocó intereses de alguna mafia de la construcción o este tenía relación con esos grupos. La víctima registro antecedentes por robo agravado en el año 1993 pero en el 2005 un tribunal decreto medida de suspensión condicional del proceso.
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Noticia al Día
Fotos: Antonio Suzzarini

Consejos comunales defienden patrimonios culturales


En reunión con el Iacene, Gabinete Cultural, Fundacomunal y el presidente nacional del IPC, Raúl Grioni, se nombró el equipo promotor para la conformación de brigadas en defensa de los valores históricos y culturales.
Jennifer Hrastoviak
Brigadas patrimoniales velarán por resguardo de valores históricos y culturales de la región insular.
Foto: JENNIFER HRASTOVIAK
27 feb, 2013 | El resguardo y defensa de los patrimonios culturales de la región insular será una tarea de los consejos comunales.
El Instituto de Patrimonio Cultural no puede asumir financieramente todas las reparaciones de las edificaciones  deterioradas, por lo que solicitan la participación activa del poder popular para trabajar en conjunto, aseguró el presidente nacional del IPC, Raúl Grioni.
La idea es que la comunidad organizada ejecute proyectos en función del resguardo patrimonial del estado y solicite recursos para ello, a través de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, explicó.
El Centro de Artes Omar Carreño de La Asunción fue escenario de la reunión realizada este martes. Estuvieron presentes Iván Gómez, director del Instituto Autónomo de Cultura de Nueva Esparta; Inés Ruiz, directora del Gabinete Cultural neoespartano; José Meza, director de Fundacomunal; Grecia Salazar, representante del IPC regional; cultores, artesanos y voceros de los consejos comunales
De esta primera reunión surgió la conformación de un equipo promotor que dará origen posteriormente a las brigadas patrimoniales. Éstas serán integradas por voceros de cultura, educación y se encargarán de preservar los valores históricos y culturales de la región insular, que funcionará en las salas de batalla de cada jurisdicción, explicó el vocero de formación del municipio Marcano, Oscar Maestre.
Inquietudes
Cada uno de los presentes expresó sus inquietudes respecto a la viabilidad y funcionamiento de estas brigadas.
Iván Gómez aclaró que contarán con el apoyo del IPC y la institución que representa para suministrar los capacitadores que se encargarán de formar a cada uno de los integrantes de estas brigadas, para luego convertirlos en masificadores. Quienes tengan esta responsabilidad deberán fungir de contralores e informar, especialmente en temporadas, a propios y visitantes sobre los patrimonios de la región insular y destacar la importancia de su permanencia en el tiempo.

Consejo Comunales contribuyen en construcción del Plan Nacional Antidroga 2013-19


  
Consejos comunales del estado Aragua participan en la construcción del Plan Nacional Antidroga 2013-2019, en el que el poder popular tendrá mayor participación en las políticas y estrategias antidrogas.

Este miércoles se instalaron en Maracay las mesas de trabajo de la Ruta Consulta Popular, que adelanta la Oficina Nacional Antidroga (ONA), en las que participaron voceros de consejos comunales y representantes de los organismos de seguridad y prevención del Estado.
Durante el encuentro, el director de Oferta e Interdicción de la ONA, teniente coronel José Castillo García, informó que las opiniones, experiencias y recomendaciones que surja de las mesas de trabajo serán incorporadas al nuevo Plan Nacional Antidroga.
La Ruta de Consulta Popular ha visitado los estados Apure, Portuguesa, Carabobo, Falcón, Monagas, Bolívar, Lara y Aragua. Este viernes recorrerá el estado Zulia y a partir de la próxima semana comenzará la segunda fase de la ruta, que permitirá abarcar el resto de los estados del país.
Castillo destacó que en estos encuentros se ha hablado del deseo de las comunidades de una mayor presencia de los organismos de seguridad en el ámbito preventivo.
Ana Ruiz, vocera del consejo comunal, se incorporó a la jornada de consulta por considerar que el aporte de las comunidades es necesario en la construcción de este nuevo plan que busca la formación y siembra de conciencia en la población sobre el consumo de drogas.
Dijo que en los comités de protección social de los consejos comunales se discuten las propuestas para el Plan Nacional Antidroga, "porque en las comunidades conocemos las necesidades de las familias con personas inmersas en las drogas y delitos".
Ruiz consideró que fomentar más talleres de formación, dirigidos a las familias y, sobre todo, a las madres, contribuiría en la educación de niños, niñas y adolescentes, para evitar el consumo de drogas.