Miguel González Marregot
El proceso electoral municipal
del 8-D enfrentará -en un nuevo episodio-, la plataforma de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) y el bloque oficialista encabezado por el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En los comicios locales habrá dos
enfoques: la MUD arriando las banderas de democracia, autonomía municipal y
descentralización y el PSUV empujando ahora la “municipalización” del Estado
comunal. Y es que más allá de lo electoral, el municipio se encuentra enmarcado
en un contexto ampliamente problematizado que amenaza su institucionalidad y
vigencia. Veamos.
Un primer elemento que salta a
la vista es la “cultura política presidencialista” que caracteriza a la sociedad
electoral de Venezuela. De allí que, lamentablemente los procesos electorales
regionales y municipales no reciben ni la debida atención ni la participación
masiva de la ciudadanía. Hay un muy bajo interés de la ciudadanía; tanto en la
elección de alcaldes y concejales como en su gestión. Un dato: los actuales
concejales tienen 2 períodos consecutivos sin renovación electoral y otro dato:
en el año 2010 (con la reforma de la LOPPM), se eliminó la elección democrática
de las Juntas Parroquiales. Ambos hechos ocurrieron sin resistencia política y
ciudadana.
La movilización real y efectiva
de electores en el próximo Diciembre será un auténtico reto para los bloques
participantes en la justa, será el incentivar el voto en la ciudadanía. La
abstención podría jugar un papel determinante en los comicios del 8-D; pudiendo
generar sorpresas. En las elecciones de 2005 (última vez que se eligieron
concejales y miembros de Juntas Parroquiales) la abstención alcanzó a un 69%
del electorado. En 2008, año en el que se eligieron los actuales alcaldes el
nivel abstención superó el 40% del electorado como promedio a nivel nacional.
El oficialismo ha contrapuesto
la comuna al municipio venezolano. La escabrosa relación municipio-comuna se
origina en la visión estratégica del bloque socialista oficialista que propone
la creación de un Estado Comunal. Cabe destacar que, dentro del Socialismo del
Siglo XXI, la comuna es unidad territorial básica y está en directa
contraposición con el municipio. En la actualidad, hay 511 comunas en
construcción; según “cifras oficiales” de la Asamblea Nacional que discrepan
con la cifra de 633 comunas también en construcción; según FUNDACOMUNAL en su
más reciente informe.
Además de las comunas, los municipios
deben competir con los consejos comunales. Según la data oficial (también de
FUNDACOMUNAL) existirían en el país 42.834 consejos comunales registrados;
aunque no necesariamente activos. ¿Por qué constituyen los consejos comunales
una competencia para los municipios? La razón es muy sencilla: le restan recursos
financieros para la ejecución de proyectos. Cabe recordar que, esos recursos
que provienen del Consejo Federal de Gobierno (CFG) son asignados en forma
directa a los consejos comunales, sin que los municipios puedan intervenir en
ese proceso de distribución de recursos fiscales.
El municipio debe competir con
otras “entidades locales” que fungen como representaciones desconcentradas del
Ejecutivo Nacional y también del PSUV. Me refiero a las “Salas de Batalla
Social” (SBS). Las SBS fueron creadas e impulsadas por el Gobierno Nacional con
el objetivo de construir el Estado comunal. Según el Ministerio del Poder
Popular de las Comunas, las SBS son “herramientas de articulación entre el
pueblo y el Estado” mediante la atención social y política de comunidades en territorios
priorizados en el Ejecutivo Nacional. En Venezuela, habría unas 663 Salas de Batalla
Social que agruparían a su vez a 11.416 consejos comunales, equivalentes al 26%
del total de consejos comunales registrados en el país.
Todavía hay más. La autonomía
de la gestión municipal se ha visto seriamente disminuida; tanto por la
promulgación de la Ley Orgánica de Planificación (2008) como por la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010). En ambas leyes se lesiona la
competencia del municipio para fijar su propio rumbo y prioridades de inversión
local de acuerdo a sus características geopolíticas, económicas y sociales por
quedar sujeto a un sistema de planificación centralizado.
Por otra parte, las finanzas
municipales vienen siendo afectadas en su participación en el Situado Constitucional,
por el cálculo inadecuado que hace el Ejecutivo Nacional de los ingresos
petroleros, al momento de elaborar el Presupuesto Nacional. Pero además, las
posibilidades de financiación con recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno (CFG) están limitados por la participación competitiva de los consejos
comunales en esa fuente de recursos financieros. Generalmente, los recursos
obtenidos por los consejos comunales del CFG, por medio del Fondo de
Compensación Territorial (FCT) son invertidos sin coordinación ni control de
las Alcaldías; propiciando incoherencia en el desarrollo local.
Para los sectores democráticos
del país, las elecciones municipales deben trascender más allá del tema
electoral. Para ello, se debe dejar de lado la visión centralista y
concentradora de la práctica política para rescatar de manera eficaz y creíble
la institucionalidad municipal. El rescate de la democracia libre pasa por el
rescate de los municipios para la libertad, la inclusión social y
corresponsabilidad. Pero también se requiere que, cada ciudadano sienta e
internalice que los municipios no sólo son las instancias gubernamentales más
cercana a ellos; sino que además le pertenecen. De lo contrario, todo estará
perdido.
