Hacia una definición de la participación ciudadana

La participación es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad, al ejercicio pleno de la ciudadanía y también es expresión del verdadero poder popular. El derecho a la participación se encuentra consagrado en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del Derecho Internacional Público; tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966), la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros documentos.

La participación ciudadana supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión democrática del gobierno. En ese esquema, la participación del individuo, del pueblo, de las comunidades organizadas y también de sus entidades asociativas persigue otorgar, al menos protagonismo y corresponsabilidad en los procesos de gobierno. En el caso venezolano, la CRBV reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del Derecho Internacional Público, con mandatos expresos y vinculantes.

La participación ciudadana es un proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en la sociedad. Está motivada por intereses y valores que se pueden desarrollar individual y colectivamente, en relación a la sociedad y el Estado; bajo un contexto que puede ser favorable o no, establecido de manera formal (en el marco jurídico) o de manera informal, derivado de la dinámica por los actores de la propia sociedad.

La participación ciudadana puede ser “clasificada” en tres tipos básicos: la participación política, la participación comunitaria y la participación social. En términos muy sencillos, la participación política es aquella intervención de los ciudadanos; a través de los partidos políticos, tanto en procesos políticos (como la elección y la remoción de autoridades) como en órganos de representación y deliberación como lo son los parlamentos, los consejos legislativos estadales, los concejos municipales y cualquier otro que represente los intereses globales de una comunidad política.

La participación comunitaria estaría constituida por iniciativas ciudadanas con el propósito de recibir asistencia estatal (pública) para atender asuntos inmediatos de interés colectivo en ámbitos territoriales específicos; tales como: urbanizaciones, barrios, vecindades y caseríos. La participación comunitaria se encuentra dirigida a obtener respuesta de las autoridades públicas en problemas relacionados con la calidad de vida de su entorno referido a la prestación de servicios públicos: agua, alumbrado público, vialidad y transporte, seguridad; entre otros. Se basa en la organización de los ciudadanos de manera voluntaria en  asociaciones comunitarias y territoriales.

La participación social está referida a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones temáticas para la defensa de intereses sociales. En general, la participación social comprende colectivos voluntarios que realizan su actividad en torno a problemas que afectan a sectores sociales en situación de riesgo o vulnerabilidad o situaciones que afectan la calidad de vida de la población en general como también a sectores sociales específicos. En el primer caso, nos referimos a las personas con discapacidad, personas en situación de calle, infancia abandonada, la población de la tercera edad. El segundo caso está relacionado con aspectos vinculados al cuido del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa contra la violencia de género, la atención a la pobreza y la pobreza extrema; entre otros.