MUNICIPIOS BAJO AMENAZA, Y EN ELECCIONES

Miguel González Marregot

El proceso electoral municipal del 8-D enfrentará -en un nuevo episodio-, la plataforma de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el bloque oficialista encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En los comicios locales habrá dos enfoques: la MUD arriando las banderas de democracia, autonomía municipal y descentralización y el PSUV empujando ahora la “municipalización” del Estado comunal. Y es que más allá de lo electoral, el municipio se encuentra enmarcado en un contexto ampliamente problematizado que amenaza su institucionalidad y vigencia. Veamos.  

Un primer elemento que salta a la vista es la “cultura política presidencialista” que caracteriza a la sociedad electoral de Venezuela. De allí que, lamentablemente los procesos electorales regionales y municipales no reciben ni la debida atención ni la participación masiva de la ciudadanía. Hay un muy bajo interés de la ciudadanía; tanto en la elección de alcaldes y concejales como en su gestión. Un dato: los actuales concejales tienen 2 períodos consecutivos sin renovación electoral y otro dato: en el año 2010 (con la reforma de la LOPPM), se eliminó la elección democrática de las Juntas Parroquiales. Ambos hechos ocurrieron sin resistencia política y ciudadana.

La movilización real y efectiva de electores en el próximo Diciembre será un auténtico reto para los bloques participantes en la justa, será el incentivar el voto en la ciudadanía. La abstención podría jugar un papel determinante en los comicios del 8-D; pudiendo generar sorpresas. En las elecciones de 2005 (última vez que se eligieron concejales y miembros de Juntas Parroquiales) la abstención alcanzó a un 69% del electorado. En 2008, año en el que se eligieron los actuales alcaldes el nivel abstención superó el 40% del electorado como promedio a nivel nacional.

El oficialismo ha contrapuesto la comuna al municipio venezolano. La escabrosa relación municipio-comuna se origina en la visión estratégica del bloque socialista oficialista que propone la creación de un Estado Comunal. Cabe destacar que, dentro del Socialismo del Siglo XXI, la comuna es unidad territorial básica y está en directa contraposición con el municipio. En la actualidad, hay 511 comunas en construcción; según “cifras oficiales” de la Asamblea Nacional que discrepan con la cifra de 633 comunas también en construcción; según FUNDACOMUNAL en su más reciente informe.

Además de las comunas, los municipios deben competir con los consejos comunales. Según la data oficial (también de FUNDACOMUNAL) existirían en el país 42.834 consejos comunales registrados; aunque no necesariamente activos. ¿Por qué constituyen los consejos comunales una competencia para los municipios? La razón es muy sencilla: le restan recursos financieros para la ejecución de proyectos. Cabe recordar que, esos recursos que provienen del Consejo Federal de Gobierno (CFG) son asignados en forma directa a los consejos comunales, sin que los municipios puedan intervenir en ese proceso de distribución de recursos fiscales.

El municipio debe competir con otras “entidades locales” que fungen como representaciones desconcentradas del Ejecutivo Nacional y también del PSUV. Me refiero a las “Salas de Batalla Social” (SBS). Las SBS fueron creadas e impulsadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de construir el Estado comunal. Según el Ministerio del Poder Popular de las Comunas, las SBS son “herramientas de articulación entre el pueblo y el Estado” mediante la atención social y política de comunidades en territorios priorizados en el Ejecutivo Nacional. En Venezuela, habría unas 663 Salas de Batalla Social que agruparían a su vez a 11.416 consejos comunales, equivalentes al 26% del total de consejos comunales registrados en el país.

Todavía hay más. La autonomía de la gestión municipal se ha visto seriamente disminuida; tanto por la promulgación de la Ley Orgánica de Planificación (2008) como por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010). En ambas leyes se lesiona la competencia del municipio para fijar su propio rumbo y prioridades de inversión local de acuerdo a sus características geopolíticas, económicas y sociales por quedar sujeto a un sistema de planificación centralizado.

Por otra parte, las finanzas municipales vienen siendo afectadas en su participación en el Situado Constitucional, por el cálculo inadecuado que hace el Ejecutivo Nacional de los ingresos petroleros, al momento de elaborar el Presupuesto Nacional. Pero además, las posibilidades de financiación con recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno (CFG) están limitados por la participación competitiva de los consejos comunales en esa fuente de recursos financieros. Generalmente, los recursos obtenidos por los consejos comunales del CFG, por medio del Fondo de Compensación Territorial (FCT) son invertidos sin coordinación ni control de las Alcaldías; propiciando incoherencia en el desarrollo local.   

Para los sectores democráticos del país, las elecciones municipales deben trascender más allá del tema electoral. Para ello, se debe dejar de lado la visión centralista y concentradora de la práctica política para rescatar de manera eficaz y creíble la institucionalidad municipal. El rescate de la democracia libre pasa por el rescate de los municipios para la libertad, la inclusión social y corresponsabilidad. Pero también se requiere que, cada ciudadano sienta e internalice que los municipios no sólo son las instancias gubernamentales más cercana a ellos; sino que además le pertenecen. De lo contrario, todo estará perdido.