Sin aprobarse la ley contra la corrupción que incluye a los consejos comunales.
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En 2011 la Contraloría General de la República detectó manejos turbios en los consejos y bancos comunales ARCHIVO
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VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
domingo 21 de septiembre de 2014 12:00 AM
El pasado 16 de septiembre el Presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la entrega de 46 millones 954 mil bolívares a seis comunas que deberán construir sistemas de riego, adquirir maquinarias para mejorar la vialidad agrícola y poner en marcha una planta procesadora de bora, una empaquetadora industrial, una fábrica de mangueras y una procesadora de plátanos.
El Gobierno ha anunciado una nueva fase de impulso a la economía comunal, pero aún no hay mayor claridad sobre cómo se piensa regular y supervisar el uso del dinero que aparte de los desembolsos de este tipo, contará con una entidad financiera que surgirá de la fusión del Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer.
El 17 de mayo de 2011 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción que incluye a las comunas y consejos comunales, pero el proceso perdió impulso y aún no se ha realizado la segunda discusión.
Este proyecto de ley, impulsado por el diputado Héctor Navarro, contempla en su artículo cuatro que "se considera igualmente patrimonio público, los recursos entregados a particulares, los consejos comunales, las comunas o cualquier otra forma de organización social, por los órganos o entes del sector público".
Agrega el mismo artículo que "las personas que administren tales recursos estarán sometidas a las sanciones y demás acciones y medidas previstas en esta Ley y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal".
Además este proyecto establece que salvo por razones de seguridad y defensa toda la información sobre la administración de los recursos será pública y se deberá informar a los ciudadanos sobre el uso de los recursos.
Para cumplir con esta norma quienes reciben el dinero "publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de cualquier persona, en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deberán crear, o mediante Asamblea de Ciudadanos, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre los recursos que administren, con la descripción y justificación de su utilización y gasto".
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, indica que "hace falta mayor claridad y precisión sobre los mecanismos institucionales para controlar el dinero en las comunas. Los alcaldes, por ejemplo, rinden cuenta a su contraloría, a la Contraloría General de la República y a los ciudadanos pero no está nada claro cómo y a quién le van a rendir cuenta las comunas".
"¿Cómo tomará las decisiones de gasto la comuna, habrá un contralor en cada una de ellas, cómo se elige? Si en los casos donde hay claridad sobre cómo se rinde cuenta, como en las alcaldías esto ocurre de una forma muy mala, ¿qué va a pasar donde no hay precisión?", dice Mercedes de Freitas.
En los pocas experiencias en que ha habido supervisión se han detectado irregularidades. La Contraloría General de la República dice en su informe correspondiente a 2011 que en el caso de los consejos comunales "se determinaron debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras, en virtud de que se realizaron pagos por la totalidad de 1,78 millones de bolívares, los cuales carecen de soportes demostrativos de los conceptos que generaron el pago".
Agrega la Contraloría que en el caso del dinero entregado por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi) a bancos comunales hubo "un inadecuado seguimiento y control de los recursos, toda vez que estos no fueron transferidos en su totalidad a las comunidades organizadas; asimismo los expedientes examinados no contienen los informes técnicos mediante los cuales los bancos comunales hayan presentado la rendición de cuenta".
El Gobierno ha anunciado una nueva fase de impulso a la economía comunal, pero aún no hay mayor claridad sobre cómo se piensa regular y supervisar el uso del dinero que aparte de los desembolsos de este tipo, contará con una entidad financiera que surgirá de la fusión del Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer.
El 17 de mayo de 2011 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley contra la Corrupción que incluye a las comunas y consejos comunales, pero el proceso perdió impulso y aún no se ha realizado la segunda discusión.
Este proyecto de ley, impulsado por el diputado Héctor Navarro, contempla en su artículo cuatro que "se considera igualmente patrimonio público, los recursos entregados a particulares, los consejos comunales, las comunas o cualquier otra forma de organización social, por los órganos o entes del sector público".
Agrega el mismo artículo que "las personas que administren tales recursos estarán sometidas a las sanciones y demás acciones y medidas previstas en esta Ley y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal".
Además este proyecto establece que salvo por razones de seguridad y defensa toda la información sobre la administración de los recursos será pública y se deberá informar a los ciudadanos sobre el uso de los recursos.
Para cumplir con esta norma quienes reciben el dinero "publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de cualquier persona, en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deberán crear, o mediante Asamblea de Ciudadanos, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre los recursos que administren, con la descripción y justificación de su utilización y gasto".
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, indica que "hace falta mayor claridad y precisión sobre los mecanismos institucionales para controlar el dinero en las comunas. Los alcaldes, por ejemplo, rinden cuenta a su contraloría, a la Contraloría General de la República y a los ciudadanos pero no está nada claro cómo y a quién le van a rendir cuenta las comunas".
"¿Cómo tomará las decisiones de gasto la comuna, habrá un contralor en cada una de ellas, cómo se elige? Si en los casos donde hay claridad sobre cómo se rinde cuenta, como en las alcaldías esto ocurre de una forma muy mala, ¿qué va a pasar donde no hay precisión?", dice Mercedes de Freitas.
En los pocas experiencias en que ha habido supervisión se han detectado irregularidades. La Contraloría General de la República dice en su informe correspondiente a 2011 que en el caso de los consejos comunales "se determinaron debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras, en virtud de que se realizaron pagos por la totalidad de 1,78 millones de bolívares, los cuales carecen de soportes demostrativos de los conceptos que generaron el pago".
Agrega la Contraloría que en el caso del dinero entregado por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi) a bancos comunales hubo "un inadecuado seguimiento y control de los recursos, toda vez que estos no fueron transferidos en su totalidad a las comunidades organizadas; asimismo los expedientes examinados no contienen los informes técnicos mediante los cuales los bancos comunales hayan presentado la rendición de cuenta".
