Las propuestas de la sociedad civil para el Plan País (I)

Presentación

Atendiendo a la iniciativa y la invitación de la Presidenta de la Comisión de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional, Diputada María Beatriz Martínez, un equipo de líderes y dirigentes comunitarios y sociales del Área Metropolitana de Caracas y del interior del país, elaboramos el siguiente papel de trabajo con el único objetivo de contribuir y apoyar el trabajo de la Comisión y del equipo nacional responsable en la elaboración del Plan País.

Como todos los venezolanos, aspiramos que el Plan País sea y sirva como una herramienta de orientación asertiva y eficaz para la reconstrucción de nuestra amada Venezuela.. Para ello, consideramos que la participación ciudadana y los medios de comunicación son los ejes trascendentes sobre los cuales  se pueden edificar políticas para el desarrollo de la ciudadanía, que la reconstrucción de nuestra República requiere; dejando de lado la polarización, la segregación y la exclusión e incentivando la conciencia del disfrute responsable de los derechos para todos los ciudadanos.

El papel de trabajo inicia su contenido con la presentación de los principios fundamentales sobre los cuales se basan las propuestas que, en materia de participación ciudadana se presentarán en las áreas de reforma estructural (descentralización, municipio y transparencia) y su vinculación directa con la organización comunitaria,  el desarrollo productivo, la infraestructura, el urbanismo y el sector social.

Finalmente, en el documento se sugieren un conjunto de reformas legales de corto plazo que contribuirían a afianzar la transición; mediante la adecuación constitucional y renovación del marco legal de la participación y de su democratización efectiva, de cara a una sociedad basada en el derecho y el ejercicio pleno y responsable de la ciudadanía. 

  

Los principios fundamentales de las propuestas

La participación es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad y al ejercicio pleno del poder ciudadano. El derecho a la participación se encuentra consagrado en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del Derecho Internacional Público; tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966), la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros documentos.

En el caso venezolano, la Constitución del año 1999 reconoce el derecho a la participación en el 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del Derecho Internacional Público con mandatos expresos y vinculantes.

Consideramos que el Plan País debe partir del principio de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la participación activa, libre y responsable en el desarrollo de Venezuela; así como también a contribuir y disfrutar de su desarrollo cultural, económico, social, político y territorial, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la democracia.

En tal sentido, el Plan País debe servir para establecer una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación social de manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores sociales de todos los ámbitos del país.

Desde nuestra propuesta, consideramos que el Plan País debe incorporar y fundamentar como principios, los siguientes:

·     el derecho a la participación de los ciudadanos y sus asociaciones, en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles de gobierno,

·      el derecho a la información consagrado en la Constitución y en el Derecho Internacional debe ser garantizado por el Estado, facilitando el acceso a la información pública y a la transparencia de sus actuaciones.

·         El derecho a la comunicación debe ser esclarecido no solo como un derecho de los medios o de la prensa; sino el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y de viva voz, sin censura previa.   

·         el derecho a la disidencia y a la movilización de la sociedad civil, como expresión de la ciudadanía en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles de gobierno.

·         el derecho autónomo a la libre asociación de los ciudadanos, de las comunidades y de los sectores sociales.

·         el derecho que tienen los ciudadanos, comunidades y sectores sociales a diagnosticar y emprender soluciones de asuntos propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad.

En síntesis, entendemos al Plan País de conformidad plena con los valores supremos democráticos de la pluralidad, de la representación y la participación, la descentralización y la desconcentración y, la corresponsabilidad, garantizando los derechos ciudadanos, la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo la no discriminación.