4.-
Sobre la transparencia y el acceso a la información pública
La participación ciudadana requiere de una administración
transparente para poder ser ejercida. Hoy día, alrededor del mundo, los
sistemas de gobierno suelen ser “abiertos”. Esto es, que promueven la transparencia
en la gestión pública; así como la participación y colaboración de los
ciudadanos, sirviéndose de tal transparencia.
Algunas políticas
puntuales que pueden fortalecer el derecho a la participación ciudadana, son las
siguientes:
4.1.
La promoción del derecho de acceso a la información pública y la divulgación
de la normativa en esa materia, prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
4.2.
El desarrollo de programas dirigidos a la formación ciudadana y la
capacitación de los empleados públicos sobre el derecho de acceso a la
información pública.
4.3.
La identificación de materias en las cuales la participación ciudadana;
a través del acceso a la información pública pueda traer mejoras perceptibles
en la calidad de vida de la comunidad. Por ejemplo: información sobre el
impacto ambiental de actividades industriales y económicas, información sobre
licitaciones y contrataciones llevadas a cabo por los órganos y entes de la
administración pública; así como sobre la organización y funcionamiento de los
mismos.
4.4.
Impulso de la aprobación (en segunda discusión) y promulgación de la Ley de
Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública (aprobada en
primera discusión, el 3 de marzo de 2016).
5.-
El desarrollo productivo y la participación social
Desde
la sociedad civil profesamos por un gobierno municipal democrático y
socialmente responsable capaz de propiciar y promover los espacios
institucionales para la negociación
constructiva con las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial privado,
las asociaciones vecinales y las comunidades organizadas con el propósito de
impulsar el desarrollo económico local sostenible y sustentable. Y además,
comprometido especialmente con el emprendimiento popular.
Con ese
propósito, proponemos:
5.1. Desarrollar
amplias campañas institucionales de divulgación de los derechos y la defensa de
la propiedad privada.
5.2.
Fortalecer legalmente el derecho al emprendimiento popular en el marco de las
políticas alternativas de desarrollo local, comunitario y la empresa
familiar.
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